b.. Al menos tres personas habrían sido torturadas el día de los hechos

 17 meses después de que se interpuso una queja por presunta tortura en el edificio de la S.P.V., la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la recomendación 11/2007 dirigida al M.V.Z Javier Medina Torre, quien dejará el cargo dentro de cinco días.

La recomendación, omisa y tardía, es resultado de la queja interpuesta por integrantes de Indignación y por Luis Fernando Peniche Novelo, quien es nombrado por las siglas de su nombre a pesar de que personal de la Codhey lo identificó ante sus superiores durante las primeras diligencias que realizó ese organismo, lo que ocasionó el despido de este servidor público.

El texto de la recomendación da cuenta de las actuaciones de la Codhey, las cuales incluyen la identificación de dos personas que afirman haber sido torturadas el día de los hechos en el edificio de la SPV, una de las cuales señala que otro compañero suyo también fue torturado con toques eléctricos en diversas partes del cuerpo, incluyendo los testículos y lo identifica como el de la voz que recoge la grabación aportada por Luis Peniche.

Sin embargo la Codhey, a pesar de los 17 meses transcurridos -su reglamento establece que, en casos de violaciones graves, las quejas deberán concluirse en cuatro meses-, a pesar del testimonio de dos personas torturadas que describen a sus victimarios, no logró la identificación de quienes directamente infligieron tratos crueles y tortura en contra de al menos tres personas el 30 de enero de 2006 ni la identificación de los cómplices ni señala la responsabilidad del titular de la S.P.V., Javier Medina Torre, a quien únicamente dirige la recomendación.

Más lamentable resulta el hecho cuando el tiempo que señala la ley para que el titular de la SPV acepte la recomendación se cumplirá cuando él ya no esté en funciones, lo que, en la práctica, devendrá en impunidad y podría implicar complicidad de la Codhey con los responsables de actos que podrían constituir tortura.

Esta preocupación del equipo se refuerza con el hecho de que la última actuación de la Codhey con respecto a este caso data de octubre de 2006, según el texto de la propia recomendación. Los 9 meses transcurridos desde entonces no parecen tener justificación y, por lo tanto, parecen indicar la intención de dilatar la emisión de la recomendación, lo que redunda en protección del gobierno que concluirá en unos días.

 Por otra parte, la Codhey desprotegió a quien denunció los hecho y aportó como prueba una grabación que registra la tortura. Luis Peniche Novelo, quien laboraba en la dirección de desarrollo institucional de la oficialía mayor del gobierno del estado, cuyas oficinas están ubicadas en el mismo edificio en el que se encuentra la S.P.V., escuchó gritos, quejas y ruidos “como de toques eléctricos” el 30 de enero de 2006, los grabó e hizo llegar a la Codhey. A partir de entonces fue visible la molestia de sus superiores. Luis Peniche también documentó la represión a Caucel en julio de 2006. En septiembre de ese mismo año, fue despedido de su trabajo.

El caso se denunció ante la Codhey como represalia que constituye violación del derecho de defender los derechos humanos. Sin embargo, la Codhey se declaró incompetente en el caso por considerarlo laboral, a pesar de que la represalia se originó por casos que la misma Codhey ha conocido y, en el caso de la tortura, por impericia de personal de la Codhey, que no supo proteger la identidad del denunciante ante sus superiores, como ella misma ofreció que haría.

En el colmo del cinismo, ante la junta de conciliación y arbitraje, donde también se conoce el caso del despido injustificado, el gobierno ha dicho que Luis Peniche renunció voluntariamente a su trabajo, a pesar de que incluso públicamente el oficial mayor del gobierno del estado, Raúl Arceo Alonzo, había admitido el despido (Diario de Yucatán. 17 de septiembre de 2006).

El equipo Indignación también lamenta que la Codhey omitiera interponer la denuncia penal correspondiente por los hechos de tortura, a pesar de que está entre sus facultades. Fue la S.P.V. quien interpuso la denuncia penal cuyo número de expediente es 245/3ª/2006 hace ya también 17 meses.

La recomendación de la Codhey, con todo y sus graves omisiones, prueba que la tortura continuó siendo una práctica sistemática durante el sexenio que concluirá el 31 de julio próximo. La inacción de las autoridades frente a un hecho de tortura, su tolerancia frente a tratos crueles cometidos por sus propios agentes, permite calificar a este gobierno de torturador.

El expediente exhibe también la incompetencia de la propia Codhey, favorecedora de impunidad, que concluye con tres vagas e inocuoas recomendaciones y pasa por alto situaciones descritas en el propio cuerpo de la recomendación y que debieran preocuparle.

Un ejemplo de lo anterior es el testimonio recogido a partir de entrevistas a agentes de la SPV que señalan una celda de la cárcel preventiva de esa corporación que es “para personas detenidas que padecen VIH/Sida” Más allá de la tan absurda como arbitraria segregación que este hecho implica, es obligado preguntarse cómo llegan a saber los agentes de la SPV que un detenido es seropositivo.

Por otra parte, este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de que la Codhey señale que no fue posible localizar a una de las personas torturadas el día señalado, precisamente la persona cuya voz aparece en la grabación que se aportó como prueba según el testimonio de otro torturado.

La Codhey únicamente indica que “por más gestiones que realizó este organismo para su localización no fue posible”, sin explicitar si esto es motivo de inquietud o no lo es. Únicamente lo señala para establecer que “en nada afecta para que esta Comisión llegue a la conclusión de las violaciones que a derechos humanos incurrieron los elementos policíacos”.

Este equipo considera que la Codhey debe especificar si tiene motivos para preocuparse por la situación actual de esta persona o no y actuar en consecuencia, además de vigilar que les sean resarcidos los daños a los agraviados.

Indignación hará llegar la documentación de este caso al relator de las Naciones Unidas contra la tortura y a la representante especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

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La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán se declaró incompetente en un caso que viola, precisamente, el derecho a defender los derechos humanos, resolución que hoy impugnó ante la CNDH el equipo Indignación, junto con el agraviado.

Luis Peniche Novelo, quien laboraba en el gobierno del Estado, fue despedido en septiembre pasado como represalia por denunciar tortura y por difundir la represión contra campesinos mayas de Caucel, en julio de 2006.

La Codhey conoció el caso desde septiembre, solicitó una medida cautelar a favor de Luis Peniche, misma que fue desechada por el gobierno y, a pesar de que no tiene sustento en ley alguna, declaró el caso como “pendiente de calificación” y lo mantuvo así durante casi cuatro meses, lo que la ha hecho incurrir en una seria irregularidad.

Las razones que la Codhey cita para declararse incompetente ponen en evidencia la incapacidad de este organismo para cumplir su mandato.

En primer término, señala que el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Raúl Arceo Alonzo, le señaló que la Codhey es incompetente para conocer el caso por tratarse de un asunto de índole laboral. Esto es particularmente grave. La Codhey, organismo autónomo, no puede otorgar a las autoridades la facultad de determinar qué asuntos puede conocer y cuáles no. Este solo hecho debiera incapacitar al actual ombudsman para continuar al frente de la Codhey, ya que indica sometimiento a la opinión del Gobierno del Estado.

En segundo término, pero no menos grave, la Codhey indica que “no existen evidencias suficientes o elementos de convicción aportados por el quejoso que hagan presumir una violación a las garantías de pensamiento, libre expresión de ideas, manifestación y asociación…”

En este solo extracto la Codhey se descalifica a sí misma y contraviene su reglamento no sólo por imponer al quejoso la carga de la prueba, sino que precisamente las evidencias suelen obtenerse (y es la propia comisión la que tiene que obtenerlas) en el transcurso de una investigación que la Codhey se negó a realizar al declararse incompetente.

Pero no concluye ahí la, ahora sí, incompetencia de la Codhey. El párrafo anteriormente citado continúa unas líneas más adelante “…no obstante que mediante oficio O.Q.7398/2006 se le hizo saber mediante correo electrónico dirigido a la quejosa María Cristina Muñoz Menéndez que de tener a su disposición algún elemento de prueba respecto a los hechos que reclama el Sr. Luis Fernando Peniche Novelo se sirviera presentarlos ante este organismo”.

Es inconcebible que la Codhey dé como argumento para declararse incompetente en un asunto que una de las quejosas no haya aportado pruebas, solicitadas, además, por una vía que no es la adecuada y sin confirmar la recepción del mensaje. Más aún, la Codhey tenía en su poder un oficio dirigido a Luis Peniche por sus superiores y que él aportó al momento de ratificar la queja en el que se expresa que la inconformidad contra Luis se debía precisamente a su participación en el caso de Caucel.

Durante septiembre y octubre la Codhey recibió diversas comunicaciones de este equipo en el que se le insistió en la gravedad del caso por tratarse de hechos que contravienen la Declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos.

En una comunicación enviada en septiembre, el equipo Indignación le expresó al presidente de la Codhey que la afectación de derechos laborales es un efecto de la violación denunciada y no la materia de la queja presentada.

La declaración de incompetencia de la Codhey es particularmente grave porque ese organismo público contraviene, a su vez, la declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos. El artículo 12 de la declaración citada señala expresamente que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”

La incapacidad mostrada por la Codhey en este caso se suma a otros a los que el equipo Indignación está dando seguimiento.

Este equipo presentó hoy la impugnación de la resolución de la Codhey en el caso de Luis Peniche Novelo, junto con este último, pero alertamos que en los casos en los cuales ha tenido participación Luis Peniche, y que fueron precisamente motivo de represalia, la Codhey no ha emitido su resolución, es decir, el caso de tortura en el edificio de la SPV, denunciado en enero del año pasado, y la violación a derechos humanos de personas mayas detenidas en Caucel en julio pasado.

La participación de funcionarios de la actual administración en estas violaciones compromete seriamente al gobierno del Estado que está obligado a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas y a actuar en consecuencia con los compromisos adquiridos en esta materia.

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 EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.

El despido de Luis Peniche Novelo constituye una represalia por denunciar violaciones a los derechos humanos, entre ellas un caso de tortura y la represión en Caucel, lo que hace al gobierno de Yucatán violar lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos.
El despido de Luis Peniche constituye, además, un acto de discriminación por opiniones y por preferencia política, prohibida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia declaración a la que hemos hecho referencia.
Para proteger de forma inmediata los derechos de Luis Peniche, la Codhey ha dictado una medida cautelar “a efecto de que al agraviado le sean restituidos los derechos laborales que le fueron suspendidos por presuntos hechos de discriminación hasta en tanto se resuelve la presente queja”.
Luis Peniche Novelo documentó en enero pasado un caso de presunta tortura en el edificio que ocupa la S.P.V., la cual denunció ante la Codhey. En julio pasado documentó y difundió el caso de la represión contra campesinos de Caucel. Además es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participa en la Otra Campaña y colabora de manera voluntaria con el Equipo Indignación.
La Declaración sobre el derechos de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos establece en su artículo primero que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
En el artículo 9, la Declaración a la que hacemos referencia señala que: “En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente (…) a ser protegida en caso de violación de esos derechos.”
Y añade, en el artículo 10, que: “Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo.” En el artículo 12, fracción segunda, indica que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
Para el Equipo Indignación resulta deplorable la actuación del gobierno del Estado puesto que castiga el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho de promover y proteger los derechos humanos, derecho que el Estado está obligado a promover y proteger. Los casos sobre los cuales Luis Peniche ha actuado y se ha manifestado constituyen violaciones graves a los derechos humanos como son la tortura y la represión contra campesinos de Caucel.
Por todo lo anterior el Equipo Indignación exige al gobierno del Estado aceptar la medida cautelar dictada por la Codhey, ofrecer de inmediato pruebas de su cumplimiento e iniciar una investigación para sancionar a todos los funcionarios que hubiesen tenido alguna participación en la violación a los derechos de Luis Peniche Novelo.
A la vez que dictó la medida cautelar, la Codhey declaró la queja presentada por integrantes de Indignación y ratificada por Luis Peniche como “pendiente de calificación”, lo que resulta extraño para este equipo toda vez que esa figura se contempla en el reglamento interno de la comisión únicamente “cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios o sea confusa”, en cuyo caso se deberá requerir por escrito al quejoso, lo que no se ha hecho.
Le hacemos llegar esta comunicación a la Codhey esperando que contribuya a despejar cualquier confusión que dicho organismo tuviese con respecto a este caso y solicitándole admitir de inmediato la queja, realizar debidamente la investigación y, dada la naturaleza y la gravedad de la violación que se presume, emitir la recomendación correspondiente para garantizar a Luis Peniche el ejercicio del derecho de promover y defender los derechos humanos y a no ser objeto de discriminación por sus opiniones, preferencias políticas y acciones solidarias.
La naturaleza del caso sentará un precedente para garantizar estos derechos a todas las personas de la entidad.
El equipo Indignación sigue este caso con particular interés por tratarse de la violación del derecho de promover y proteger los derechos humanos, por las implicaciones que esta violación tiene y por agraviar a un compañero nuestro.

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Indignación A.C.

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. deplora el intento del gobierno de Yucatán de despedir a Luis Peniche Novelo, servidor público que en enero pasado documentó un caso de presunta tortura en el edificio que ocupa la S.P.V.
El pasado 30 de enero Luis Peniche Novelo se encontraba en la oficina de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, donde labora, en el Departamento de Desarrollo Humano y Calidad, misma que se encuentra en el edificio que antes ocupaba la Procuraduría de Justicia del Estado, contiguo al edificio de la S.P.V. Al acudir a los sanitarios, escuchó gritos provenientes de un cuarto del cual lo separaba una pared, precedidos por sonidos que le parecieron como de descargas y golpes.
Unos minutos después de estar escuchando, Luis acertó a sacar una cámara fotográfica que tiene también funciones de grabación de audio, grabó y dejó a este equipo un archivo de audio de 2 minutos y 26 segundos de duración en el que, si bien hay mucho ruido, se distinguen frases como “…por favor, por favor…”, “…comandante…”, “…por favor, por favor…”, “…acepto los cargos…”, “…como treinta kilos…”, entre otras.
El equipo Indignación, junto con Luis Peniche, presentó el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y solicitó que fuese la misma Codhey quien interpusiera la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Aunque inicialmente el entonces oficial de quejas de la Codhey ofreció mantener en el anonimato el nombre del testigo y denunciante, personal de la Comisión acudió al centro de labores de Luis Peniche, habló con sus jefes y también con él, poniendo en evidencia quién había denunciado el caso.
El pasado 30 de agosto, durante la presentación de su informe, el Ombudsman anunció que en breve se emitiría una recomendación contra el gobierno del Estado precisamente por ese caso de tortura.
Adicionalmente a la denuncia del caso de tortura, Luis Peniche participa en el proyecto de comunicación alternativa “Indymedia Yucatán” y documentó y denunció la represión contra campesinos de Caucel ocurrida el pasado 13 de julio.
Luis Peniche cuenta incluso con un oficio de su trabajo en el que se expresa la molestia porque se le vio en el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado cuando los campesinos de Caucel se encontraban ahí detenidos. Si bien faltó a su trabajo ese día, avisó previamente que no podría asistir y le dijeron que no había problema. La molestia se la expresaron hasta que se supo que el tiempo lo usó para acudir a apoyar a los campesinos de Caucel reprimidos por el propio gobierno del Estado.
Luis Peniche Novelo es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y participa en “La Otra Campaña”, iniciativa civil y pacífica promovida por el EZLN.
Además, Luis colabora voluntariamente con el equipo Indignación.
El pasado viernes 8 de septiembre, Luis Peniche fue informado de que ya no se requerirían sus servicios y se le solicitó que ya no se presentara a su oficina. Anteriormente ya sus jefes le habían invitado a considerar la posibilidad de retirarse. Hasta donde este equipo sabe, el gobierno del Estado pretende que Luis Peniche renuncie voluntariamente y está presionándolo en ese sentido. Su jefe directo es el señor José Agustín López Chi, jefe del Departamento de Desarrollo Humano y Calidad, que forma parte de la Dirección de Desarrollo Institucional, a cargo del Lic. Eduardo Millet Reyna y depende de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado cuyo titular es el señor Raúl Arceo Alonzo. El jefe de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor es el Lic. José López Rosado.
El equipo Indignación considera esta solicitud de renuncia hecha a Luis Peniche como un acto de represalia del gobierno del Estado por su participación política, sus ideas y la denuncia de tortura que realizó en febrero pasado.
Este equipo deplora la represalia y hostigamiento que este hecho entraña y expresa un severo extrañamiento por el hecho de que se castigue a un servidor público que cumple con su deber, puesto que la ley contra la tortura obliga al servidor público que tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza a denunciarlo de inmediato, lo que hizo Luis Peniche al presentar el caso ante la Codhey.
Al desalentar con represalias la denuncia de actos de tortura, el Gobierno de Yucatán se exhibe como promotor de ésta y protector de quienes la practiquen.
La represalia, además, hace incurrir al Gobierno del Estado en violaciones al derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de asociación de Luis Peniche Novelo. Adicionalmente, el gobierno de Yucatán viola derechos laborales al despedir sin causa justificada a un empleado.
El Equipo Indignación hace estos hechos del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, solicitándole su intervención inmediata.

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Atentamente,

INDIGNACIÓN A.C.

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