Comunicado del equipo Indignación A.C.

Un año y tres meses después de que una integrante del equipo Indignación interpuso una queja contra personal del CERESO de Mérida por diversas violaciones a los derechos de los internos y de quienes los visitan, la Codhey emitió la recomendación 10/2008.

La ilegal detención de jóvenes durante la redada cometida en el marco de las manifestaciones contra George Bush en Yucatán en marzo de 2007 exhibió violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en el Centro de Readaptación Social de Mérida en los procesos de visitas: Negación del acceso a personas que pretendían visitar a las y los internos, revisiones lentas, molestas y arbitrarias, requisitos para ingresar que no tienen sustento y son discriminatorios como el llevar el pelo corto y no usar aretes para los varones, prohibición de introducir periódicos, entre otras violaciones.

La queja se originó debido a que personal del Cereso impidió a una integrante de Indignación visitar a uno de los jóvenes detenidos durante la redada  cometida en el marco de las manifestaciones  contra George Bush a Yucatán.

Personal del Cereso alegó que la negativa se debió a que ella era “abogada” de algunos internos. En un intento de conciliación promovido por la Codhey, que Indignación rechazó, personal del Cereso se quejó de las “malas” intenciones de integrantes de Indignación al pretender visitar a los internos, puesto que seguramente lo que pretendían era observar y denunciar las condiciones que imperan en ese centro de reclusión.

También alegaron que la negativa a entrar se debió a que no se encontraba en la lista de visitas del interno a quien la integrante de Indignación pretendía visitar, práctica que ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de los derechos de los internos.

En el escrito de queja, una integrante de Indignación citó las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos aprobadas por la ONU, que en su numeral 37 establecen que “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con familiares y amigos tanto por correspondencia como mediante visitas”. El Cereso también vulneró el principio de igualdad que establece que “las medidas de revisión deben aplicarse en forma imparcial y sin discriminación” y contravino el numeral 90 de las Reglas Mínimas ya citadas que establecen el derecho de los internos a recibir libros, periódicos así como otros medios de ocupación”.

La Codhey demoró un año y tres meses en concluir el caso. Recomienda al Director de Prevención y Readaptación Social de Yucatán iniciar procedimiento administrativo contra el director del Cereso, elaborar y proponer de manera inmediata al Ejecutivo del Estado un Reglamento Interno por cada Centro penitenciario existente en el Estado de acuerdo a las directrices establecidas en los instrumentos internacionales y regionales que nuestro país ha firmado, dotar a los CERESOS del Estado de sistemas computarizados para agilizar los trámites de registro de las visitas y ordenar a través de un oficio dirigido a los directores de los centros de reclusión que los procedimientos de revisión se lleven a cabo con pleno respeto de la dignidad de quiens acuden.

Asimismo, recomienda al director del Cereso de Mérida abstenerse de aplicar criterios arbitrarios en la atención de los asuntos del Centro así como delimintar en el Centro áreas dignas, suficientes y plenamente identificables para que las y los internos reciban a familiares, amigos y abogados.

La recomendación es tardía e incompleta. Durante todo el tiempo que las personas ilegalmente detenidas en la redada cometida por policías estatales y municipales en el marco de las manifestaciones contra Bush estuvieron internas en el Cereso, fue continuada la violación a sus derechos y a los derechos de quienes intentaron visitarlas.

La queja interpuesta y lo evidente de las acciones denunciadas ameritaba medidas cautelares por parte de la Codhey para que cesaran de inmediato violaciones cometidas en el proceso de ingreso de las visitas y para que a los internos se les garantizara plenamente el acceso a prensa, libros y todos sus derechos.

Las violaciones documentadas por la Codhey en la recomendación 10/2008 son sólo la punta del iceberg de la situación que priva en los Centros de Readaptación Social del estado de Yucatán. Cabe recordar que en días recientes 50 reclusos del Cereso de Mérida denunciaron la comisión de diversas violaciones a sus derechos humanos durante un cateo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con la anuencia del Director de ese Centro de Reclusión.

De 2001 a la fecha se han emitido 5 recomendaciones con motivo de diversas violaciones a derechos humanos documentadas en el Cereso de Mérida (4 de la Codhey y 1 de la Comisión Nacional), otras dos por vulneraciones cometidas en el Cereso de Tekax y una derivada de violaciones cometidas por autoridades del Cereso de Ebtún, Valladolid.

Lo anterior viola principios básicos establecidos por Naciones Unidas para Centros de Reclusión, empezando por el más elemental que es la debida separación entre personas que están siendo procesadas y aquellas a quienes ya les fue dictada sentencia condenatoria. A pesar de ello ni la administración anterior ni la actual han tomado medidas para  revertir el deterioro que impera en los Centros de Reclusión del estado y las violaciones cometidas permanecen en la impunidad; como ejemplo de lo anterior está la permanencia de  Francisco Brito Herrera como Director del Cereso de Mérida, responsable, según las recomendaciones arriba mencionadas, de graves violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de internos, familiares y visitas.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

A un año tres meses de los hechos ocurridos el día 13 de marzo de 2007, cuando 48 personas fueron detenidas, incomunicadas y, la gran mayoría, procesadas en el contexto de una manifestación contra la visita de George W. Bush a nuestra entidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia que desnuda, otra vez, algunas de las arbitrariedades en las que incurrió, con ese hecho, la administración de Patricio Patrón Laviada y la impunidad en la que la actual administración ha dejado esas conductas que implican graves violaciones a derechos humanos.

El día 21 de mayo de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su sentencia relativa al Amparo en revisión 412/2007, presentado por el Ministerio Público Federal en contra de la sentencia del Juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a uno de los adolescentes, menores de 18 años, detenidos en esa fecha. La sentencia del Juzgado de Distrito estimaba que a dicho adolescente se le habían violado sus garantías individuales establecidas en el artículo 18 de la Constitución, puesto que estaba siendo procesado ante el Consejo Tutelar de Menores Infractores del estado, órgano inconstitucional de conformidad con las reformas efectuadas a dicho artículo que establecían la obligación a las entidades federativas y el Distrito Federal de establecer un sistema integral de justicia para la adolescencia. Dicho sistema, al momento en que los menores de 18 años fueron detenidos, no se había implementado en Yucatán.

Ante esta sentencia, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión de amparo, en el cual insistía en que la sujeción a proceso de ese menor ante el Consejo Tutelar era legal. Como el caso implicaba la interpretación del artículo 18 constitucional, el asunto fue a parar a manos de la SCJN para su determinación final. El Máximo tribunal del Estado mexicano confirmó la decisión del Juez Primero de Distrito y señaló que el proceso al que estaba sujeto dicho menor era inconstitucional pues, insistió, avalando los argumentos del Juez de Distrito, el artículo 18 constitucional establecía la obligación de que el adolescente fuese juzgado ante un sistema especial de justicia para adolescentes y no ante un Consejo Tutelar de Menores.

La resolución establecida por la SCJN, además de exhibir nuevamente el desacato constitucional en el que incurrieron diputados locales de las legislaturas anteriores, al no establecer en los plazos señalados por la Constitución un sistema integral de justicia para adolescentes, recuerda los pendientes de las autoridades estatales en cuestiones de justicia y derechos humanos en la entidad, cuando menos por lo que toca a dos temas fundamentales:

1.- Por una parte, la falta de justicia que ha existido por cuanto hace a las violaciones a derechos humanos derivadas de los hechos ocurridos el 13 de marzo de 2007 y cometidas por la administración del entonces gobernador Patricio Patrón Laviada y el entonces presidente municipal de la capital, Manuel Fuentes, que hasta la fecha no han sido investigadas ni sancionadas por la actual gobernadora, Ivonne Ortega, y el actual alcalde de Mérida César Bojórquez. Las detenciones ilegales, torturas, amenazas, incomunicación, violaciones al derecho a un debido proceso etc., son conductas que no pueden dejar de investigarse ni sancionarse pues la impunidad es el mayor incentivo para que esas conductas se cometan de manera sistemática.

2.- Por la otra, y no menos importante, la ausencia de políticas públicas adecuadas que protejan a la niñez y adolescencia en el estado. La resolución de la SCJN exhibió, como ya se señaló, que a los diputados de legislaturas anteriores no les importó demorarse más de un año para establecer el sistema integral de justicia para adolescentes, pero también que las autoridades estatales, es decir, ministerios públicos, jueces, policías, etc. no están capacitados ni cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente, con base en los criterios más altos de protección, a situaciones en las cuales están involucrados adolescentes en conflicto con la ley.

Cabe resaltar que, justo en estas fechas, está por definirse otra situación que involucra graves violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de niños y niñas hace casi 10 años en la entonces Escuela Social de Menores Infractores. En este caso, en el cual las autoridades de ese centro de reclusión para adolescentes cometieron graves vejaciones a los niños y niñas internos, la justicia local estableció una sanción que sería irrisoria si no fueran graves sus consecuencias, omitiendo también la reparación del daño para las y los niños agraviados. El razonamiento de la Juez para establecer tan baja sanción y omitir la reparación del daño fue que el carácter incorregible de los niños llevó a la entonces directora y demás funcionarios responsables a utilizar severas medidas de castigo para aplacar sus desmanes. La Suprema Corte recuerda, con la sentencia arriba citada, la importancia que el artículo 18 constitucional (que, entre otras cosas, establece el interés superior de la infancia,) tiene como criterio de protección para los niños, niñas y adolescentes, criterio que debe ser respetado y aplicado por todos los órganos del estado. Esperemos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien está revisando la grotesca sentencia de la Juez Séptimo de los Penal, comprenda la gravedad de los hechos,  interprete la ley de acuerdo al interés superior de la infancia y emita una sentencia ejemplar que sancione a los responsables, establezca adecuadas medidas reparadoras y disuada a funcionarios públicos de atentar contra los derechos de las y los niños y adolescentes.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Más de siete meses después de la razzia que derivó en detenciones violentas y arbitrarias así como tratos crueles que podrían constituir tortura contra 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió una recomendación que propicia impunidad y en la que incurre en violaciones a los derechos de esos mismos jóvenes.

A pesar de concluir, a partir de los dictámenes médicos oficiales, que “las lesiones antes apuntadas de ninguna manera pueden ser consideradas como el resultado de un sometimiento”, la Codhey no cataloga como tortura las lesiones infligidas, sólo recomienda iniciar un procedimiento administrativo y omite recomendar una investigación penal.

Estas y otras graves faltas cometidas por la Codhey las documenta el equipo Indignación en un análisis realizado sobre la recomendación 19/2007. Asimismo, este equipo ha dirigido una carta al presidente de la Codhey exigiéndole interponer la denuncia penal por tortura, la cual tenía obligación de presentar al momento de tener conocimiento de hechos que podían constituir este ominoso delito.

Los dictámenes médicos realizados a las y los jóvenes detenidos en la razzia del 13 de marzo y citados por la Codhey en su propia recomendación señalan que varios de ellos presentaron edemas, equimosis, laceraciones, heridas puntiformes, cefalohematoma e incluso un caso de fractura en costilla

La propia Codhey incurrió en violaciones a derechos de la infancia y, en general, de los jóvenes detenidos al hacer públicos sus nombres y otros datos que tiene obligación de proteger en el cuerpo de la recomendación, la cual publicó en su página de internet el 30 de octubre pasado, aunque está fechada el 23 de octubre.

Al respecto, el equipo Indignación acudió ante el Instituto de Acceso a la información Pública del estado de Yucatán para solicitar su intervención inmediata a fin de proteger los nombres de los menores y determinar las responsabilidades en las que incurrió el titular de la Codhey. Los nombres de los menores y otros datos personales ya han sido eliminados de la versión que la Codhey publica en su portal electrónico, versión que también ha modificado la fecha de emisión de la recomendación datándola el 16 de octubre.

A criterio de este equipo de derechos humanos, la Recomendación 19/2007:

1.- No cataloga las violaciones cometidas por los policías aprehensores como tortura. A pesar de existir elementos suficientes para determinar la existencia de esta violación a derechos humanos, la Codhey sólo establece que los policías cometieron “uso excesivo de la fuerza”. Este hecho resulta preocupante ya que existen casos graves como el de una persona que, con motivo de la agresión policial, resultó con dos costillas rotas. Caso que la propia Codhey resalta, admitiendo que esas lesiones no fueron producto de la detención (sino de actos posteriores). A pesar de ello la Codhey minimiza la gravedad de la agresión y omite calificar adecuadamente la violación a derechos humanos.

2.- Sus recomendaciones fomentan la impunidad. La Codhey sólo le pide a la SPV y a la Policía Municipal que inicie un procedimiento administrativo en contra de los policías agresores. No obstante el plazo establecido por la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado establece que las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos prescriben a los tres meses a partir de la fecha en que se cometió la falta. Por tanto existe el temor fundado de que las autoridades se nieguen a investigar y sancionar administrativamente a los policías responsables bajo este argumento. A esto se aúna el hecho de que la Codhey omite recomendar, entre otras cosas, una investigación penal de las violaciones a derechos humanos cometidas, así como medidas integrales de reparación del daño para los agraviados.

3.- Sólo documenta los actos cometidos por elementos por la SPV y la Policía municipal, pero no hace referencia alguna a las violaciones a derechos humanos que sufrieron los detenidos ante el Ministerio Público y ante la titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social del estado. Es preciso recordar que cuando se remitió a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del estado, se les mantuvo incomunicados y se les impidió el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, violando con ello su derecho a un debido proceso. Por su parte la Juez Séptimo incurrió en actos que ponen en entredicho la imparcialidad e independencia del poder judicial, y trató de manera discriminatoria a los detenidos, tomando sus determinaciones con criterios alejados a la legalidad. La Codhey omite hacer referencia o pronunciamiento alguno sobre estas violaciones.

4.- No hace referencia a las violaciones cometidas en contra de los menores de edad detenidos, a quienes se les violó el derecho a ser puestos a disposición del sistema especial de justicia para adolescentes al que obliga el artículo 18 constitucional.

Resulta preocupante que, a más de un mes de que este equipo de derechos humanos hizo llegar a la Codhey un análisis con observaciones en torno a la ausencia de estándares de protección en las recomendaciones que dicha institución ha emitido, la institución pública de derechos humanos continúe emitiendo recomendaciones superfluas y alejadas de los mas altos estándares de protección a los derechos humanos, que en nada contribuyen a consolidar los derechos humanos en la entidad.

En la carta dirigida al titular de la Codhey Indignación también ha reiterado la necesidad de que la Codhey emita una recomendación de carácter general ante las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas por policías preventivos y funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado, e insistido en que, para futuras recomendaciones, la Codhey se apegue a los más altos estándares de protección a los derechos humanos
Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la administración anterior también deben de ser investigadas por la actual administración. El combate a la impunidad debe ser una prioridad de cualquier gobierno para demostrar que la investigación y sanción de funcionarios que violentan la ley alcanzará también a quienes desde la función pública violentan los derechos fundamentales de la población.

Descarga aquí la carta envíada a la CODHEY: Análisis de larecomendación 19-2007

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Anuncia impunidad

César Bojórquez avalaría violaciones a los derechos humanos: Indignación

Con el anuncio de que mantendrá al actual jefe de la policía municipal de Mérida en la próxima administración, el alcalde electo César Bojórquez podría avalar graves violaciones a los derechos humanos y parece anunciar la continuación de la utilización de la fuerza pública contra la ciudadanía.

Con gran preocupación el equipo Indignación se ha enterado de la intención de mantener en su cargo a Francisco Calero Reyes, actual jefe de la policía municipal acusada, junto con la policía estatal, de infligir tratos crueles e inhumanos que podrían constituir tortura contra jóvenes detenidos en la razzia realizada el pasado trece de marzo, en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en Mérida.

Entre los testimonios que el equipo Indignación recogió sobresale el de un joven que, después de ser detenido con violencia y golpeado durante el trayecto, fue trasladado al edificio de la policía municipal. Según su propio testimonio, ahí fue tirado al suelo al bajar de la camioneta y “zapateado” por varios policías. En el trayecto a la celda fue golpeado brutalmente por una cantidad indeterminada de agentes. El equipo Indignación pudo observar en éste y otros jóvenes huellas de golpes incluso varios días después de ser detenidos.

Entre los testimonios recogidos por Indignación también se señala que a varios de los jóvenes detenidos los metieron debajo de las camas “estibados” unos sobre otros. Casi todos coinciden en señalar que en el edificio de la policía municipal los recibieron varios agentes con golpes mientras los iban bajando de la camioneta que los trasladó a este lugar, además de la ilegalidad que supone que hayan sido llevados precisamente a ese edificio y retenidos ilegalmente en él por más de ocho horas, incomunicados y sin respetárseles el derecho a realizar una llamada.

Ni el actual alcalde ni el actual titular de la policía municipal han hecho pública alguna investigación sobre los hechos para sancionar a los agentes que violaron derechos humanos, lo que de hecho lo hace incurrir ya en responsabilidad y debiera ser motivo suficiente para evitar su continuación en el cargo. Más aún, testimonios recabados entre quienes estuvieron detenidos en la policía municipal, indican que “altos mandos de la policía observaban mientras nos golpeaban”.

El asunto es más grave cuanto que la actual administración municipal encabezada por Manuel Fuentes solicitó expresamente a los jóvenes que se desistieran de sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán e incluso condicionó la reducción del monto de los daños a dicho desistimiento. Para el equipo Indignación, con esa acción el municipio de Mérida aceptó tácitamente la comisión de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Municipal e intentó obstruir una investigación para garantizarse impunidad.

La propia Codhey también ha contribuido a propiciar la impunidad al retrasar el resultado de sus investigaciones y la emisión de una recomendación. De hecho no ha realizado algún pronunciamiento relacionado con el desistimiento de algunos de los jóvenes que fueron presionados por el municipio de Mérida para hacerlo.

El actual Ayuntamiento de Mérida también ha incurrido en discriminación y otras violaciones a los derechos humanos al realizar operativos para detener, a través de razzias o redadas, a personas que se encuentran en el centro de la ciudad de Mérida, como denunciaron públicamente diversas agrupaciones en septiembre de 2006. Las razzias son siempre ilegales. Contravienen el artículo 16 constitucional que establece que nadie puede ser molestado en su persona ni en sus posesiones si no es por mandato escrito de la autoridad competente pero, además, implican discriminación pues la policía detiene a personas arbitrariamente, basada en su aspecto.

El Alcalde electo tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la administración anterior, sancionarlas y evitar la impunidad de quienes resulten responsables. Por el contrario, dar continuidad a un funcionario de seguridad pública acusado de participar y/o convalidar discriminación, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y tratos crueles que podrían constituir tortura sería una clara señal de que para la próxima administración municipal los derechos humanos tampoco son prioritarios.

Quien esté a cargo de la Policía municipal debe tener como principal tarea el garantizar seguridad pública de todas y todos los ciudadanos de Mérida, pero siembre bajo los más altos estándares de respeto a los derechos humanos, situación cuestionada y no esclarecida en el caso del todavía director de la Policía Municipal.

En tal virtud, Indignación hace un llamado al Presidente municipal electo para que reconsidere su decisión y designe para un cargo tan importante a una persona que no sólo tenga conocimientos en la materia, sino que cuente con la capacidad y la solvencia para desarrollar esta tarea con total respeto a la dignidad humana.

De igual manera le recordamos que, si de lo que se trata es de contar con una Policía Municipal eficiente y profesional, una de sus primeras acciones deberá ser la investigación de las violaciones a derechos humanos que han sido imputadas a la Policía municipal, empezando por las cometidas el día 13 de marzo.
El equipo Indignación se mantendrá atento a la actuación del próximo Alcalde en esta materia, pero desde ahora deploramos la intención de mantener en su cargo a una persona acusada de graves violaciones a los derechos humanos en hechos en los que, incluso, se ha intentado obstruir una investigación.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

ASUNTO: DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD

Sara Rubí González Alpuche

Titular del juzgado séptimo de Defensa Social

Quienes suscribimos la presente comunicación venimos por este medio a declararnos CULPABLES de participar en las diversas manifestaciones de repudio ante la presencia de George Bush en México. Por este medio declaramos y ratificamos que participamos en la manifestación que se realizó el martes 13 de marzo pasado en la ciudad de Mérida y/o en manifestaciones previas.

Enteradas(os) de que la principal inculpación contra las y los detenidos el martes 13 es haber participado en las manifestaciones contra Bush y que continúan detenidos(as) aunque no haya más indicios contra ellos que su presencia en dichas protestas o su presencia en la plaza grande y sus inmediaciones, nos sentimos obligadas/os a ponernos a disposición de la autoridad para que de inmediato se libre orden de aprehensión contra nosotras/os y seamos juzgadas/os tal como se está haciendo contra las personas detenidas o contra quienes, aunque obtuvieron derecho a fianza, continúan procesadas.

Ciertamente uno de los indicios que obran contra los detenidos, el ser jóvenes, no se aplica en todos nuestros casos, pero estamos seguras/os de que eso es una minucia que usted sabrá pasar por alto.

Verdad es también que algunos de los suscritos estuvimos en la marcha aunque no llegamos a la plaza grande, pero confiamos en que usted también sabrá pasar por alto ese detalle, toda vez que están detenidas personas que ni siquiera participaron en la manifestación ni expresaron su rechazo a la presencia de George Walker Bush a México.

Estamos, asimismo, enteradas/os de que usted les ha formulado a las personas detenidas preguntas relacionadas con su participación en la marcha, con el motivo de su malestar contra Bush e incluso les ha preguntado si saben qué quiere decir genocidio y si les consta que Bush es genocida. Esto, a nuestro juicio, revela que se está juzgando a las personas por su participación en la marcha y no por los ilícitos que ese día se cometieron (cristales y una puerta rota en el ayuntamiento).

A mayor abundamiento, una nota de un periódico local de fecha 23 de marzo sostiene que dejaron libres por falta de elementos a dos personas que comprobaron que no participaron en la manifestación. Bueno, pues QUIENES SUSCRIBIMOS LA PRESENTE SÍ PARTICIPAMOS EN LA MANIFESTACIÓN del martes 13 de marzo, a diferencia de algunas personas que continúan detenidas sin derecho a fianza y de otras que sí han tenido derecho a ese beneficio.

Una de las suscritas incluso se declara culpable de ser quien escribió la manta que reza “Bush, genocida”, misma que aportamos como prueba del hecho. Señora Jueza, aprovechamos la ocasión para informarle que prácticamente todo el mundo sabe que Bush es genocida y culpable de perpetrar este y otros crímenes de lesa humanidad. En el ataque contra Irak que él ordenó y durante la ocupación que mantiene aún en ese país ha ordenado se cometan innumerables asesinatos y sus soldados son responsables de actos de tortura contra detenidos.

Otra nota, ésta del martes 27 de marzo, expone un “dato que llama la atención” (a la jueza): “casi todos los jóvenes, al término de su declaración preparatoria, insistieron en que fueron por voluntad propia a la protesta del martes 13 por la visita de Bush a esta ciudad y que no conocen a los organizadores de la “protesta pacífica”.

El miércoles 28 de marzo, el Diario de Yucatán relata que “La jueza preguntó (a la madre de uno de los detenidos) si sabía que López Sierra iba a la marcha de protesta contra el presidente George W. Bush.”

A nuestro juicio, con esas expresiones usted no hace más que reiterar que considera un delito o bien indicio de responsabilidad la participación en la protesta.

Aprovechamos la ocasión para preguntarle si el país atraviesa por alguna situación particular que justifique la suspensión de las garantías individuales. De ser así, le agradeceríamos nos informara puesto que la Constitución establece como derecho tanto la manifestación de las ideas como el libre tránsito y la libertad de expresión, acciones por las que se ha juzgado a las personas detenidas. Acaso haya alguna situación de excepción de la cual no estemos enteradas/os.

Nos declaramos altermundistas —no globalifóbicas/os—. Nos declaramos culpables de desear otro mundo y de conspirar por todos los medios pacíficos a nuestro alcance para acabar con el sistema que ocasiona violaciones cotidianas contra los derechos más elementales de la mayor parte de la población. Y, sí, también nos declaramos culpables de desear, exigir y trabajar para que otra justicia sea posible en Yucatán.

Sabemos que usted no es competente para ordenar nuestra detención. Sin embargo hay suficientes indicios para suponer que las normas, los procedimientos, las leyes y los derechos no tienen vigencia en Yucatán:

A las personas detenidas se les han violado diversos derechos desde el momento de su detención la noche del martes 13, puesto que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas, torturadas, retenidas ilegalmente e incomunicadas, situaciones que usted no valoró al momento de dictar el auto de radicación, además de haber suficientes indicios para considerar que usted incurre en discriminación y en responsabilidad por su calidad de servidora pública.

Considerando todo lo anterior, respetuosamente le solicitamos tenernos por presentadas con este escrito y ordenar de una buena vez nuestra detención.

Mérida, Yucatán, México.
Viernes 30 de marzo de 2007

Cristina Muñoz Menéndez
Fray Tomás González
Martha Capetillo Pasos
Pedro Echeverría
Raúl Lugo Rodríguez
José Anastasio Euán
Silvia Chalé
Róger Aguilar
Luis Peniche Novelo
Gabriela Torres
Jorge Fernández

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

El día 13 de marzo del presente año, 48 jóvenes fueron detenidos en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, cuando finalizaba una manifestación pacífica en contra de la presencia de George Buh en nuestro país. La detención se dio minutos después de que un grupo reducido de personas destruyó un vidrio y arrancó macetas del Palacio Municipal de Mérida y se enfrentó a policías que resguardaban dicho recinto. Este hecho sirvió de pretexto para que los cuerpos policíacos arriba citados realizaran una razzia en la que detuvieron de manera indiscriminada a 48 personas, muchas de las cuales fueron víctimas de agresiones por parte de los elementos policíacos, tal como se puede observar en varios videos disponibles en esta página: http://www.bushsulfur.lunasexta.org (se ve mejor en Mozilla) situación que ha sido confirmada por este equipo de humanos al entrevistarse con varios de los detenidos, quienes relatan diversos casos de tortura física y psicológica, golpes, malos tratos y amenazas.

Después de su detención las personas fueron incomunicadas por aproximadamente 8 horas en las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública, en donde según diversos testimonios se sembraron diversas armas en las pertenencias de los detenidos. La incomunicación se prolongó cuando fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del estado, en donde por aproximadamente 20 horas no se les permitió tener contacto con familiares, abogado o persona de confianza. Sus declaraciones ministeriales se realizaron en sigilo para evitar que los detenidos pudieran contar con persona de su confianza. El día 15 de marzo, 28 personas fueron remitidas al Cereso de Mérida y puestos a disposición de los jueces primero, segundo, tercero y séptimo de defensa social del Primer Distrito Judicial con sede en esta ciudad. Los delitos de los que se les acusa son daño en propiedad ajena, ataques peligrosos, portación de arma prohibida, robo con violencia y robo en pandilla.

El próximo miércoles, los Jueces séptimo primero, segundo y tercero del fuero común determinarán la situación jurídica de las 28 personas que continúan detenidas, ante esta situación, y ante el temor fundado de que el poder judicial del estado convalidará las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los detenidos y dictará autos de formal prisión en su perjuicio, solicitamos se solidaricen con las personas privadas de su libertad a través del envío de la siguiente acción urgente a las autoridades sugeridas.

Para mayor información puede consultarse el informe preliminar sobre los hechos ocurridos el día 13 de marzo que se encuentra disponible en la página de web de indignación: www.indignacion.org.

CARTA TIPO.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de la República.

C. Patricio Patrón Laviada.

Gobernador del estado de Yucatán

Lic. Armando Villarreal Guerra.

Procurador General de Justicia del estado.

Magistrado Ángel Prieto Méndez.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

Del estado de Yucatán

Respetables funcionarios:

El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a Mérida, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. Muchos de los detenidos fueron golpeados y sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías aprehensores. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de dichas corporaciones, en donde permanecieron en estado de incomunicación por un lapso de aproximadamente 8 horas, tiempo en el cual y según diversas testimonios, a muchos de ellos les fueron sembradas armas. Durante el operativo, y según declaraciones de personas que se encontraban en la Plaza, los policías detuvieron de manera indiscriminada a gente que vestía de determinada manera. Incluso fueron detenidas personas que, sin haber participado en la manifestación, se encontraban de paso por la Plaza Grande.

Cuando fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia del estado se les negó, durante casi 20 horas, el derecho a comunicarse con sus familiares, abogados y/o personas de confianza, no se les hizo efectivo el derecho a realizar llamadas telefónicas, durante su declaración no contaron con una defensa adecuada y, en no pocos casos, existieron presiones para que se declararan culpables, amén del hecho inconstitucional de retener a menores de edad ante una autoridad que, según el artículo 18 constitucional, no es competente para ello. La procuraduría en ningún momento informó a los familiares de los delitos que se imputaba a los detenidos y fue hasta casi las dos de la mañana del día 16 de marzo cuando se comunicó a los familiares de la situación jurídica, teniendo como resultado la consignación de 26 personas por delitos como daño en propiedad, ataques peligrosos, portación de instrumentos prohibidos, robo con violencia y robo en pandilla.

En sus declaraciones preparatorias, la Juez Séptima, ante quien se remitió a 21 de las 26 personas consignadas, interrogó de manera tendenciosa a los procesados con preguntas como ¿te consta que George Bush es un genocida? ¿Sabes que quiere decir genocidio?, hecho que hace temer que dicha juzgadora definirá la situación jurídica de los procesados con base en sus opiniones políticas.

Ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, de ser así la acción de los órganos encargados de procurar y administrar justicia no sólo carecería de legalidad y credibilidad, sino que harían incurrir al Estado mexicano en responsabilidad internacional.

Por lo anteriormente señalado, atentamente solicitamos:

Al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado:

.- Con fundamento en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, se desistan de la acción penal ejercitada en contra de los detenidos el día 13 de marzo de 2007 y consignados a los jueces Séptimo, Primero, Segundo y Tercero del Primer departamento judicial del estado y al Consejo Tutelar para menores.

.- Se inicien las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las y los detenidos el día 13 de marzo del presente año.

Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado:

.- Garantice que el Poder Judicial del estado haga efectivos los derechos de presunción de inocencia y debido proceso establecidos tanto en la Constitución como el los principales tratados de derechos humanos.

.- Que en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, el poder judicial del estado no convalide las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las personas detenidas, dejando en libertad a toda aquella persona que haya sufrido violaciones a los derechos humanos durante la detención, incomunicación y puesta a disposición del ministerio público.

.- Que en la determinación de la situación jurídica de los procesados, los jueces se atenga al material probatorio y evite tomar determinaciones basadas en opiniones políticas.

La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la sociedad.

Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, nos despedimos de ustedes.

Atentamente.

FAVOR DE MANDAR SUS ACCIONES A:

Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Presidente de la República.

Fax: (+52) 55 52772376

Correo-e: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

C. Patricio Patrón Laviada.

Gobernador del estado de Yucatán

Fax: (+52) 9999 303124

Correo-e: atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx

patricio.patron@yucatan.gob.mx

Lic. Armando Villarreal Guerra

Procurador General de Justicia del estado

Fax: (+52) 999 9303267

Correo-e: armando.villareal@yucatan.gob.mx

Magistrado Ángel Prieto Méndez.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del estado de Yucatán

Fax: (+52) 999 9300650

Correo-e: presidencia@tsjyuc.gob.mx

FAVOR DE MANDAR COPIA A:

Amerigo Incalcaterra.

Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Correo-e: oacnudh@hchr.org.mx

Fax: (+52) 55 50 61 63 58

Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC.

Correo-e: derechoshumanos@indignacion.org

Fax: (+52) 999 9 137020

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a nuestro país, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. De lo documentado por diversos medios independientes de comunicación, de los testimonios de testigos presenciales de los hechos, de lo señalado por varios de los detenidos y del trabajo de observación y asistencia que este equipo de Derechos Humanos ha realizado, se desprenden las siguientes violaciones a los derechos humanos:

1.- En la detención no existió flagrancia: El operativo policíaco que culminó con la detención de 48 personas en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, se efectuó poco después de que se registraran destrozos en el palacio municipal. En tal virtud en dicho operativo se detuvo de manera arbitraria e indiscriminada a varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Según diversos testimonios, los policías priorizaron la detención de hombres y mujeres que vestían de determinada manera, lo cual implicaría que también existió discriminación.

2.- Existió brutalidad policíaca. Como se puede observar en diversos videos tomados por medios independientes de comunicación el día de los hechos (http://www.bushsulfur.lunasexta.org/), y corroborados por testimonios recabados por este equipo de Derechos Humanos, la gran mayoría de las y los detenidos fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía municipal y la Secretaría de Protección y vialidad.

3.- Hubo incomunicación. Una vez detenidas, las personas no fueron puestas a disposición inmediata del Ministerio público y fueron incomunicadas por más de 8 horas en las instalaciones de la Policía Municipal y de la SPV. Esta situación se perpetuó una vez que fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia del estado, en donde, por un lapso de aproximadamente 20 horas, se les impidió comunicarse telefónicamente y no se permitió a sus familiares, abogados y/o personas de confianza entrevistarse con ellos. La situación de incomunicación sólo se rompió ante la presentación de diversos amparos.

4.- Carecieron de defensa adecuada. Durante el lapso que estuvieron a disposición del Ministerio Público, no pudieron ser asistidos por abogado particular o persona de confianza, dado que el Ministerio Público negaba todo acceso a los detenidos. Este hecho viola el derecho a contar con una defensa adecuada en toda acusación de índole penal. Esta situación se vio agravada por la ausencia de eficacia de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, quien tampoco estuvo presente al momento de que los detenidos rindieron su declaración ministerial.

5.- Los menores de edad no fueron puestos a disposición del órgano facultado para ello. A pesar de que el artículo 18 constitucional establece que desde el 12 de septiembre de 2006 en todas las entidades federativas debe de estar operando un sistema integral de justicia para adolescentes, en Yucatán no se ha instalado aún dicho órgano, con lo cual todos los menores de 18 años que estuvieron a disposición del Ministerio Público y del Consejo Tutelar para menores, estuvieron ilegalmente detenidos, pues no son autoridades competentes para ello, de acuerdo con dicho precepto constitucional.

Sin lugar a dudas, los hechos ocurridos el día 13 de marzo en los cuales se destruyó un vidrio y diverso inmobiliario del Palacio Municipal de la ciudad de Mérida deben ser investigados y, en su caso, sancionados. No obstante dicha investigación no puede estar sustentada en medidas que violen los derechos humanos fundamentales, como sucede en el presente caso.

En tal virtud, y siendo que ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, este equipo de derechos humanos ha solicitado al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado, que se desistan de la acción penal ejercitada en contra de todas y todos los detenidos en el operativo del día 13 de marzo.

Esa facultad se encuentra establecida en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, que a la letra establece:

Artículo 345. Procederá el sobreseimiento:

…

III. Cuando el Ministerio Público desista de la acción penal ejercitadas. El escrito de desistimiento deberá ir suscrito por el Agente del Ministerio Público y el Procurador General de Justicia, o por el Subprocurador a quien se delega esta facultad, en términos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la ciudadanía. En tal virtud toda investigación por hechos probablemente delictivos carecerá de credibilidad si para su ejecución se violentan los derechos humanos básicos de la población.

Indignación también ha hecho llegar copia del escrito, junto con el informe preliminar elaborado por este equipo, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas; al Relator sobre la Independencia de Jueces y abogados de las Naciones Unidas y a la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos “Todos los derechos para todas y todos”, entre otros organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Informe Preliminar del Equipo Indignación sobre la actuación de elementos de seguridad en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en Mérida

Ante la detención arbitraria de 48 jóvenes en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida y ante diversas violaciones a los derechos humanos que incluyen golpes, malos tratos, retención ilegal e incomunicación, cometidas por instancias dependientes tanto del Gobierno del Estado como del municipio de Mérida el equipo Indignación emite un primer reporte de observación.

Daños registrados contra el edificio del Palacio Municipal, ocurridos en el marco de la manifestación contra Bush, motivaron un operativo policíaco. La documentación de este evento, así como la observación y seguimiento posterior, han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de abusos por parte de elementos de la policía de Yucatán y de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas.

El martes trece de marzo, en el marco de una manifestación contra la presencia de George Bush en Mérida, 48 jóvenes fueron detenidos en la plaza principal de Mérida y en calles cercanas, entre ellos 9 menores de edad.

La gran mayoría de los participantes se manifestó de forma pacífica durante todo el tiempo de la protesta, con excepción de algunos asistentes. Cuando la marcha llegó al centro de la ciudad, algunas personas rompieron cristales, puertas y una maceta del Palacio Municipal.

Después de que se registraron estos actos, elementos de la policía estatal y municipal iniciaron un operativo, se desplegaron por el centro de la ciudad y detuvieron de forma arbitraria a decenas de jóvenes.

Golpes, malos tratos y abuso de autoridad

Un video de Indymedia-Yucatán registra la forma en que agentes golpean a personas ya detenidas en el interior del palacio municipal.

Uno de los escasos familiares que pudo entrar a ver a su hijo más de 20 horas después de estar detenido, indicó que éste se encontraba golpeado y que estaba siendo presionado para declarar. Por otra parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que entró a ver a los detenidos a los edificios de la SPV y de la policía municipal, reporta que sí vieron jóvenes golpeados aunque no han precisado cuántos ni en qué condiciones se encontraban.

Detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos

La actuación de los elementos policíacos debe estar regida por los principios de finalidad, necesidad, debida motivación, proporcionalidad, no discriminación y excepcionalidad del uso de la fuerza.

Detenciones basadas en el aspecto implican discriminación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y las autoridades tienen la obligación de investigar si la actuación de los cuerpos policíacos se ciñó a los principios que regulan su actuación o si, como indican los primeros testimonios, efectivamente se detuvo a personas únicamente por ser jóvenes, por su forma de vestir o por su participación previa en otros eventos.

Las autoridades tienen la obligación de garantizar que las manifestaciones se lleven a cabo respetando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Actos de violencia o ilícitos que pueden darse en el contexto de una manifestación no exime a las autoridades de la obligación de actuar en absoluto apego a la legalidad y respetando de forma irrestricta los derechos humanos.

En el marco de la manifestación del martes 13 se registraron actos que causaron daños en el edificio conocido como Palacio Municipal. Este equipo también tiene conocimiento de la sustracción de la memoria de la cámara fotográfica de un reportero. Las autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar los hechos, pero es evidente que esa obligación debe realizarse en apego irrestricto a la legalidad y al respeto a las garantías individuales. En los hechos del martes 13 el equipo Indignación ha observado violaciones a las garantías individuales y a lo derechos humanos.

Flagrancia o redada

Al equipo Indignación le preocupa el abuso del concepto de flagrancia que pueda estarse usando para justificar el operativo realizado el pasado 13 de marzo: Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución contempla la flagrancia, también lo es que dicho precepto se refiere a alguien que haya sido plenamente identificado, situación que está cuestionada en el operativo realizado el pasado martes. Resulta inconstitucional que, sin previa identificación, se haya detenido a cuarenta y ocho personas bajo la figura de flagrancia, semejando más una razzia: en este caso en realidad se trató de una redada indiscriminada, en la cual los diversos cuerpos policíacos detuvieron a discreción a quienes todavía permanecían en el lugar de los hechos.

Resulta inaceptable que, ante un ilícito, los elementos policíacos incurran en abusos, malos tratos, conductas ilegales y violaciones a las garantías individuales. Deplorable resulta también el hecho de que se violen los derechos de cualquier persona detenida.

Continúan las detenciones

El equipo Indignación recibió reportes de que una persona fue detenida el miércoles por la mañana con relación a los hechos del martes por la noche, con lo que serían ya 49 las personas detenidas.

Retención ilegal

Una parte de los detenidos fue remitida al edificio de la policía municipal y otra al edificio de la S.P.V. y fueron retenidos ilegalmente en esos edificios más de ocho horas, contraviniendo el artículo 16 constitucional que obliga a poner de inmediato a los detenidos a disposición de una autoridad competente.

Con esa retención ilegal se violó también el derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7, fracción 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos:Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales…”

En la práctica, el tiempo de retención ilegal en los edificios de las policías estatal y municipal está encubriendo otra ilegalidad, puesto que la obligación del Ministerio Público de poner a disposición del juez a más tardar en 48 horas a los detenidos comienza a contar hasta que el MP los recibe, lo que ocurrió más de ocho horas después de que fueron detenidos.

Incomunicación

El equipo Indignación pudo constatar que las personas detenidas se encontraron en una situación de incomunicación, toda vez que, hasta la tarde del miércoles, llevaban cerca de 20 horas detenidas sin que se les permitiera tener comunicación con sus familiares, a quienes se les negó el acceso con el argumento de que se encontraban declarando. Es evidente que a los familiares también les preocupa en qué condiciones se están realizando las declaraciones. A partir de la tarde del miércoles sólo algunos pocos familiares han podido tener comunicación con los detenidos.

La situación de incomunicación también la indica el hecho de que, según las entrevistas realizadas a familiares que se mantenían en la Procuraduría, ellos no recibieron llamada alguna de los detenidos, lo que hace suponer que no se les permitió realizar la llamada a la que tienen derecho. Un abogado que asiste a varios de los detenidos a petición de sus familiares interpuso un amparo por incomunicación.

Incertidumbre jurídica

Hasta la tarde del miércoles el Ministerio Público ni siquiera había puesto en algún lugar visible todos los nombres de los detenidos y hasta la tarde del jueves 15, más de 40 horas después de que fueron detenidos, todavía no ha informado qué delitos les imputa, manteniendo en la incertidumbre jurídica a los familiares y a los detenidos.

Adicionalmente, este equipo considera que podría estarse violando, en detrimento de los detenidos, el principio de presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso judicial, máxime por la ya cuestionada flagrancia en la que ocurrió la detención.

La Codhey

Durante toda la mañana del miércoles 14 de marzo no se presentó al edificio de la procuraduría algún representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Uno de los visitadores llegó hasta cerca de las tres de la tarde, después de insistentes llamadas para reportarles que no se permitía a los familiares ver a los detenidos. Sin embargo, según reportó a este equipo el visitador, las autoridades de la procuraduría se negaban a atenderlo.

Al equipo Indignación le preocupa que la Codhey no utilice todas las facultades que tiene, que omita o retarde su presencia en momentos críticos y que no ponga en evidencia a las autoridades que obstaculizan su trabajo o no atienden sus requerimientos.

El hecho es todavía más grave ya que, tanto en la SPV como en la policía municipal, el argumento empleado para negar a los familiares ver a los detenidos fue que se encontraban adentro visitadores de la Codhey. A nuestro juicio la Codhey no puede tolerar que se use de pretexto su propio trabajo para negar un derecho elemental de los detenidos.

El equipo Indignación manifiesta particular preocupación debido a que la Codhey no cuenta con médicos capacitados para determinar la existencia de lesiones, tortura física o sicológica o cualquier otro tipo de lesión.

Integridad física

Una reportera resultó lesionada en las inmediaciones del hotel Fiesta Americana, lugar a donde llegó la manifestación de cerca de trescientas personas antes de regresar a Santa Ana, punto de partida, y de dirigirse a la plaza grande de Mérida.

Si bien la mayoría de los participantes se mantuvo manifestándose de forma pacífica, algunos asistentes tiraron piedras hacia el otro lado de una valla de tres metros de alto —acción que el equipo Indignación desaprueba y que pudo lesionar a algún agente— donde se encontraban elementos de seguridad con casco y escudos protectores.

Con gran preocupación este equipo expresa que del otro lado de la valla, donde únicamente podrían encontrarse elementos de seguridad ya que era una zona de acceso restringido, también se lanzaron piedras hacia el lugar en el que se encontraba la manifestación. Una de esas piedras hirió a una reportera que se encontraba entre los manifestantes.

Los elementos de seguridad que devolvieron las piedras ignoraron los principios que marcan su actuación, pusieron en riesgo la integridad física de los manifestantes —donde se encontraban únicamente civiles sin casco y sin escudo— e hirieron a una reportera.

Menores

Sobre los nueve menores detenidos, este equipo de derechos humanos hace notar el vacío legal en el que se encuentra en este momento el estado de Yucatán al no haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán.

Si bien es cierto que el día 1 de octubre de 2006 se publicó en el Diario Oficial del estado la Ley de Justicia para Adolescentes del estado de Yucatán, también lo es que dicho decreto, en su primer artículo transitorio, estableció un plazo de seis meses para su entrada en vigor, con lo cual, en la actualidad no existe un sistema integral de justicia para adolescentes, situación que viola lo establecido en el artículo 18 constitucional:

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con excepción de lo preceptuado en el artículo 142 de esta ley. (publicado el 12 de diciembre de 2005).

Por lo tanto todos los adolescentes detenidos se encuentran sujetos a un procedimiento ilegal e inconstitucional, puesto que el Ministerio Público del fuero común no es la autoridad competente para, en el caso de los menores, determinar la existencia de elementos que puedan constituir alguna de las conductas señaladas como delito por el Código Penal del estado, en virtud de que dicha facultad debiera recaer en un órgano especializado en justicia para menores que es inexistente en Yucatán.

Debido a la peculiar situación en la que se encuentra Yucatán en este momento ocasionada por una falta atribuible a los legisladores con relación a la ley de justicia para adolescentes, todas las y los menores detenidos deben ser puestos inmediatamente en libertad.

Conclusiones y exigencias

La ciudad de Mérida estuvo, desde los días previos a la llegada de George Bush, en un virtual estado de excepción y de restricción de garantías, entre otras la de libre tránsito y manifestación.

Los eventos ocurridos en la plaza principal de Mérida el pasado martes 13 de octubre han llevado a este equipo a corroborar la persistencia de violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de las personas que son detenidas en Yucatán.

Ilícitos ocurridos en el marco de una manifestación no justifican la violación de los principios que deben regir la actuación de los cuerpos policíacos. Mucho menos justifican represalias contra participantes en la manifestación.

El equipo Indignación exige una investigación inmediata de la actuación de los elementos de seguridad del estado que participaron en el operativo del martes 13 así como la sanción a cualquier abuso en el que hubiesen incurrido.

Exigimos, asimismo, respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran actualmente detenidas.

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Ante el próximo encuentro entre el Presidente de México y el de los Estados Unidos de Norteamérica que se realizará en Yucatán, el Equipo Indignación deplora la virtual suspensión de garantías individuales en el estado, exige al Presidente de México una disculpa pública por vulnerar libertadas, respeto irrestricto a los derechos humanos y solicita al presidente de la CNDH su presencia para documentar cualquier violación al derecho de libre expresión y manifiestación de ideas.
Asimismo el equipo Indignación hace notar que la administración del Presidente de Estados Unidos, George Bush, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario cometidas en perjuicio de diversos pueblos del mundo, siendo los casos más significativos los de Irak y Afganistán.
Asimismo se señalan las violaciones a los derechos humanos de migrantes mexicanos y de otras partes de latinoamérica, también responsabilidad de la administración del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se adjunta carta dirigida al presidente de la república y al presidente de la CNDH

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.

Promoción y defensa de los Derechos Humanos A.C.
Calle 17 S/N entre 20 y 22 Chablekal, Yucatán
C.P. 97305 / Tel 52 (999) 913 70 21
derechoshumanos@indignacion.org

C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

C. José Luís Soberanes Fernández.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Ante la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, este equipo de derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Organismos civiles de derechos humanos “todos los derechos para todas y todos”, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO. El C. George W. Bush es una persona non grata para un sector importante de la sociedad mexicana. Su administración ha sido responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cometidas en perjuicio de diversos pueblos del mundo, siendo los casos más significativos los de Irak y Afganistán, en donde miles de personas han muerto por las acciones bélicas efectuadas.

Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la actual administración estadounidense han quedado impunes. Los Estados Unidos de Norteamérica se han negado a aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional, lo que demuestra su desprecio hacia los derechos humanos y hacia las instancias que existen para impulsar su vigencia y combatir la impunidad.

Por cuanto hace a la relación con México, la administración Bush es responsable de violaciones a los derechos humanos de migrantes latinoamericanos y ha demostrado su total desprecio por la situación que viven miles mexicanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos, negándose a firmar un pacto migratorio que beneficie a quienes con su trabajo y esfuerzo han contribuido a consolidar la economía estadounidense. Por el contrario, durante su administración, se han endurecido las medidas en contra de los mexicanos y centroamericanos que pretenden cruzar la frontera. Es en este tiempo que se han recrudecido las acciones de grupos paramilitares que se dedican a cazar migrantes, ha militarizado su frontera y se ha iniciado el proyecto de construcción de un muro entre ambos países que retrata vivamente la discriminación que su administración tiene por los pueblos latinoamericanos.

SEGUNDO. Manifestamos nuestro rechazo absoluto por el virtual estado de sitio que padece la ciudad de Mérida y las Comisarías de Xcanatún, Abalá y Temozón, en donde militares mexicanos y estadounidenses han trastocado la vida comunitaria. Existe en los hechos una situación de suspensión de garantías y se están violando los derechos de libre tránsito, manifestación, expresión, privacidad e incluso seguridad personal. A grupos de manifestantes se les ha bloqueado el paso a determinadas calles de la ciudad de Mérida desde la semana pasada y a un manifestante incluso lo golpearon y empujaron de forma violenta cuando logró pasar por una de las vallas el pasado 7 de marzo, a un costado del hotel Fiesta Americana. Aunado a lo anterior, existe una clara cesión de la soberanía nacional puesto que cuerpos de seguridad estadounidenses operan con total libertad en territorio mexicano.

Resulta preocupante que el gobierno mexicano se subordine a los intereses y a la forma de operar de los Estados Unidos de Norteamérica y que para ello ponga en situación de riesgo a los ciudadanos mexicanos y afecte derechos humanos.

Por lo anteriormente señalado exigimos:

A. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población mexicana.

B. El respeto de nuestra soberanía y territorio.

C. Exigimos una disculpa pública por parte del Presidente de México por todas las restricciones a las libertades fundamentales que ya ha generado la visita del presidente de los Estados Unidos a suelo mexicano y que detengan de inmediato la continuación de estas restricciones.

D. Al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le solicitamos su presencia inmediata en esta ciudad de Mérida, para documentar la restricción de las garantías individuales que está sufriendo el pueblo yucateco y para documentar cualquier violación al derecho de libre expresión y manifestación de las ideas hacia quienes, en uso de nuestros derechos, nos manifestaremos por la presencia de George W. Bush en nuestro país.

Atentamente

Por Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Jorge Fernández Mendiburu

Martha Capetillo Pasos

No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por Yet Another Related Posts Plugin.