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“El pueblo de Kimbilá logró que se respete su derecho a elegir autoridades a través de la organización popular que desarrolló formas creativas de protesta y exigencia durante casi seis meses” expresó anoche el equipo Indignación al presentar a las y los habitantes de ese pueblo maya el informe de observación de derechos humanos que describe las violaciones en las que incurrieron diversas autoridades.

Ante una plaza llena, atenta y festiva, el equipo Indignación hizo un reconocimiento al Comité Ciudadano de Kimbilá, particularmente a las mujeres, y señaló que fue el propio pueblo quien tuvo a su cargo las acciones de defensa e incluso la documentación de las diversas irregularidades, violaciones y amenazas, como queda registrado en el video que acompañó la presentación.

Kimbilá vivó durante seis meses un conflicto derivado de la imposición de un comisario no electo por el pueblo. El Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, revocó el triunfo a la candidata que había resultado ganadora e impuso a quien quedó en segundo lugar, vulnerando con esto el derecho del pueblo maya a elegir a sus autoridades e incurriendo en responsabilidad.

Un grupo de mujeres encabezó un movimiento de resistencia exigiendo que se reconozca el triunfo de doña Feliciana Mex, quien finalmente cedió a diversas presiones y aceptó un cargo de gestora a cambio de reconocer al candidato impuesto en diciembre pasado.

Sin embargo, las y los habitantes repudiaron el acuerdo y comenzaron a exigir la realización de nuevas elecciones, sosteniendo que el derecho a elegir es del propio pueblo.

Al anunciarse que se realizarán nuevas elecciones en Kimbilá, organizadas por el Instituto de Procedimientos Electorales del estado, el equipo Indignación cerró una etapa del proceso de observación de derechos humanos y entregó a las y los habitantes de ese pueblo maya un informe titulado “El derecho a elegir autoridades”.

El informe documenta la responsabilidad del Gobierno del estado, cuya intervención avaló el agravio cometido contra el pueblo de Kimbilá por el Alcalde de Izamal.

Asimismo, el informe señala la responsabilidad del Congreso del Estado que incumplió el compromiso adquirido ante el Comité Ciudadano de Kimbilá que le solicitó su intervención.

También se subraya que la legislación actual es discriminatoria pues no reconoce ni protege los derechos del pueblo maya, continúa considerando a los comisarios como “autoridades auxiliares” del Cabildo y deja las elecciones de comisarios en manos de los Ayuntamientos.

El informe inició con la presentación de un video editado por el equipo Indignación a partir de imágenes filmadas por integrantes del Comité Ciudadano de Kimbilá:

Integrantes de Indignación expresaron que encuentran muchos aprendizajes en el proceso desarrollado por el pueblo de Kimbilá para exigir respeto a sus derechos, principalmente su determinación de actuar de forma colectiva y organizada, sin caer en las trampas de negociaciones que se dan a espaldas del pueblo.

“Gane quien gane las elecciones, Kimbilá ya ganó pues logró que se respete el derecho y la dignidad del pueblo”, concluyó Indignación.

Descarga el informe completo en formato .pdf

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El Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, anunció desde el pasado 19 de enero la realización de nuevas elecciones para Kimbilá, comisaría que vive un conflicto derivado de la imposición de una autoridad no elegida por el pueblo y cuyos habitantes han mantenido un movimiento reivindicando su derecho a elegir autoridades.

A juicio del equipo Indignación, la realización de nuevas elecciones abre la vía para restituir el derecho vulnerado y resolver el conflicto. Sin embargo han pasado ya tres semanas desde el anuncio hecho por el Alcalde y todavía no se ha emitido la convocatoria para la realización de nuevas elecciones.

El tiempo transcurrido sin que se concrete el compromiso, en una población que ha vivido por largos meses el conflicto ocasionado por la imposición de un comisario, genera condiciones que ponen en riesgo la seguridad de las y los habitantes.

La ausencia de una autoridad legítima, las actuaciones de otros servidores públicos, así como la confusión generada por quien, aparentemente, todavía se ostenta como comisario, entre otras circunstancias, han ocasionado situaciones de enfrentamiento entre la población y de nuevas violaciones a sus derechos.

Tenemos conocimiento de que en días pasados el enfrentamiento llegó incluso a agresiones físicas y verbales cometidas por simpatizantes de un grupo cercano a quien se ostenta como comisario en contra de dos jóvenes, quienes ya han denunciado el hecho.
Por el trabajo de observación de derechos humanos que realiza Indignación en Kimbilá, y como parte del acompañamiento a quienes han mantenido el movimiento para lograr el respeto a sus derechos, estuvimos presentes en una reunión que se realizó en el Palacio Municipal de Izamal el pasado 22 de enero y fuimos testigos de los compromisos que el Alcalde adquirió frente a la comisión de ciudadanas y ciudadanos de esa comisaría.

El equipo Indignación ha dirigido una carta al Alcalde de Izamal recordándole que tiene la obligación de garantizar la integridad física de las y los habitantes de Kimbilá y señalándole la responsabilidad que tiene por el retraso en la publicación de la convocatoria para nuevas elecciones.

En esa misma comunicación le hemos exigido emitir, a la brevedad, y respetando las condiciones acordadas con la Comisión de ciudadanos y ciudadanas de Kimbilá, el reglamento y la convocatoria para la realización de nuevas elecciones, así como garantizar la seguridad de los y las habitantes de Kimbilá y abstenerse de intervenir de cualquier modo a favor de cualquier persona que pretenda ser candidato o candidata a comisario o comisaria.

Asimismo, el día de hoy hemos dirigido una carta al IPEPAC solicitándole información sobre el proceso de diálogo que el Alcalde ha iniciado con ese organismo, los alcances de su participación en la organización de las elecciones en Kimbilá y preguntándoles si, como el Alcalde ha mencionado, es atribuible al IPEPAC la dilación en la emisión de la convocatoria respectiva.

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Frailes franciscanos de Izamal que se han solidarizado con la lucha del pueblo de Kimbilá por el derecho a elegir a sus autoridades denunciaron ante el equipo Indignación que han recibido amenazas provenientes de gente cercana al Presidente Municipal, Roberto Rodríguez Assaf.

En Kimbilá se mantiene un movimiento popular contra la imposición después de que en las elecciones de comisario realizadas el pasado 28 de septiembre, el Alcalde de Izamal desconoció a doña Feliciana Mex, quien obtuvo la mayoría de los votos, e impuso al candidato que quedó en segundo lugar, violando el derecho del pueblo a elegir a sus propias autoridades.

Si bien las amenazas contra los frailes se hicieron de forma velada y a través de personas que expresan aprecio por los franciscanos, el equipo Indignación deplora cualquier intento de coartar las libertades fundamentales y de inhibir el derecho a la libre expresión y manifestación de la ideas.

Dos personas cercanas al Alcalde de Izamal se acercaron a los frailes durante los últimos días de diciembre, en dos ocasiones distintas, para manifestar que los aprecian y que por eso querían alertarlos sobre posibles actos contra ellos. Una de esas personas expresó que en el Ayuntamiento se dice que podrían hacer publicaciones sobre ellos y difamarlos. La segunda persona le dijo a uno de los frailes que tuviera cuidado pues en el Ayuntamiento se menciona que pueden sacarlo de la carretera.

Estas amenazas se suman a las denuncias penales que enfrentan 18 personas de Kimbilá que participan en las protestas y que este equipo de derechos humanos interpreta como una forma de intimidación y de uso faccioso de las instituciones.

Los frailes comunicaron las amenazas a integrantes del equipo Indignación el pasado 30 de diciembre en Kimbilá, durante la celebración popular de fin de año que incluyó la quema de un muñeco que representaba la imposición y la corrupción.

Ahí mismo el equipo Indignación dio a conocer la denuncia que acababa de recibir de los religiosos franciscanos y lamentó el incumplimiento del Congreso que no ha realizado aún la mesa de diálogo ofrecida al pueblo de Kimbilá, lo que mantiene en riesgo la seguridad de la población, que ahora también enfrenta amenazas.

Desde el pasado 13 de diciembre, diputadas y diputados de todos los partidos se comprometieron a crear una comisión plural y a instalar una mesa de diálogo. En Kimbilá las y los habitantes todavía esperan que los legisladores cumplan su palabra pues ofrecieron instalar la mesa el 17 de diciembre pero hasta la fecha no se han comunicado para explicar el retraso.

El Palacio Municipal se mantiene vacío y custodiado por la policía del Estado desde el pasado 12 de diciembre, cuando el comisario impuesto intentó ocupar Palacio y la población lo impidió.

Ese día se llegó al acuerdo de que, en tanto no se resuelva el conflicto, ni el comisario impuesto ni los manifestantes ocuparían el palacio municipal, el cual, como parte del acuerdo, se mantiene custodiado por elementos de la policía del Estado toda vez que la policía municipal hostiga a la población. El comisario impuesto por el Alcalde de Izamal despacha en un local acondicionado como oficina.

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Comunicado del equipo Indignación A.C.

Diputadas y diputados de la LVIII legislatura incumplieron el compromiso de crear una comisión plural e instalar una mesa de diálogo para lograr que se respete el derecho del pueblo de Kimbilá a elegir a sus propias autoridades y resolver el conflicto que ha ocasionado la ilegal intervención del alcalde de Izamal en la designación del comisario.

El incumplimiento de la legislatura se suma a la serie de agravios que ha sufrido la población de Kimbilá y que iniciaron a raíz de que el Presidente municipal de Izamal se negó a reconocer a la candidata ganadora de las elecciones comisariales, imponiendo a quien quedó en segundo lugar. A partir de esa situación los habitantes de Kimbilá han
reivindicado su derecho a elegir a sus propias autoridades, sin encontrar eco en ninguna autoridad municipal o estatal.

En una reunión sostenida en el Congreso con habitantes de Kimbilá –la cual atestiguaron integrantes del equipo Indignación– el pasado 13 de diciembre, diputados y diputadas del PRI, PRD, PAN y de la coalición “Todos somos Yucatán” se comprometieron a integrar una comisión plural debido a que en la comisión de desarrollo municipal únicamente hay
diputadas y diputados del PRI y del PAN.

El compromiso fue que crearían dicha comisión el lunes 17 de diciembre y que ese mismo día acudirían a Kimbilá para instalar la mesa de diálogo que pudiera contribuir a resarcir los agravios ocasionados al pueblo de Kimbilá.

Ayer lunes 17 de diciembre, hasta las siete de la noche, ningún diputado o diputada se había comunicado con habitantes de Kimbilá que estuvieron en dicha reunión, a pesar de que desde la mañana estos últimos se comunicaron con el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso para preguntar a qué hora se instalaría la mesa de diálogo.

Fue hasta después de las siete de la noche cuando la diputada Bertha Pérez, del PRD –que no forma parte de la Comisión Municipal pero que se integraría a la plural–, se comunicó con integrantes del equipo Indignación para comunicar que la Comisión de Desarrollo Municipal no sesionó por falta de Quórum, de forma que ni se integró la comisión plural ni se acudiría a Kimbilá ni se instalaría la mesa de diálogo ni hay fecha para otra reunión próximamente.

Las y los diputados han sido enterados formalmente de las actuaciones ilegales en las que ha incurrido el alcalde de Izamal, de los agravios cometidos contra el pueblo de Kimbilá, así como de las agresiones y amenazas que han vivido sus habitantes y del tenso ambiente que prevalece, situaciones que ponen en riesgo la integridad física del las y los habitantes de este pueblo maya.

El incumplimiento de las y los diputados no sólo favorece la continuación de violaciones contra habitantes de este pueblo maya, sino que pone en riesgo la seguridad de sus habitantes y entorpece la búsqueda de soluciones pacíficas en las cuales han insistido quienes, en Kimbilá, exigen el respeto a su derecho a elegir a sus propias autoridades.

En virtud de lo anterior, este Equipo de derechos humanos responsabiliza al legislativo del estado, al Presidente municipal de Izamal y al Gobierno del Estado de cualquier situación de violencia que se pudiera generar en la entidad ante la imposibilidad de encontrar salidas institucionales para destrabar el conflicto. La responsabilidad de los diputados deriva de las obligaciones que éstos tienen como servidores públicos y representantes populares. Más aún cuando el conflicto también es consecuencia de un normatividad que no establece reglas claras para garantizar que las elecciones de comisarios se efectuarán de acuerdo a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.

Por otra parte, este equipo deplora que el Presidente municipal de Izamal esté utilizando mecanismos de presión para reprimir las expresiones de inconformidad de la población, pues según testimonios de los pobladores el ministerio público de Izamal –que depende del Ejecutivo estatal- ha enviado citatorios a 18 personas para que se presenten a declarar ante la agencia de Izamal. Las 18 personas son parte de quienes han protestado por la intervención del alcalde, con lo cual existe el riesgo evidente de que se utilicen los aparatos de justicia penal para reprimir y criminalizar un movimiento de reivindicación de  derechos. La utilización de los órganos encargados de procurar justicia para inhibir expresiones de inconformidad social fue una de las prácticas más deleznables de la administración estatal anterior, y vemos con preocupación que existe el riesgo de que la
actual administración incurra en esa forma de represión. 

 Igualmente violatorio a derechos humanos resulta el hecho de que el Presidente municipal haya retirado la ambulancia de la comisaría, lo que se interpreta como medio de castigo para los ciudadanos inconformes. Según testimonios de varios pobladores de Kimbilá, la  ambulancia sólo está disponible para quienes son afines al comisario impuesto por el Presidente municipal, con lo cual se pone en riesgo la salud y la integridad física de la población, en un acto que podría constituir responsabilidad administrativa y penal de Presidente municipal.

Por lo anteriormente señalado, este equipo de derechos humanos exige:

Que en cumplimiento de los acuerdos celebrados el día 13 de diciembre entre pobladores de Kimbilá y diputados de las diversas fuerzas parlamentarias, se efectúe a la brevedad posible la mesa de diálogo que permita finalmente restituir los derechos que han sido violados al pueblo de Kimbilá.

Que el gobierno del estado se abstenga de utilizar a la Procuraduría de Justicia para inhibir el ejercicio de derechos y reprimir las expresiones de inconformidad que son producto de ilegalidades cometidas por las autoridades municipales.

Que se respete el derecho a la salud de los integrantes y se les restituya el servicio de ambulancia, puesto que negarse a brindar un derecho fundamental a la población implica violaciones graves a derechos humanos que son motivo de responsabilidad política,
administrativa y penal.

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Comunicado del equipo Indignación A.C.

El derecho del pueblo de Kimbilá a elegir a sus autoridades está siendo vulnerado por la intervención ilegal del presidente municipal de Izamal, en tanto que omisiones y acciones de ese Ayuntamiento, del Gobierno del Estado, así como de la legislatura anterior y de la actual, ponen en riesgo la seguridad de las y los habitantes de esa comisaría.

El Alcalde de Izamal incurrió en diversas responsabilidades en la organización de las elecciones para comisario de Kimbilá ya que en éstas no garantizó la libertad ni la equidad en la contienda e hizo campaña a favor de uno de los candidatos. Posteriormente, al resultar ganadora una mujer, incurrió en acciones ilegales al quitarla e imponer al candidato que quedó en segundo lugar, lo que también podría configurar discriminación de género.

El 28 de septiembre del presente año se efectuaron elecciones para elegir comisario de Kimbilá, municipio de Izamal, Yucatán, en las cuales resultó ganadora Doña Feliciana Mex. A pesar de ello, el Presidente municipal de Izamal, Roberto Antonio Rodríguez Asaf, desconoció el proceso electoral e impuso al C. Rogelio Can bajo el argumento de que la candidata ganadora no estaba en el padrón electoral. A raíz de esta situación inició un conflicto post electoral que ha durado casi tres meses y en el cual se han generado situaciones que ponen en riesgo la integridad de las y los habitantes de Kimbilá.

La tensión que a lo largo de estos dos meses se ha vivido en Kimbilá se acentuó el día 12 de diciembre, cuando el comisario no electo intentó tomar posesión del palacio comisarial, generando una situación de enfrentamiento entre la mayoría de la población y la policía municipal de Izamal que protegía al candidato impuesto. Finalmente y después de un largo período de negociación, se acordó que nadie se quedaría en el palacio y que éste quedaría a resguardo de la policía del Estado, hasta en tanto no se resolviera el conflicto post-electoral. Este acuerdo estuvo a punto de fracasar el 14 de diciembre toda vez que la policía estatal se ausentó por un período que estuvo a punto de generar un nuevo enfrentamiento entre policía municipal y habitantes de Kimbilá.

La candidata ganadora, Doña Feliciana Mex, después de diversas agresiones, amenazas y ofertas, ha desistido de continuar exigiendo el respeto al resultado electoral, mientras que vecinas y vecinos de Kimbilá, independientemente del desistimiento de doña Feliciana, continúan exigiendo que sean los propios habitantes quienes elijan a su autoridad y que cesen los agravios hacia su pueblo.

El 13 de diciembre de 2007, una comisión de ciudadanos de la Comisaría de Kimbilá se reunió con una comisión plural de legisladores integrada por los Diputados Jorge Carlos Berlín Montero, Víctor Chi Trujeque y Elsa Sarabia Cruz, del PRI; Carlota Storey Montalvo, del PAN; Bertha Pérez Medina del PRD y Doris Candila Echeverría del PTSY, para plantearles nuevamente la urgente necesidad de establecer vías para resolver el conflicto generado por la ilegal intervención del alcalde de Izamal.

Hicieron entrega de un documento, avalado por aproximadamente mil firmas de habitantes de Kimbilá, en el cual solicitan: a) Nuevas elecciones, bajo los principios de equidad e imparcialidad, en las cuales se respete la voluntad popular; b) Que sea la policía del estado la que resguarde el palacio de la comisaría hasta en tanto se resuelva el conflicto; c) Que en el espacio de negociación que se genere estén presentes, además del presidente municipal de Izamal, diputados de todas las fracciones parlamentarias y funcionarios estatales para garantizar un mínimo de equidad. Durante la reunión también se exigió que las negociaciones se efectuaran en Kimbilá, de tal manera que las autoridades que participen en la mesa de negociación pudieran percatarse del clima que se vive en la entidad. Estas mismas peticiones fueron hechas, momentos antes, a la gobernadora del estado a través de la Oficialía de partes del ejecutivo.

Las y los diputados presentes en la reunión se comprometieron a establecer el próximo lunes 17 una mesa de diálogo para llegar a una solución pacífica.

El equipo Indignación considera que:

A. Existe violación a los derechos políticos de los habitantes de Kimbilá, puesto que el Presidente municipal desconoció a la candidata ganadora e impuso ilegalmente a quien quedó en segundo lugar sin tener atribuciones para ello, pasando por alto la voluntad del pueblo.

B. Existe violación al derecho que tienen los pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya, a elegir a sus propias autoridades, derecho que se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución del estado de Yucatán.

C. El alcalde de Izamal podría haber incurrido en discriminación de género, puesto que, además, se privó de manera arbitraria a una mujer que había ganado las elecciones para comisario/a.

Vemos con preocupación que ante el creciente descontento de la gente de Kimbilá, el presidente municipal de Izamal ha pretendido utilizar la provocación para generar una situación de mayor tensión y enfrentamiento en la población. Resulta urgente e indispensable que las y los diputados, así como las autoridades del Gobierno del Estado atiendan finalmente un conflicto en el que también tienen responsabilidad. El Gobierno del Estado incluso intervino en negociaciones que no sólo omitieron partir de las violaciones cometidas contra el pueblo de Kimbilá, sino que las avalaron.

El actual agravio contra el pueblo maya también se deriva de actuaciones de la legislatura anterior y de la actual por la creación de ordenamientos que no reconocen plenamente los derechos del pueblo maya o que dificultan el pleno ejercicio de estos derechos, así como por la ausencia de una normatividad que establezca un procedimiento claro en las elecciones para Comisaria/o

El derecho de los habitantes de las comisarías a elegir a sus propias autoridades se reconoció en la Constitución local a partir de la modificación derivada de las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal. Sin embargo esta modificación exhibe graves limitaciones que ya antes había señalado este equipo puesto que continúa llamando autoridades auxiliares del municipio a los comisarios y deja a los Ayuntamientos la reglamentación que ampare el proceso de elección de las autoridades, con lo cual existe el riesgo de que los presidentes municipales manipulen las elecciones de comisarías, como ha sucedido en Kimbilá y en otras elecciones anteriores como en Libre Unión.

Es indispensable que el legislativo fortalezca la normatividad, cubra las lagunas existentes y dé a las elecciones de comisarios/as el rango que merecen, pues pareciera ser que las elecciones a comisarios son de segunda categoría, con lo cual también se evidencia discriminación hacia el pueblo maya.

Cualquier negociación que se realice para destrabar el conflicto tiene que partir del reconocimiento de las violaciones que diversas autoridades han cometido en este proceso y deslindar las responsabilidades de tal forma que se garantice que ninguna acción ilegal de algún funcionario público quedará impune.

Es obligación de las y los diputados y del Gobierno del Estado contribuir a la resolución de este conflicto reconociendo y resarciendo las violaciones generadas a la población. De no ser así, se sentaría un peligroso precedente que impulsaría a otros presidentes municipales a violar derechos del pueblo maya y derechos civiles y políticos de las y los habitantes de las comisarías yucatecas.

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