Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria

Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche

Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche

Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

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Más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo que el 13 de agosto de 2009 dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas.

Fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueba que éste se encontraba aún en litigio,  documentación de la Escuela del CONAFE que funcionaba en el poblado, registro ante programas oficiales como Oportunidades, el propio convenio en el que el Gobierno de Campeche reconoce a las y los pobladores su calidad de desplazados como consecuencia del “desalojo cometido por un particular”, entre otros elementos probatorios, se presentaron formalmente ayer ante el Ministerio Público de Campeche.

También se presentó el informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, compuesta por más 24 organizaciones y que documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidas antes, durante y después del ilegal desalojo; dicho informe, a pesar de que se hizo llegar a la procuraduría desde septiembre de 2009, no se había agregado al expediente.

Las pruebas presentadas también acreditan la existencia de cuando menos dos ataques anteriores a la población, que no fueron investigados ni sancionados por las autoridades campechanas. La impunidad de los ataques previos, sin lugar a dudas, ha sido un factor que alentó la destrucción del poblado en agosto de 2009.

Estas pruebas se suman a decenas de testimonios ofrecidos por las y los pobladores en un expediente que, a pesar de referirse a un caso tan grave y de consecuencias tan devastadoras, que es seguido por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la ONU,  fue cerrado por un Ministerio Público que prácticamente no había realizado ninguna acción para investigar los hechos. El caso fue reabierto en diciembre, después de que los propios pobladores impugnaron su cierre ante la Procuraduría.

Con las pruebas antes señalada, se refuerza la acusación realizada por los pobladores de San Antonio Ebulá, acreditándose, entre otras cosas:

A)   Que el poblado de San Antonio Ebulá ha existido desde, cuando menos, el año de 1968.

B)   Que San Antonio Ebulá vivía como pueblo, pues sus habitantes contaban con servicios públicos, tales como Luz, agua, una escuela del CONAFE, templo religioso, y que además recibían diversos servicios sociales como “oportunidades”.

C)   Que el poblado de San Antonio Ebulá, así como los terrenos circundantes, utilizados para diversas actividades agrícolas, se encuentra aún en litigio ante las autoridades agrarias, lo que invalida la presunta propiedad que pretende arrogarse el señor Escalante, quien por supuesto como particular no tiene facultades para realizar un desalojo aunque lograra obtener un título de propiedad.

D)   Que el desalojo y destrucción del pueblo fue efectuado por elementos de seguridad privada al servicio de constructora Escalante, hecho que incluso ha sido admitido públicamente por los representantes legales de la empresa, y que implica la comisión de flagrantes delitos establecidos en el Código Penal de la entidad, pues ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a las autoridades encargadas de administrar justicia.

La Procuraduría General de Justicia del estado está obligada a proceder legalmente contra los autores materiales e intelectuales de un hecho que, además de ser ilegal y delictivo, tuvo como consecuencia dejar a más de 70 familias desplazadas y sin pertenencias, hecho que significó que muchos de ellos tuvieran que vivir en condiciones críticas y sin recibir asistencia humanitaria a pesar de que se instalaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Campeche durante más de un mes.

Indignación expresa nuevamente su preocupación por la parcialidad con la que la Procuraduría pudiese actuar en la investigación del presente caso que exhibe la responsabilidad directa de Constructura Escalante, cuyos dueños son familiares del extinto Secretario de Gobernación Federal, Juan Camilo Mouriño y de personas que actualmente tienen un alto cargo en el gobierno de Campeche y también de una diputada local.

La Procuraduría no sólo ha dejado impunes agresiones anteriores, sino que recientemente el Ministerio Público determinó establecer el no ejercicio de la acción penal por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2009, determinación que fue revocada a partir el recurso de revisión interpuesto por los propios Ebuleños.

Indignación exige que la Procuraduría estatal realice una labor apegada a los más altos estándares en materia de derechos humanos, garantizando los derechos de las víctimas, solicitando la sanción para los responsables, así como adecuadas medidas de reparación del daño.

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El caso del violento e ilegal desalojo que en agosto de 2009 desplazó a más de noventa familias de San Antonio Ebulá será la vara para medir la procuración de justicia en Campeche y el compromiso con los derechos humanos, sostiene Indignación ante la decisión de la Procuraduría de continuar la investigación y revocar el no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público.

El caso, uno de los más graves en materia de violación a los derechos humanos que se conocieron en la península de Yucatán, fue seguido por diversas organizaciones nacionales e Internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, e incluso mencionado en el informe de la Relatora de Naciones Unidas para la Vivienda.

El ataque se perpetró el 13 de agosto de 2009. El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

Un año y tres meses después del crimen, el Ministerio Público determinó que no había delito qué perseguir, ante lo cual las y los pobladores presentaron un recurso de revisión. Indignación acompañó la presentación de dicho recurso el pasado 10 de noviembre.

La Procuraduría determinó revocar la decisión del Ministerio Público desde el 19 de noviembre pasado, sin embargo se informó a las y los agraviados apenas la semana pasada.

La dilación es una de las formas de obstaculizar y denegar justicia y, casi año y medio después, no se ha integrado adecuadamente la averiguación previa, a pesar de existir numerosas probanzas que exhiben el delito cometido, pues el ilegal desalojo y la destrucción de las viviendas fue un hecho público y notorio que fue documentado, entre otros, por diversos medios de prensa.

La persona señalada como responsable de ordenar el desalojo, y quien se ostenta como propietario de la tierra en la que se encontraba el pueblo de San Antonio Ebulá, el señor Eduardo Escalante, es un poderoso empresario de Campeche con fuertes vínculos en la política del estado y del país.

Su hija fue esposa del extinto Juan Camilo Mouriño y actualmente su hijo está a cargo de una especie de supersecretaría con amplios poderes en el gobierno de Campeche. Otra de sus hijas es diputada en el Congreso local.

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche ya cerró el expediente determinando que no hay materia y la CNDH, en aberrante complicidad, avaló dicha decisión.

A las familias desplazadas y cuyo patrimonio fue destruido no se les ha indemnizado ni se les repararon los daños ni se ha hecho justicia en este grave caso. Sería deplorable que el gobierno de Campeche encubriera y garantizara impunidad al responsable de cometer un crimen tan grave por su poder económico y político.

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El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

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Indignación impugna la resolución

La ombudsman de Campeche consideró que el violento e ilegal desalojo forzoso que dejó en situación de desplazamiento a más de setenta familias de San Antonio Ebulá no es materia de derechos humanos y cerró el expediente, casi un año después de los hechos, a pesar de las graves acciones y omisiones en las que incurrió el gobierno de esa entidad.

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche decidió concluir el expediente 219/2009-VG “por haber quedado sin materia los hechos que motivaron la queja, por falta de interés de los presuntos agraviados, y por haberse resuelto durante el trámite del expediente el conflicto medular…” (resaltado en el original).

El equipo de derechos humanos Indignación, quien presentó la queja ante ese organismo el 13 de agosto de 2009, interpuso un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que la inacción de la CDHEC denota una grave negligencia que, en los hechos, permite que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección.

San Antonio Ebulá, fundado hace más de 40 años en Campeche, fue arrasado y completamente destruido el 13 de agosto de 2009 por cerca de cien civiles protegidos por la Policía Estatal de Campeche y contratados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien se arroga la propiedad de las tierras.

Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, sin cargos), todas las viviendas de la población fueron destruidas y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a sus animales.

Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agresores.

En el documento de impugnación dirigido a la CNDH, Indignación demuestra que la falsedad de los tres argumentos esgrimidos por la CDHEC en el documento en el que cierra el expediente. Argumenta la CDEHC que “quedaron sin materia los hechos que motivaron la queja”, sosteniendo que todo fue un conflicto entre particulares.

En San Antonio Ebulá no solamente se llevó a cabo un desalojo forzoso y se dejó en situación de desplazamiento interno a más de cien familias, sino que en dicho desalojo la policía protegió a los agresores y omitió intervenir para proteger la integridad física y las propiedades de los ebuleños. Posteriormente, incumplió su obligación de proporcionar asistencia humanitaria a la población desplazada.

Argumenta también la CDHEC que hubo “falta de interés de los presuntos agraviados”. Indignación demuestra en su impugnación que la desinteresada fue siempre la CDHEC, que entabló contacto con los agraviados hasta 15 días después de pasado el desalojo, a pesar de que las familias desplazadas estuvieron instaladas en la terraza de la sede del Ejecutivo.

Declara, finalmente, la CDHEC que se resolvió “durante el trámite del expediente, el conflicto medular”, refiriéndose al convenio mediante el cual recuperan los ebuleños recuperan 31 hectáreas de su territorio.

Indignación demuestra que con esta declaración, la CDHEC renuncia a su función primordial: determinar violaciones a los derechos humanos, identificar a los responsables y emitir recomendaciones para detener, revertir y/o resarcir los daños.

El caso no se ha resuelto. Permanece impune el violento desalojo del 13 de agosto de 2009 y permanecen impunes también anteriores ataques que el empresario dirigió contra el poblado San Antonio Ebulá, contra sus habitantes y contra sus pertenencias. Permanecen impunes las acciones y omisiones del gobierno y no se les ha garantizado a los agraviados el resarcimiento de los daños.

El expediente abierto en el Ministerio Público no registra avances, a pesar de que los pobladores ya han acudido a declarar. Con esta inacción la procuraduría de Campeche protege al empresario y al anterior gobierno.

Estas y otras consideraciones, acompañadas de seis documentos probatorios, fueron presentadas por el equipo Indignación ante la CNDH en el recurso de impugnación presentado ayer, 16 de julio.

La inacción de la CDHEC denota una grave negligencia, patente a lo largo de todo el proceso, que ha permitido que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección: no realizó ninguna investigación, ni mucho menos documentó graves violaciones a derechos humanos, justificando una acción que es a todas luces contraria a derechos fundamentales básicos.

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Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegió a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la comisión pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

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Comunicado de la Misión Civil de Paz, que presenta informe de observación

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El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conformaron la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.

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El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno
de Campeche y solidaridad en la sociedad civil

El acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá, que incluyó una emotiva oración en el borde de una entrada alternativa al destruido poblado, se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno del estado de Campeche a favor del empresario Eduardo Escalante, que se arroga la propiedad de las tierras.
Con ese acto, los pobladores de San Antonio Ebulá enviaron un claro mensaje acerca de su determinación de continuar la defensa de sus derechos por vías pacíficas y a través de acciones no violentas.
Al mismo tiempo evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de los acompañantes de la misión y garantizaron la seguridad que el gobierno no ofreció.
La Misión Civil de Paz, conformada por más de quince organizaciones de derechos humanos de distintos estados de México y por organizaciones solidarias de Campeche, desde el día anterior encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de las y los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto.
El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz, de manera verbal, las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno. Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de Derecho.
Esta Misión Civil de Paz se muestra alarmada de la reacción del Secretario de Gobierno que, cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad.
Adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, la amenaza que implicaron los desplegados del gobierno y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo.
Un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos.
El gobierno del estado de Campeche se mostró insensible ante la posibilidad de que nuevamente fuesen agredidos por grupos parapolicíacos contratados por el empresario.
Con esa información, la Misión Civil de Paz determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno del Estado de Campeche ofrecía cierta seguridad.
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos alternativos que se ofrecen además del ofrecimiento del gobierno que por ese camino se contaba con seguridad.
La solicitud de seguridad pública que solicitó la misión civil de paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores que acudieron en un acto pacífico, que ostensiblemente mostró la intención de proteger la propiedad privada.
El secretario de gobierno, al igual que la representante del empresario Escalante, insistieron en todo momento que únicamente podría entrar una comisión de cinco personas.
Los pobladores, al encontrar el impedimento de que todas las familias entraran a conocer los terrenos y la propuesta, que en una nueva muestra de buena voluntad los ebuleños accedían a escuchar, decidieron retornar al Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno.
La Misión Civil de Paz, alarmada y preocupada por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho, ha determinado elaborar un informe sobre todo lo observado para hacerlo llegar a todas las instancias competentes.
En una evaluación posterior al acto, las familias desplazadas de Ebulá y las organizaciones que conformamos la misión civil de paz, identificaron como importantes logros la acción pacífica, evitar confrontaciones y el encuentro que crea puentes entre las organizaciones participantes y hace crecer la lucha.
Las y los participantes en la Misión Civil de Paz se comprometieron a difundir en sus distintos estados el caso de San Antonio Ebulá, así como las persistentes e impunes violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA”* ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS *INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

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La agresión y violenta expulsión de los habitantes del pueblo maya de San Antonio Ebulá, en Campeche, cuyo pueblo fue completamente destruido el pasado 13 de agosto por civiles protegidos por la policía y contratados por un empresario de ese estado que se arroga la posesión del terreno, son hechos que nos llenan de alarma y preocupación.

El gobierno de Campeche, con sus omisiones, ha expuesto gravemente la vida y la integridad física de mujeres, hombres, niños y ancianos que se encuentran actualmente en situación de desplazados internos por violencia. Es por eso que se conformó la Misión civil de Paz para una solución justa en San Antonio Ebulá.

Esta Misión, conformada por personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, ha decidido acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en su exigencia de retorno, restitución, certeza legal, justicia y paz.

Los pobladores de San Antonio Ebulá han decidido retornar a sus tierras el día ocho de septiembre, en una acción que pretende denunciar los incumplimientos y del gobierno.

Como pueblo desplazado por la violencia, los habitantes de San Antonio Ebulá tienen derecho a retornar y a decidir las condiciones de su retorno. El gobierno, a su vez, tiene la obligación de garantizar y ofrecer condiciones de seguridad para el retorno, de acuerdo con los principios sobre desplazados de las Naciones Unidas.

El pasado 13 de agosto el pueblo de san Antonio Ebulá, Campeche, fue arrasado por cerca de cien civiles al servicio del empresario Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, que actuaron como grupo parapolicíaco, fueron resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa.

Estos graves hechos son producto de un patrón de impunidad que se observa en todo el país y que se exhibe en este caso, puesto que el mismo empresario en dos ocasiones anteriores había intentado desalojar a los pobladores, los había agredido y había destruido algunas de sus viviendas, sin que se sancionara su actuación a pesar de que los hechos se denunciaron.

A las más de 70 familias que conforman el pueblo maya de san Antonio Ebulá les fueron violados el derecho a la integridad física y a la seguridad jurídica, el derecho a no ser privado de sus posesiones sin que exista un juicio justo, su derecho a la propiedad y la vivienda.

Además se les ha conculcado su derecho como pueblo maya a la tierra y a decidir sobre su territorio, así como los derechos que tienen como desplazados internos a recibir asistencia humanitaria, al retorno y a la restitución.

Quienes conformamos esta Misión tenemos la certeza de que el despojo, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos constituyen un atentado contra la paz.

Tenemos conocimiento de que, aunque el señor Escalante se arroga la propiedad de las tierras, actualmente se dirime en la justicia federal un juicio de dotación de tierras. De hecho, recientemente un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Campeche obligó a que se revisara nuevamente el procedimiento de dotación de tierras al pueblo de Ebulá.

El ilegal despojo y la destrucción del pueblo realizado por trabajadores del empresario Escalante con la aquiescencia del Gobierno del estado, tiene la intención de hacer aparentar que San Antonio Ebulá nunca ha existido, pues de reconocerse la existencia del pueblo y la posesión que detentan desde hace más de 40 años sus habitantes, las autoridades agrarias estarían obligadas a fallar a favor del pueblo de San Antonio Ebulá.

No sólo es absolutamente ilegal el desalojo o expulsión de un pueblo, sino que éste en ningún caso puede ser ordenado y ejecutado por un particular, como ocurrió en San Antonio Ebulá con la complicidad del gobierno de Campeche.

San Antonio Ebulá ha sido reconocido por el Instituto Federal electoral, que emite credenciales con ese domicilio al menos desde 1991, y por el Gobierno Federal, quien les proporcionó una escuela a cargo del CONAFE, les ha otorgado diversos programas y beneficios sociales como OPORTUNIDADES, Setenta y Más, y les ha otorgado, a través de CONAGUA, la infraestructura para que accedan a ese bien esencial.

El pueblo de San Antonio Ebulá, después de intentar infructuosamente ser atendidos satisfactoriamente por las instancias del gobierno estatal, ha tomado la decisión de retornar a su territorio invadido.

Las organizaciones que conformamos esta Misión Civil de Paz hemos solicitado ya medidas cautelares al gobernador del Estado de Campeche, Lic. Jorge Carlos Hurtado Valdés, al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al representante de la OACNUDH, Dr. Alberto Brunori y a los titulares de la CNDH, Dr. José Luis Soberanos y Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, de la CEDHEC, para que, según la competencia propia de cada institución, realicen las gestiones que les corresponden para garantizar seguridad en el retorno que los habitantes de San Antonio Ebulá, así como para que se tomen todas las medidas de seguridad, pues existe un alto riesgo de que se puedan generar situaciones de agresión por parte de los grupos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante.

Se le ha solicitado también que se garantice a los pobladores de Ebulá las condiciones adecuadas para que puedan reconstruir su pueblo. Para ello es indispensable la garantía de que habiendo retornado no se generará ninguna situación posterior de violencia, agresión o despojo en su contra, así como la certeza de que serán restituidos sus bienes y un expreso compromiso del gobierno de no tolerar la impunidad.

* SERAPAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR * PRODESC

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¿Por qué no está en la cárcel el señor Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de todas las viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, en Campeche, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?

¿Por qué la policía, que llegó al lugar de los hechos el 13 de agosto, en vez de proteger la integridad física de los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir al pueblo?

¿Por qué la policía no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de San Antonio Ebulá y destruyeron todas las viviendas, los animales, los árboles y todo el patrimonio de los habitantes de un pueblo que su fundó desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué el gobierno del estado de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, habitadas desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué en todos estos años de realizar todas las gestiones ante las instancias competentes las y los pobladores de San Antonio Ebulá no han podido obtener certeza legal sobre sus tierras?

¿Por qué permanece impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de la Escuela del CONAFE y del templo de la Iglesia católica de la comunidad?

¿Por qué quedó impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del 26 de mayo de 2009, en el que se destruyeron seis casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de que se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos?

¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado impunemente?

¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares?

¿Por qué el subsecretario de gobierno ofrece “apoyos” a la gente en forma de “láminas”, en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de todos los daños que se les han ocasionado?

¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante ofreciendo a las y los pobladores de San Antonio Ebulá una “reubicación” en vez de garantizarles el retorno a su propio pueblo, que fue arrasado por órdenes de un particular?

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?

¿Por qué a pesar de que el pueblo de San Antonio Ebulá es reconocido como población por el IFE, que asienta como domicilio de los pobladores “San Antonio Ebulá”; por el Ejecutivo federal que ahí ha enviado cartas a los pobladores; por la SEP, que ahí mantenía una escuela del CONAFE; por el Congreso, gobierno y municipio de Campeche, que lo señalan en la ley orgánica de municipios, ahora el gobierno de Campeche le niega su carácter de pueblo y se niega a proteger los derechos de los pobladores?

Al Congreso de Campeche

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha citado a las autoridades responsables para que den cuenta de las acciones y omisiones que agravian al pueblo de San Antonio Ebulá?

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá?

A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, a pesar de haber sido informada de los hechos y haberse solicitado su intervención desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto y reiteradamente durante todo el día, no acudió al lugar de los hechos (dice que lo hizo hasta la tarde de ese día) NI HA ACUDIDO A ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS POBLADORES que se mantienen en plantón permanente frente a la sede del poder ejecutivo desde la expulsión?

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?

Al Presidente de la República

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué el Sr. Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, se arroga la posesión de esas tierras?

A la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger los derechos de los habitantes de un pueblo maya golpeados y expulsados de su comunidad y privados de sus medios de subsistencia ya que sus viviendas fueron destruidas, sus pertenencias robadas o destruidas y sus animales asesinados?

¿Por qué, a pesar de que han sufrido diversos intentos de desalojo, la CDI no ha acudido para proteger el derecho del pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho a decidir sobre su territorio y sobre cualquier proyecto que se quiera realizar en él?

¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresamente señala en su artículo 17 que “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” y que además establece en su artículo 18 que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.”

Al titular de la PROFEPA

¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un procedimiento por la destrucción de los recursos forestales que se encontraban en San Antonio Ebulá?

A quien pueda responder

¿Por qué en Campeche un particular puede cometer un crimen de esta gravedad y continuar impune? ¿Por qué las autoridades lo protegen? ¿Por qué las autoridades que lo protegen no son sancionadas?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

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