La obstinada inacción del Congreso del Estado más de un año después de la demanda de Juicio Político presentada por 12 organizaciones civiles contra el Ombudsman local exhibe el grave riesgo que enfrenta la institución pública de protección de los derechos humanos en Yucatán ante el próximo proceso para elegir a su titular.

Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la Codhey hace incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades.

El Congreso estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a través de su Comisión de Puntos Constitucionales. Un año y tres meses después de presentado el Juicio, no lo ha hecho.

La demanda de Juicio Político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido entonces.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:

1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.

2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.

3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.

4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.

5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.

“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que  redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.”

La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a tres consejeros de la Codhey a renunciar, a fines de 2008. Ni siquiera ante esa renuncia colectiva el Congreso revisó la actuación del Ombudsman.

A la negligente actuación del titular de la Codhey documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace más de un año, se suman las omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e incluso contra personas solteras.

De manera reciente, y tal como lo dio a conocer este Equipo de Derechos Humanos, resulta lamentable el ominoso silencio que la Institución Pública de Derechos Humanos ha mantenido ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.

El Congreso no cumplió su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. Ante esto, Indignación advierte el grave riesgo en el que se encuentra la institución pública de derechos humanos pues el Congreso podría incluso, en una muestra de mayor cinismo, reelegir al actual ombudsman que tan complaciente se ha mostrado con las autoridades.

Los legisladores, vergonzosamente, responden más a los intereses de los partidos de los que provienen que a sus obligaciones con la democracia, con los derechos humanos y con las instituciones ciudadanas. Es por eso que hay ex militantes de partidos en el Instituto de Acceso a la Información, un Ipepac incapaz y una Codhey que protege a las autoridades.

La determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debe sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos,  tal como lo establecen los Principios de París y la propia Ley de la CODHEY.

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Comunicado conjunto

12 organismos civiles del estado de Yucatán presentamos el día de hoy, ante el Congreso local, formal demanda de juicio político en contra del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado.
La demanda se presenta por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.
Las graves acciones y omisiones atribuibles al presidente de la Codhey “han redundado y redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, supuesto señalado en el artículos seis y especificado en el siete de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Yucatán como causal de Juicio Político.
La demanda de juicio político se presenta después de haber señalado reiteradamente al presidente de la Codhey las graves violaciones en las que ha incurrido y después de haber constatado la negativa de su presidente a corregir esas graves conductas.
Es también la última instancia a la que recurrimos ante la indolencia de las y los diputados por iniciar un proceso transparente y participativo que permita evaluar el desempeño de la principal institución de derechos humanos en la entidad.

En reciente comparecencia ante el Congreso, el Ombudsman, a juicio de los promoventes de este recurso, exhibió su incompetencia y su falta de pericia en materia de defensa y protección de los derechos humanos, mientras que los diputados mostraron su desconocimiento y desinterés en la materia. El juicio político los obliga a investigar las conductas que hemos documentado y a evaluar el desempeño del presidente de la Codhey.

La reciente renuncia de 3 de los 4 Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo Consultivo de la Codhey no hizo más que reiterar la grave crisis que atraviesa dicho organismo y exponer la negativa de su presidente a efectuar cambios que redunden en una eficaz atención y efectiva protección a quienes acuden a esa instancia y la escasa incidencia que la institución tiene en el combate a la impunidad y en la construcción de políticas públicas que impulsen cambios para hacer efectivos los derechos humanos de las y los yucatecos.

Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al Presidente de la Codhey, pues él, como autoridad máxima, es el principal obligado y responsable de garantizar el correcto y eficaz desempeño de la institución de derechos humanos, y son sus decisiones, políticas y omisiones las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.

Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
Según el artículo 95 de su Reglamento, la Comisión tiene un plazo para resolver una queja de 4 meses cuando se trate de violaciones graves y de 9 cuando no sean graves. A pesar de ello, existen casos cuya recomendación ha demorado más de 3 años en emitirse. Del análisis de las 41 recomendaciones emitidas entre los años 2007 y 2009, se deriva que sólo en 3 se ha cumplido con los lapsos que su ley y su reglamento le imponen. Lo anterior  implica, en consecuencia, una clara violación a los principios de brevedad, sencillez, inmediatez, concentración y rapidez que deben regir el actuar de la Codhey y que se encuentran  establecidos en la citada normatividad.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
La falta de personal especializado, la ausencia de criterios internacionales, la dependencia excesiva a los informes de la autoridad, la utilización arbitraria de la figura de “pendiente de calificación”, la emisión de recomendaciones que sólo propician la impunidad, la nula exigencia de que se repare el daño y la escasa exigencia por que sus recomendaciones sean cumplidas son sólo algunas de las omisiones que la Codhey comete sistemáticamente cuando conoce un caso. Al no existir investigaciones serias, imparciales, con personal capacitado y que emitan recomendaciones que exijan la restitución plena del derecho violado, las recomendaciones, si es que se emiten, son inocuas e inútiles en el objetivo de exhibir una violación y exigir su restitución.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
Siendo que las recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos no son vinculatorias, la publicidad es una de las principales herramientas que tienen para exhibir a las autoridades que violentan los derechos humanos. Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley de la Codhey que señala la obligación de que ésta publique sus recomendaciones en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación estatal. No obstante, la Codhey incumple sistemáticamente dicha obligación, pues ninguna de las 41 recomendaciones ha sido publicada en alguno de esos medios, con lo cual incumple con unos de los principales objetivos que debiera tener que es la difusión y la exhibición de las autoridades violadoras de derechos humanos en la entidad.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales
A pesar de existir en el estado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos municipales y los funcionarios que integran la Procuraduría General de Justicia del estado, la Codhey no ha emitido ninguna recomendación o informe general sobre el tema que denuncie estas prácticas sistemáticas y proponga políticas públicas para erradicarlas, omisión grave atendiendo a que ésta es una de las funciones primordiales que, según los principios de París debe tener un organismo público de derechos humanos. Obligación, además, contenida en el artículo 43 de su Ley y 103 bis de su Reglamento.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios
La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (cuyo porcentaje es alto, de acuerdo a las propias recomendaciones de la Codhey), el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que  redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.

Este es el segundo juicio político que se presenta en Yucatán por omisiones y acciones graves de un Ombudsman estatal desde que dicha figura fue instaurada en las leyes del estado, aunque ahora ya se ha explicitado en la Constitución local que el Presidente de la Codhey se encuentra entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político.
Desde que este organismo fue creado, las distintas legislaturas y los partidos políticos que las han integrado han elegido como cabeza de dicha institución a personas que no cuentan con una trayectoria ciudadana e independiente en la defensa de los derechos humanos y no acreditan el conocimiento en la materia, la pericia y la independencia indispensables para presidir una Comisión Pública de Derechos Humanos.
Las distintas legislaturas han privilegiado los intereses políticos por encima del interés general y han hecho mutis de su obligación de garantizar que Yucatán cuente con una Comisión independiente y eficaz.
La presentación de este juicio político tiene, por tanto, dos objetivos: juzgar a un funcionario que viola sistemáticamente su ley, incumple sus obligaciones y comete actos que causan un perjuicio grave al servicio público que debe prestar, pero también lograr que, finalmente, Yucatán cuente con un Ombudsman que realmente proteja y haga efectivos los derechos humanos de la ciudadanía y una institución pública de defensa y protección de derechos humanos que cumpla con los más altos estándares en la materia.

-Asociación Estatal de Padres de Familia
-Buenas Intenciones
-Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.
-Ciencia Social Alternativa A.C.
-Kolectivo El Rebelde
- Foro Permanente por la Defensa de nuestros Ecosistemas Peninsulares
- Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
- Muuch Tamba Meyaj AC.
-Oasis de San Juan de Dios A.C.
-Red de personas afectadas por VIH
-Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva
-Unidad de Atención Psicológica, Sexológica  y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.

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La carta, firmada por 21 organizaciones, expresa preocupación por labor ineficaz e insuficiente de la CODHEY, la impericia de su presidente y la reciente renuncia de tres de los cuatro Consejeros ciudadanos de su Consejo Consultivo. Esta renuncia es interpretada por las organizaciones y los ciudadanos firmantes como una medida extrema de los Consejeros dimitentes después de haber agotado los recursos institucionales, y ante la imposibilidad de corregir las ineficiencias que merman la calidad del servicio y el alcance de los objetivos que debe cumplir una institución pública de derechos humanos.

La carta dirigida al Congreso advierte sobre la gravedad que entrañaría el hecho de que los legisladores y legisladoras dejaran pasar estas renuncias sin analizar las irregularidades que aducen los Consejeros en ellas y sin realizar una evaluación crítica del funcionamiento de dicha institución pública.

Finalmente, exhortan al Congreso del Estado para que, en uso de sus atribuciones, garantice un procedimiento transparente y con una elevada exigencia técnica y ética en la elección de los nuevos Consejeros. Al presente Boletín se adjunta el texto de la carta presentada ante el Congreso.

Carta Conjunta Congreso Codhey Dic08

Organizaciones y ciudadanía firmantes:

- Oasis de San Juan de Dios A.C.

- CEPRODHL-Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.

- KOOKAY-Ciencia Social Alternativa A.C.

- UNASSE. Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.

- GMC-Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH/SIDA

- REPAVIH-Red de personas afectadas por el VIH/SIDA

- Buenas Intenciones A.C.

- Indignación A.C.

- Dr. Rubén Reyes Ramírez

- Teatro hacia el Margen A.C.

- ASEPAFAY-Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán

- Asociación de Jubilados y Pensionados Cordemex 91 A.C.

- Yucatrans

- Muuch Tambal Meyaj A.C.

- Colectivo El Rebelde

- Foro por la Defensa de los Ecosistemas Peninsulares

- Por nuestros Derechos… Mujeres en Red

- LIMEDH-Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos

- Frente de indígenas mayas con VIH/SIDA

- Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Yucatán A.C.

- SHSSR-Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C.

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Ante la deficiente defensa de los derechos humanos, ante sus recomendaciones omisas, ante las irregularidades de su gestión y ante la renuncia de tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos el equipo Indignación considera que el Ombudsman debe renunciar a su cargo.
–Sería un acto de grandeza del presidente de la Codhey admitir que sus temores e incapacidades lo imposibilitan para el cargo. La permanencia de un individuo incapaz inhabilita espacios que son fruto de luchas ciudadanas.
En octubre de 2007 el equipo Indignación hizo público un análisis de gestión del ombudsman en el que señalaban graves irregularidades:
Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.
En el análisis sobre la recomendación 19/2007, derivada de la razzia contra jóvenes en el contexto de la Visita de Bush a Yucatán, el equipo Indignación concluía: Para que una institución pública de derechos humanos tenga credibilidad ante la sociedad y eficacia en su labor de defender los derechos humanos de la población, debe evidenciar y denunciar, sin ningún tipo de cortapisa, interés político o temor a la autoridad, estas conductas que dañan la convivencia social, minimizan al ciudadano e impiden el avance democrático del estado.
Vemos con preocupación que, a pesar de señalar insistentemente las deficiencias y omisiones que la Codhey ha tenido en su trabajo, la institución pública de derechos humanos continúa apartándose de los más altos estándares de protección a los derechos humanos y de los Principios de París que establecen los lineamientos de actuación de los organismos públicos de derechos humanos, tal como lo demuestra la recomendación 19/2007 relativa a los hechos ocurridos el día 13 de marzo.
Con la recomendación señalada, la Codhey incluso violó derechos humanos de adolescentes al publicar los nombres de las y los agraviados, así como otros datos personales, en su página de Internet, violación que cesó con la intervención del Instituto estatal de acceso a la información.
En agosto de este año Indignación se reunió con legisladores para expresar su preocupación por la actuación del ombudsman, marcada por la impericia y el temor.
Todos esos documentos y otros más hizo llegar este equipo de derechos humanos a las y los consejeros de la Codhey, así como a su presidente, y están disponibles en el portal de indignación (www.indignacion.org) en el apartado de informes.
De hecho muchas de las razones esgrimidas por los Consejeros sobre el funcionamiento de la Comisión fueron documentadas por este Equipo de Derechos Humanos.
Lamentamos que la incapacidad del ombudsman para atender estos cuestionamientos y corregirse llegue a extremos tan graves que a los consejeros nos les haya dejado otro camino que el de su renuncia.
El equipo Indignación considera que esa renuncia es una expresión de la independencia de dichos consejeros y que incluso demoraron en tomar esta decisión, lo que sin duda expresa que intentaron corregir desde dentro las irregularidades.
Resulta revelador que tres de los cuatro consejeros, elegidos por el Congreso a partir de propuestas de grupos sociales tan diversos, hayan conincidido en su análisis sobre le impericia del Ombudsman actual.
Sólo de una consejera obtuvimos respuesta ante nuestros insistentes envíos de análisis, documentos y comunicados, pero el equipo Indignación confía en que esta medida extrema de tres consejeros ciudadanos se convierta en oportunidad para mejorar el marco legal de la Codhey y para un análisis exhaustivo de la gestión del ombudsman.
Particularmente deseamos que sea un llamado de atención para legisladores que han trivializado o pervertido el nombramiento del presidente y de los consejeros de éste y otros organismos ciudadanos.
La figura del ombudsman, en muchos lugares de México, es una moneda de cambio de los partidos políticos representados en el congreso y los legisladores omiten buscar a la persona idónea para el cargo

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La actuación del ombudsman local, el derecho al matrimonio entre personas con VIH/Sida y la inacción del Congreso sobre el caso de don Ricardo Ucán recientemente admitido en la CIDH –del que informamos más en comunicado aparte–, fueron temas abordados por el equipo Indignación en una reunión realizada hoy con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII legislatura.
Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación les recordó a los diputados que desde hace un año les dirigió una carta, previa al informe del Ombudsman, en la que aportó elementos para hacer una lectura crítica del documento que les presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Hace un año, después de la presentación del informe, Indignación publicó un Análisis de gestión de la Codhey manifestando irregularidades, impericias e inacciones de ese organismo público que se traducen en impunidad para quienes violan derechos humanos en Yucatán. Ese informe también se hizo llegar a los diputados, al ombudsman y a los consejeros; sin embargo, Indignación no tuvo ninguna respuesta de los legisladores ni del presidente de la Codhey.
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señaló a los diputados, desde hace un año, instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Adicionalmente, Indignación expresó su preocupación por actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.
Durante la reunión también se solicitó información en torno a los avances en la dictaminación de dos propuestas legislativas que ha presentado este Equipo de Derechos Humanos: 1) La relativa a la inclusión del indulto en la legislación penal, para dotar al ejecutivo de la facultad de revisar y otorgar el perdón en casos donde se hayan violado derechos humanos básicos, teniendo como ejemplo el caso de don Ricardo Ucán, recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La propuesta para eliminar restricciones al Código Civil para que personas con VIH puedan contraer matrimonio, presentada de manera conjunta con Oasis de San Juan de Dios.

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“La Codhey avala violaciones a derechos humanos”, concluye el análisis sobre la gestión del actual ombudsman elaborado por el equipo Indignación.

Dilación en la tramitación de quejas, deficiencias en las investigaciones, ambigüedad en las recomendaciones emitidas, ausencia de criterios universales de derechos humanos, omisiones en el ejercicio de sus facultades y complacencia ante las autoridades son algunas de las reiteradas prácticas en las que incurre la Codhey, documentadas por Indignación.

Un extenso trabajo que analiza a detalle algunas de las recomendaciones emitidas por la Codhey se hizo llegar a cada uno de los consejeros ciudadanos de ese organismo público, al Congreso del Estado y a la Red “Vigía ciudadano del Ombudsman”, un observatorio nacional sobre los organismos públicos de derechos humanos.

Entre otros casos, Indignación analiza el de Caucel y Oxcum que dio origen a la recomendación 5/2007. La Codhey omitió hacer referencia a derechos de la infancia, a derechos del pueblo maya, a las obligaciones de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros instrumentos internacionales. En ese caso, además, la Codhey sólo documentó la detención arbitraria y, únicamente lo hizo en el caso de Caucel, considerando que en Oxcum no hubo violaciones.

Otro de los casos que analiza Indignación es el de la tortura cometida en el edificio de la SPV en enero de 2006, que dio como resultado una de las recomendaciones más absurdas y vagas de la Codhey.

Por otra parte, tanto en éste como en otros casos, a la Codhey le llevó más de un año concluir la investigación y emitir la recomendación correspondiente, dilación que favorece a las autoridades en detrimento de las personas agraviadas y de la protección efectiva de sus derechos.

El equipo Indignación considera que la Codhey ha incurrido en graves violaciones a su propio reglamento y que es responsable de minimizar graves violaciones a los derechos humanos y de soslayar otras.

Lamentablemente, el Congreso no ha hecho el trabajo de valorar la gestión del ombudsman y, precisamente, es responsable del nombramiento del actual presidente, que no contaba con una trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil.

Indignación considera que el Consejo ciudadano es también responsable de la actuación de la Codhey y es por eso que se les ha hecho llegar una copia del informe.

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Diputadas y Diputados integrantes de la
LVII Legislatura del estado de Yucatán:

Les hacemos llegar un análisis preliminar sobre la iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, junto con nuestra extrañeza por omitir hacer pública esta iniciativa y establecer un espacio para discutirla con organizaciones de la sociedad civil que realizan trabajo en esta materia.

No son pocas las observaciones que adjuntamos. Respetuosamente les exhortamos a posponer la aprobación de dicha iniciativa hasta que se cuente con un documento que haya sido previamente trabajado con organizaciones que cuentan con trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Atentamente,

Por Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez Martha Capetillo Pasos

Jorge Fernández Mendiburu

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Lic. Jorge Victoria Maldonado.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán.

Como es de su conocimiento, el día 1 de octubre del presente año fue publicada en el Diario Oficial del Estado, la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Yucatán, así como diversas modificaciones a las leyes estatales para adaptar la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de diciembre del 2005.

Dichas reformas han suscitado una serie de polémicas y preocupaciones en virtud de que, entre otras cosas, en sus artículos transitorios, se establecen una serie de plazos para su entrada en vigor que generan un vacío legal que puede poner en riesgo diversos derechos humanos de los niños y adolescentes sujetos a la tutela de los órganos del estado y que, además, pueden implicar una violación a lo establecido en la reforma constitucional antes señalada.

En este tenor, y atendiendo a las nuevas facultades conferidas a las Comisiones públicas de derechos humanos y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 14 de septiembre de 2006, mediante la cual se les otorga la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad, atentamente le solicitamos que valore la posibilidad de presentar esta acción legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se solicite la inconstitucionalidad de aquellos artículos que dilaten la entrada en vigor de la Ley y que, en consecuencia, pongan en riesgo los derechos humanos básicos de las y los niños y adolescentes.

Es preciso señalar, que el plazo que establece el artículo 105 constitucional en su fracción II para la presentación de las acciones de inconstitucionalidad, es de 30 días naturales, razón por la cual el análisis y en su caso la presentación del recurso, deberán ser antes del 1 de noviembre del presente año.

Finalmente, le recordamos que en todo momento, la petición debe basarse en el interés superior de la niñez y de la adolescencia, pues el objetivo debe ser, precisamente, el que los beneficios que otorga la reforma constitucional, entren en vigor de manera inmediata.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente.

María Cristina Muñoz Menéndez.

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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Con el objetivo de contribuir a fortalecer al organismo público de defensa de los derechos humanos del Estado, el Equipo Indignación mantuvo una permanente observación sobre el desempeño de la Codhey y un continuo análisis de sus informes. Al concluir la gestión del primer presidente de la Comisión elegido con la ley vigente, el equipo Indignación presenta una evaluación sobre los cuatro años de su gestión.

Sobre el presidente y su trayectoria
El presidente no contaba con una trayectoria probada de defensa y promoción de los derechos humanos. Ni siquiera con un desempeño activo como parte de la sociedad civil. Cuando la legislatura anterior emitió el acuerdo para que los candidatos/candidatas acudiesen a presentar su programa para hacer más transparente el proceso de selección, Sergio Salazar Vadillo no acudió. Fue electo por insaculación.
El hecho de que el actual ombudsman no contara con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos se ha traducido en impericia para realizar esta tarea. Un ejemplo de tal impericia es la incapacidad que mostró para mantener en el anonimato nombres y datos que debieran protegerse, incluso por sentido común. El equipo Indignación conoce al menos dos casos en los que esto ha ocurrido. Ha incluido en sus recomendaciones, que son públicas, por citar uno de esos casos, nombres de menores agraviados.
El hecho de no contar con trayectoria ciudadana, de no haber tenido experiencia como parte de la sociedad civil, también ha afectado su desempeño y le ha dificultado, incluso entender su propia función. Facultada por la ley para redactar su reglamento interno, la CODHEY se arrogó el derecho de fiscalizar a las organizaciones de la sociedad civil y de acreditarlas (arts. 49-52 de su reglamento interno). Esto fue denunciado oportunamente por nuestro equipo, sin que el ombdusman reconociera este lamentable error.
En la selección del personal con el que conformó su equipo de trabajo, el ombudsman no consideró importante que algunos de los funcionaros tuvieran cercanía con partidos políticos, lo que va en detrimento de la autonomía y mina la confianza en la institución ciudadana.

Sobre el desempeño de la CODHEY
a) Las quejas
El análisis de la actuación de la CODHEY en este campo se basa en el informe que presentó en 2005, debido a que el informe general de gestión 2002-2006 no incluye muchos datos, como las causas de conclusión de expedientes, uno de los puntos de mayor preocupación para este equipo.
Según su cuarto informe, la CODHEY recibió entre el 15 de julio de 2004 y el 15 de julio de 2005, 1603 quejas, aunque resultó incompetente en el 34 por ciento de ellas (548). Sin embargo, al momento de rendir su informe permanecían 656 como pendientes de calificar y 113 sin calificar.
La Codhey concluyó en ese mismo período un total de 1,548 expedientes, aunque varios de ellos correspondientes a períodos anteriores.
Analizar las causas de conclusión de los casos nos preocupa y nos lleva a cuestionar el desempeño de este organismo público, ya que casi la mitad de las quejas concluyó “por falta de interés o desistimiento del quejoso”:
El programa Atalaya (del ITAM) expresaba su preocupación debido a que el 14.5% de las quejas presentadas ante la CNDH concluyó “por falta de interés del quejoso” y 3.6% por “desistimiento del quejoso”.
Pues bien, la CODHEY señala en su informe 2005 que el 26% de las quejas concluyeron, precisamente, por “falta de interés del quejoso” y el 16% ¡por desistimiento! Si a esto aumentamos los 23 casos (1%) que concluyó por ¡falta de ratificación!, encontramos, con escándalo, que en el 43% de los casos que atendió la CODHEY tan sólo en ese año, las personas que iniciaron un procedimiento ante ese organismo decidieron retirarse. ¿Por qué? Hasta donde sabemos, la Codhey no ha explicado porqué casi la mitad de quienes iniciaron una queja prefirieron que este trámite no continuara y tampoco tenemos información que nos permita saber si, en los casos de desistimiento, que muestran un porcentaje significativo, la Codhey se aseguró de que el desistimiento no obedeciera a alguna presión sobre el o la quejosa.
Por otra parte, este equipo ha detectado casos en los que a los quejosos se les dificulta responder a los informes de las autoridades, en cuyo caso la Comisión puede ordenar el envío del expediente al archivo. Desconocemos qué hace la Codhey para confirmar que la falta de respuesta realmente manifiesta falta de interés del quejoso o dificultad para responder.
A pesar de haber avanzado en la atención de casos atrasados, el rezago de la CODHEY, que tanto lastima a los quejosos, queda en evidencia al observar que de las 1063 quejas que se encontraban en trámite al momento de rendir el informe del año 2005, 13 eran del 2002, 195 eran del 2003 y 368 correspondían al 2004. Quiere decir que para 2005 había casos que llevaban casi cuatro años y aún no habían concluido, lo que resulta incomprensible en un organismo ante el que, por ley, los trámites que se sigan deberán ser expeditos. Es precisamente la dilación en la administración de la justicia causa de violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta lamentable el rezago de este organismo.
El ombudsman ha atribuido este rezago al escaso presupuesto con el que cuenta. A Indignación esta dilación le resulta injustificable.

b) Las recomendaciones
Las recomendaciones de la CODHEY no sólo tienen por finalidad enterar a una autoridad de que en un caso determinado se han violado los derechos humanos del quejoso y pedirle que repare el daño y sancione a los culpables. El sentido de la recomendación va mucho más allá: se trata de un documento que por su esencia debe ser público y que, como tal, pone en evidencia ante la sociedad en su conjunto, a la autoridad que ha violado derechos fundamentales. Uno de los propósitos esenciales del ombudsman es la formación de convicciones en torno a la protección y promoción de los derechos humanos y las recomendaciones son uno de los más importantes instrumentos de que puede valerse para ello.
La Ley de la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Yucatán, señala en su artículo 40 que las recomendaciones “son de carácter público”. Por otra parte, la publicidad de los actos del organismo se traduce también en sus informes anuales y en los informes especiales, que no sólo se presentan ante la autoridad correspondiente, sino ante toda la opinión pública.
Como ya se ha dicho, la publicidad de las recomendaciones tiene por objeto que éstas sean conocidas de todos y, además, persigue obtener el concurso de la sociedad civil y de los múltiples medios de expresión con que ésta cuenta, para que las autoridades destinatarias acepten dichas recomendaciones, las cumplan, no reincidan en las mismas irregularidades y, en su caso, sancionen a los servidores públicos responsables de violaciones a derechos humanos.
La difusión que la CODHEY da a sus recomendaciones es, por decir lo menos, deficiente. Se ha quedado sujeta al espacio que le otorguen los medios masivos de comunicación y a colocarlas en su página WEB.
Muchas comunidades no se enteraron de los señalamientos de responsabilidad hechos en contra de sus autoridades locales. No ha habido ningún intento que conozcamos de realizar la difusión de las recomendaciones en lengua maya, ni siquiera en los casos en que las ciudadanas y ciudadanos agredidos eran miembros de una comunidad maya parlante y seguían conviviendo en la misma población con las autoridades violadoras.
Otro elemento importante es el del contenido de las recomendaciones. Las recomendaciones específicas deben ser claras, concisas, imperativas; no deben dar lugar a que la autoridad pueda burlarlas. Los puntos resolutivos que la mayoría de las recomendaciones debe contener son la solicitud de que se restituya al quejoso en sus derechos, se apliquen sanciones a los responsables de violar los derechos humanos y se indemnice el daño material y moral causado a la víctima. Sin embargo, la importancia de la recomendación radica en que trasciende este alcance limitado porque se trata de un documento público, que pone en evidencia ante la sociedad, a la autoridad que ha violado derechos humanos. La efectividad de esta recomendación se apoyará en el respaldo que le preste la opinión pública. Por eso las recomendaciones deben ser pedagógicas y formativas de conciencia, expresar consideraciones jurídicas, pero también de principios, en torno a la violación concreta a derechos humanos de que se trate. No encontramos en las recomendaciones de la CODHEY más que la valoración jurídica, las más de las veces expresada en un lenguaje técnico que resulta incomprensible para los ciudadanos y ciudadanas. El aspecto pedagógico y formativo de conciencia ha estado ausente en el trabajo del actual ombudsman.
Por otro lado, puede constatarse por el estudio de las recomendaciones de la CODHEY, que hay ocasiones en que los funcionarios que, en el cuerpo mismo de la recomendación, aparecen como responsables de violación de los derechos humanos del quejoso, no son después mencionados de manera expresa en las recomendaciones finales, como ocurre en el caso de la recomendación 14/2005.
Otro aspecto es la eficacia de las recomendaciones, que incluye que dichas recomendaciones se puedan expedir con rapidez y sean oportunas. Por eso consideramos importante analizar el tiempo transcurrido entre la fecha en que se conocieron los hechos por la CODHEY y aquélla en la que se emite la recomendación. La dilación se traduce en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad o imposibilidad de fincar responsabilidades a los servidores públicos.
Si bien durante toda su gestión 2002-2006 el presidente de la Codhey emitió un total de 120 recomendaciones, la gran mayoría no ha sido cumplida satisfactoriamente, a juicio de la propia comisión. Sin embargo, es hasta este informe de gestión que ha incluido un capítulo sobre el seguimiento de las recomendaciones.

c) Sobre los Informes
Al equipo Indignación le parece injustificable el hecho de que los informes anuales de la Codhey ni siquiera se encuentren disponibles en versión impresa, con lo que se escatima información a la ciudadanía. Quizás por este motivo al Equipo Indignación le haya resultado todavía más incomprensible recibir un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos titulado “Relatos de experiencias escolares de niñas y niños de educación primaria”.
Los informes presentados ni siquiera cumplen con los requisitos establecidos en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, toda vez que el artículo 24 establece que deberá incluir las investigaciones realizadas, las recomendaciones, los acuerdos de no responsabilidad, etcétera. El artículo 79, por su parte, señala que “El presidente en el informe anual y trimestral deberá hacer públicas, en su totalidad o en extracto, las recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad”. Es hasta este reciente informe de gestión, como señalábamos, que se incluye un apartado con el seguimiento de recomendaciones que indica cuáles son las recomendaciones por caso y cuáles de ellas no han sido cumplidas, sin embargo, no incluye las investigaciones realizadas.

d) Otras facultades
Si bien la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán ha hecho uso de otras facultades con las que cuenta como la apertura de expedientes de oficio y solicitud de medidas cautelares, al equipo Indignación le parece al menos insuficiente el ejercicio de otras, como la de formular y proponer cambios y modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias que redunden en una mejor protección a los derechos humanos, que apenas ha insinuado tímidamente en algunas ocasiones.
Entre otras facultades que no ha ejercido, al menos en forma satisfactoria, mencionamos:
- Falta de acciones publicitarias cuando no se aceptan las recomendaciones,
- Escaso número e insuficiencia de propuestas legislativas y reformas administrativas,
- Falta de ejercicio de su atribución para interponer denuncias desde el momento en que tiene conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo o de una falta administrativa.
- No ejercicio de su facultad de proponer programas y acciones que impulsen el cumplimiento en el Estado de tratados internacionales, así como de formular y proponer políticas públicas en materia de derechos humanos.

e) Sobre la autonomía
“La autonomía no sólo constituye una garantía que protege a los organismos públicos de derechos humanos de toda injerencia de los poderes públicos, sino una responsabilidad que la obliga a ejercer en plenitud sus atribuciones para cumplir con su encomienda constitucional de proteger los derechos humanos que consagra el orden jurídico nacional, aun frente a la resistencia de las autoridades. La razón de ser de la autonomía de gestión y presupuestaria, de la personalidad jurídica y del patrimonio propio con que cuenta la Comisión en su régimen interno, está en crear las condiciones que favorezcan una actuación externa independiente, en la que no se le pueda imponer limitación alguna ni se vea obligada a autolimitarse.” (Programa Atalaya del ITAM).
A juicio del Equipo Indignación la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está todavía en construcción y se ha visto limitada por la cercanía con algún partido político de alguna o alguno de los consejero e incluso de personal contratado por la Comisión.
En otras ocasiones hemos señalado, y lo reiteramos ahora, que este equipo valora de manera particular la trayectoria en derechos humanos vinculada a organizaciones de la sociedad civil y la participación en causas ciudadanas. Todavía no contamos con un presidente o presidenta con esas características.

Conclusiones:

A partir del análisis presentado, el Equipo Indignación califica de deficiente la gestión del presidente de la Codhey durante el período 2002-2006.
Es el primer presidente de una comisión pública de derechos humanos del Estado a partir de la ley que, aunque todavía tiene limitaciones, reconoce un grado de autonomía y otorga facultades que, de ejercerlas a plenitud, hubiera fortalecido a la institución misma y mejorado sustancialmente las condiciones de protección de los derechos humanos en el Estado.
Se han pagado los costos de la inexperiencia y de la impericia del ombudsman, pero también de la falta de generosidad, madurez y comprensión de la democracia por parte de las legislaturas.
Una parte de la responsabilidad recae, sin duda, en el Congreso del Estado, que todavía no ha aportado a un ombudsman con trayectoria ciudadana ni una ley que favorezca su selección.
El actual Congreso ni siquiera realizó una evaluación de la gestión de la actual Codhey. A esta legislatura le ha faltado generosidad y, sobre todo, comprender la función de un organismo público de derechos humanos, al que le ha escatimado recursos, y el aporte que significa para la democracia el contar con un organismo ciudadano, autónomo e independiente.
Al término de su gestión el presidente sí deja el señalamiento de las autoridades más reticentes a respetar plenamente los derechos humanos, pero deja también significativas ausencias en áreas y acciones que todavía son llenadas por la sociedad civil, a falta de una institución que sea el instrumento de la ciudadanía para proteger sus derechos, profundizar y ampliar la comprensión de éstos y contribuir a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos.
Esperamos, por supuesto, mucho más.

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Una reforma electoral largamente exigida por distintas organizaciones de la sociedad civil, reforma que en otras circunstancias se hubiese celebrado como triunfo de la ciudadanía, está a punto de convertirse en instrumento para desintegrar un consejo e integrar otro, en una intervención concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Al Equipo Indignación le parece insuficiente la discusión de si eso es legal pero ilegítimo o ilegal pero conveniente. Desde la perspectiva de los derechos humanos no acostumbramos levantar la consigna del respeto al estado de derecho como primer y único argumento, conscientes de que en el actual marco legal se sostiene este desastre de país que ha sido incapaz de garantizar los derechos elementales a la mayoría de la población, pero ciertamente los servidores públicos están obligados a cumplirlo y tienen responsabilidades precisas al romperlo.
Advertimos las contradicciones y riesgos que este momento exhibe: Los consejeros electorales son fruto de una cuestionada insaculación que fue responsabilidad del poder legislativo y de un marco legal inapropiado, también responsabilidad del poder legislativo.
Quienes integramos el Equipo Indignación estamos convencidas y convencidos de que necesitamos otro Congreso y, más aún, otra constitución; es decir, otro país.
Por otra parte, la actuación de los consejeros ha sido cuestionada a través de algunos medios de comunicación, pero no ha sido juzgada y, en su caso, sancionada a través de las instancias pertinentes. Es decir que, de hecho, el Congreso está destituyendo a los Consejeros sin tener facultades para ello.
Esto pone enfrente un enorme riesgo que el Equipo Indignación se ve obligado a señalar: ¿Estará cualquier consejo al arbitrio de otros poderes? ¿Qué certeza tendrá ahora la ciudadanía con respecto a cualquier consejo electoral, dado que puede desaparecerlo una acción concertada entre otros poderes formales e informales? Preguntas necesarias en este tiempo que parece querer regresar a enero de 2001.
El Congreso no ha abierto un proceso para dar a conocer la iniciativa de reforma electoral y enriquecerla con opiniones de distintas organizaciones ciudadanas, lo que contradice la intención de presumirla como iniciativa popular. La prisa que impone el verdadero objetivo de la reforma está evitando la consulta que la iniciativa de ley requeriría.
Este proceso también ha exhibido la gran influencia que la Coparmex tiene en el Ejecutivo del Estado. Este tiempo de confusas argumentaciones exhibe cuánto falta para lograr un país que garantice el respeto a todos los derechos de todas las personas.

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