Campaña ¡No lo aceptamos!

Comunicado Conjunto de Infancia Común A.C., la Red por los Derechos de la Infancia,
Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Establecer una sentencia que implique un compromiso con la infancia, que esté de acuerdo con los más altos estándares en materia de derechos humanos, que implique resarcimiento del daño y combata la impunidad para que garantice que estos hechos no se repetirán es la petición que planteamos cuatro organizaciones, tres de ellas nacionales, ante los Magistrados que revisan el caso de la antigua Escuela Social de Menores Infractores.

Infancia Común, la Red por los Derechos de la Infancia, Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos hemos seguido con atención el caso de los tratos crueles e inhumanos y graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que entre noviembre de 1997 y agosto de 2001, estuvieron bajo la responsabilidad del Estado en la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán.

Como parte de este seguimiento en febrero pasado presentamos un Amicus ante los magistrados locales, para exponer la necesidad de que la sentencia atienda los más altos estándares y criterios internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye la reparación del daño a la infancia agraviada y castigo a las personas responsables de violar derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia revisa actualmente la sentencia de la juez sexta que justificó los abusos y únicamente estableció una sanción de tres años para Rocío Martel, exdirectora y responsable directa, conmutables por diecinueve mil pesos, así como de un mes para su chófer, por encubrimiento.

A ocho meses de haber presentado el Amicus, y cuando se han vencido ya los tiempos para que el Tribunal emita su sentencia, hemos venido a entrevistarnos con los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para reiterarles la exigencia de combatir la impunidad, particularmente en este caso al que somos tan sensibles como sociedad porque agravia a la infancia, por el tipo de violaciones cometidas y por la responsabilidad del Estado en estas violaciones.

Las adecuadas sanciones ante graves violaciones a derechos humanos son una forma de evitar la impunidad e impedir que hechos tan atroces como los sucedidos en la Escuela Social vuelvan a cometerse.

Asimismo, hemos señalado la obligación que tiene el Estado, en este caso los órganos judiciales correspondientes, de garantizar plenamente y de manera integral la reparación del daño causado a las víctimas de estas violaciones, tomando en consideración, para ello, el criterio establecido por el derecho intencional de los derechos humanos que obliga a considerar a las autoridades la reparación material, moral y al proyecto de vida.

Recordamos que Rocío Martell López es responsable de que niños y niñas fueran obligados a comer alimentos para cerdos, golpeados en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; encerrados en celdas por lapsos de hasta 15 días; tocados y lastimados en sus órganos genitales como medio de castigo o amenaza; humillados con disfraces, impedidos para comer hasta por lapsos de 3 días, impedidos para ver a sus familiares; amarrados a árboles, amenazados con ser trasladados al Cereso de la entidad y con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), obligados a consumir psicotrópicos y otros medicamentos sin prescripción médica ni control, y otras graves violaciones a la integridad física y psicológica, todo esto documentado en la recomendación 10/2002 de la CNDH.

Para las organizaciones que ahora estamos aquí, este caso exhibe graves y diversas violaciones a los derechos humanos:

1.- Tortura, vejaciones, tratos crueles, castigos inhumanos y degradantes e, incluso, abuso sexual.

2.- Negación al derecho a la justicia pronta y expedita.

3.- Ausencia de reparación del daño.

Estamos alarmados por el comportamiento de las instancias responsables de la justicia en el Estado, por la facilidad con la que la juez justificó dichas violaciones a partir de argumentar buenas intenciones por parte de la responsable, por el tiempo que ha transcurrido para dar respuesta a los argumentos de las organizaciones civiles que demandamos medidas ejemplares para que nunca más una autoridad pública ejerza violencia y porque se trata de una población particularmente vulnerable por su edad y desventaja ante los adultos.

Ante esta situación hemos decidido vincular con este caso la campaña nacional contra la violencia y la explotación infantil que actualmente realiza Infancia Común A.C. Nuestra presencia en Yucatán obedece a esa campaña y a nuestra decisión de entrevistarnos con los magistrados sobre el caso de la antigua Escuela Social.

Con la campaña queremos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen dignidad y por eso, la ausencia de justicia en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores

¡SIMPLEMENTE NO LA ACEPTAMOS!

Como parte de la campaña el día de hoy divulgaremos en Mérida información y material contra la violencia y la explotación sexual infantil.

Hacemos un llamado a que todos los yucatecos y a todos los mexicanos a sumarse a esta demanda de justicia y a la campaña.

El hogar y las instituciones gubernamentales deben ser un resguardo para la protección de la infancia y no un lugar peligroso, así que a través de la campaña convocamos a las y los adultos a:

1.- Dejar de ver como algo natural los golpes, los gritos, las ofensas, la falta de atención.

2.- A buscar métodos para educar sin violencia física, verbal ni de otro tipo y

3.- A conformar en sus comunidades redes que protejan a los niños de los adultos que abusan de su condición de fuerza y experiencia. Los niños y las niñas no son propiedad privada, ni siquiera de sus padres.

Ejercer violencia física, sexual y psicológica en nuestras casas, en las escuelas, en la calle o en cualquier lugar, atenta contra la dignidad de nuestros hijos e hijas, los afecta toda su vida y favorece otras formas de violencia grave como la explotación sexual comercial infantil. La campaña tiene como objetivo crear conciencia y modificar esta realidad tan dolorosa.

Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2008

Red por los derechos de la Infancia en México, Equipo Indignación A.C., Infancia Común A.C. y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

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H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán

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Comunicado conjunto de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Infancia Común A.C., la Red por los derechos de la Infancia y el Equipo Indignación

(Documentación en formato PDF al final del texto)

Ante la inminente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán sobre el caso de los abusos, tortura y otros tratos crueles cometidos contra niñas y niños internos de la antigua Escuela Social de Menores Infractores, cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos presentamos ante los magistrados un escrito de Amicus a favor de la infancia agraviada.

La figura del Amicus Curiae (amigo de la Corte) es un medio de participación ciudadana que permite a diversos sectores de la sociedad emitir una opinión en torno a un tema que es de interés público y que está siendo del conocimiento de los Tribunales.

El Equipo Indignación; la Red Nacional de Organismos civiles de derechos humanos “Todos los derechos para todas y todos”; Infancia Común AC y la Red por los derechos de la Infancia, estas tres últimas organizaciones nacionales que agrupan a más de 120 grupos y organismos de todo el país, consideramos que la sentencia no refleja la gravedad de los delitos cometidos contra un sector particularmente vulnerable, como lo es la infancia.

A través del Amicus exponemos argumentos legales desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, ratificada por el Estado Mexicano, por lo cual éste está obligado a poner todos los medios necesarios para que se respeten los derechos ahí reconocidos.

El Amicus se presentó con el objetivo de que en la resolución que se emita dentro de esta segunda instancia, se utilicen los estándares más altos de protección para aquellos niños y niñas que sufrieron violaciones a derechos humanos por parte de autoridades del estado de Yucatán

Las organizaciones firmantes hemos expresado ante los Magistrados que durante el juicio no se protegió el principio internacional y constitucional del “interés superior del niño” y en la propia sentencia la Juez, Rubí González Alpuche, justifica los abusos expresando que la acusada violentó derechos de los menores “con el afán de corregirlos”.

“…empero, tomando en consideración que su intención al llegar a esos excesos, fue con una clara intención de hacer recapacitar a los menores (…) considerados “menores incorregibles” (…) provenientes de familias totalmente disfuncionales (…) la acusada con el afán de corregirlos, rebazó (sic.) los límites de su autoridad, llegando al grado de violentar los derechos de los menores…empero tampoco pasa inadvertido para esta autoridad, el hecho de que la acusada, en el desempeño de su encargo, hubiera regresado por el “buen camino”, por así decirlo a varios de los internos de la referida Escuela.” (Énfasis añadido)

En el escrito expresamos la necesidad de que la Sala Penal modifique las penas impuesta de acuerdo a la gravedad de los hechos delictivos cometidos por los entonces funcionarios.

Las adecuadas sanciones ante graves violaciones a derechos humanos son una forma de evitar la impunidad, e impedir que hechos tan atroces como los sucedidos en la Escuela Social vuelvan a cometerse.

Asimismo, hemos señalado la obligación que tiene el Estado, en este caso los órganos judiciales correspondientes, de garantizar plenamente y de manera integral la reparación del daño causado a las víctimas de estas violaciones, tomando en consideración, para ello, el criterio establecido por el derecho intencional de los derechos humanos que obliga a considerar a las autoridades la reparación material, moral y al proyecto de vida.

El caso de la escuela social de Menores Infractores data del año de 2001, cuando a raíz de diversas denuncias presentadas por familiares de niños y niñas internos en dicha institución, Indignación presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En abril de 2002, la CNDH emitió una recomendación que documentaba graves violaciones a derechos humanos cometidas por la entonces Directora de esa Escuela social, Rocío Martel, ante la complacencia y complicidad de otros funcionarios de la institución: obligaban a los niños a comer alimentos para cerdos, los golpeaban en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos y los encerraba en celdas por lapsos de hasta 15 días.

La CNDH también documentó que la entonces directora le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestía a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al Cereso de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control.

A raíz de esa recomendación se inició un largo proceso penal en el Juzgado Séptimo de Defensa Social del Estado, en el cual los niños y niñas denunciantes estuvieron sujetos a otro tipo de situaciones de violencia, pues se les obligó a carearse con sus victimarios sin ningún tipo de medida protectora y muchos de ellos recibieron amenazas por parte de la ex directora Rocío Martel, lo que llevó a varios de los denunciantes a desistirse de sus acusaciones.

Casi cuatro años después de iniciado el juicio, en agosto de 2007, la Juez Séptimo emitió su sentencia, en la cual y a pesar de la gravedad de los hechos cometidos, sólo sentenció a la ex directora a dos años de prisión, conmutables por 19 mil pesos, y al que era su chofer a un mes de prisión conmutables por 500 pesos. Todos los demás funcionarios implicados fueron exonerados, considerando la Juez que los afectados por estas violaciones no eran acreedores a que se les reparara el daño.

Ante estos hechos, tanto la Procuraduría de Justicia del estado como una de las Coadyuvantes presentaron sendas apelaciones ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de que dicho cuerpo colegiado revise la actuación y la sentencia de la Juez.

No obstante, y dada la gravedad del caso y el sector social que ha sido vulnerado, en este caso la infancia, las organizaciones firmantes consideramos que la resolución que en su momento emita el tribunal revisor va más allá de los casos particulares, pues reflejará cuál es la política pública con la cual los órganos de Estado atienden las necesidades de la infancia y cuáles los criterios que guían a los órganos judiciales para aplicar las medidas protectoras a favor de los niños y niñas a las que obliga tanto la Constitución como la Convención sobre los derechos del niño, de Naciones Unidas.

Asimismo, la sentencia en cuestión determinará el grado de tolerancia que el Estado tiene hacia las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los sectores más vulnerables y, en esa medida, la posibilidad o no de que estos hechos vuelvan a repetirse.

Casos como el de la antigua Escuela Social de Menores en Yucatán han sido de enorme preocupación para el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, como organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños por parte de los países que, como México, la ratificaron.

La información que sustentó el último reporte al Comité derivó en un punto específico de observaciones y recomendaciones emitidas en junio de 2006 y sobre las cuales el Estado Mexicano deberá dar una respuesta en 2011.

Nos referimos en particular a los párrafos 35 y 36 de las recomendaciones a México, sobre castigo corporal:

35. El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que el castigo corporal en el hogar continúe siendo legal y no se prohíba explícitamente en las escuelas, en instituciones y en centros alternativos. También le preocupa que la legislación no proteja suficientemente a los niños de la violencia y los abusos, debido a lo cual el castigo corporal se utiliza de una forma generalizada en el seno de la familia, en las escuelas y en otras instituciones.

36. El Comité, teniendo en cuenta su Observación general No.8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra el castigo corporal y otros tipos de castigo crueles y degradantes, recomienda que el Estado Parte:

a) Enmiende todas las leyes federales y estatales pertinentes para asegurarse de que el castigo corporal se prohíba explícitamente en todos los entornos…

b) Adopte medidas eficaces, incluso con campañas de información, para promover castigos alternativos, positivos, participativos y no violentos .

CRC/C/MEX/CO/3 8 de junio de 2006.

La figura del Amicus Curiae ha sido desarrollada en diversos países; tiene como finalidad que la sociedad civil organizada, sin ser parte formal del procedimiento que se desahoga en el tribunal, emita una opinión a éste sobre el tema materia de la controversia, por tratarse de una cuestión de interés general.

Como antecedentes en nuestro país de esta figura se puede mencionar el Amicus presentado por diversas organizaciones civiles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ésta estaba por determinar sobre la (n) constitucionalidad de la Ley de Radio y Televisión, así como el que en su momento presentaron diversas organizaciones civiles ante el Máximo Tribunal a favor de la extradición de Miguel Cavallo para que fuese juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina.

Mérida, Yucatán y México, Distrito Federal, 22 de febrero de 2008

Amicus comunicado.pdf

Amicus Escuela Social.pdf

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El martes 14 de agosto se dio a conocer, a través de medios de comunicación, la sentencia relativa a la causa penal 33/2003 derivada del caso de los abusos cometidos en la Escuela Social de Menores Infractores, atribuibles a los entonces funcionarios de esa institución, encabezados por su ex Directora, Rocío Martel.

El Juzgado Séptimo de Defensa Social que preside la Juez Rubí González Alpuche determinó sentenciar a 3 años de prisión, conmutables por 19 mil pesos a la Dra. Martel, y a 1 mes de prisión, conmutable por 555 pesos a su chofer Martín Antonio Espínola Escalante. Los otros 10 ex funcionarios implicados fueron absueltos.

El caso adquirió relevancia nacional a raíz de la recomendación 10/2002 emitida, el 23 de abril del 2002, por la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH) como consecuencia de la queja presentada ante dicha institución por el Equipo de Derechos Humanos Indignación nueve meses antes.

La queja estaba basada en diversos testimonios de familiares e internos que señalaban los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura sufrida por los menores quienes mencionaron haber sido golpeados, encerrados de manera prolongada, abusados sexualmente, amenazados de diversa maneras (entre ellas la de inyectar internos con una jeringa infectada con VIH) y obligados a tomar orina, por mencionar algunas. Esos abusos fueron corroborados por la CNDH en su recomendación.

Si bien la sentencia condenatoria es un reconocimiento de la responsabilidad de la entonces Directora Rocío Martel en la comisión de delitos en contra de los menores internos, también lo es que, dada la gravedad de los hechos cometidos durante su administración, resulta no sólo limitada, sino incluso representa un agravio para las víctimas de los hechos, puesto que ni la sanción establecida ni la reparación del daño expresan la magnitud de lo sucedido en aquella institución durante la administración de Rocío Martel.

Legislaturas anteriores que se negaron reiteradamente a tipificar la tortura como delito son también responsables de que este ilícito no se haya sancionado. Por otra parte, la procuraduría no fue capaz de integrar una averiguación previa contra otros funcionarios que conocieron estos hechos y protegieron en su momento a la exdirectora, como quien fue secretario de gobierno en la administración encabezada por Víctor Cervera, Cleominio Zoreda.

La juez séptima también omitió proteger los derechos de los menores durante el juicio, puesto que aceptó careos entre ellos y sus agresores, a pesar de que esto contraviene la obligación de velar por el interés superior del niño y de la niña.

La sentencia no incluye la reparación del daño a los menores agraviados, lo que lleva a la jueza a incumplir compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos.

La Procuraduría General de Justicia del estado tiene la obligación inmediata de apelar dicha resolución con el objetivo, no sólo de buscar una mayor sanción para evitar que las graves conductas desplegadas por Rocío Martel queden en la impunidad, sino de exigir que se establezca una adecuada reparación del daño que incluya, entre otras cosas, el pago del daño moral, material y al proyecto de vida, de tal manera que, en la medida de lo posible puedan ser resarcidos los derechos violados a los menores y las secuelas generadas. Es por ello que Indignación está dirigiendo sendos escritos a la Gobernadora y al Procurador, expresándoles la responsabilidad que tienen con la infancia y con el combate a la impunidad.

Este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de que el juzgado séptimo o el ministerio público adscrito a los juzgados esté filtrando a la prensa información que viola los principios que deben regir cuando son menores los involucrados. El día de hoy se publica el nombre de pila de una de las agraviadas que acudió mediante un escrito al juzgado séptimo para apelar la sentencia, a pesar de que era menor cuando sucedieron los hechos y debería mantenerse el criterio de mantener su nombre en el anonimato. Esto es todavía más importante cuando diversos menores manifestaron haber sido objeto de presiones mientras duró el juicio.

Finalmente, es preciso recordar que la juez Séptimo de Defensa Social que emitió la sentencia y condenó al pago de 19 mil pesos a la Dra. Martel, es la misma que, en marzo del presente año, impuso cauciones de hasta 37 mil pesos a jóvenes detenidos en la razia efectuada el martes 13 de marzo, en el contexto de la visita de George Bush, y acusados de romper algunos vidrios del Palacio Municipal de Mérida.

Preocupa sobremanera que, para esta juzgadora, unos cristales rotos ameriten más sanción pecuniaria que la dignidad y la integridad de niños y adolescentes sujetos a tratos crueles inhumanos y degradantes y tortura durante la administración de Martel y cuyas vidas se han visto, en muchos caso, truncadas por las secuelas generadas por estas violaciones a sus derechos fundamentales.

Es una obligación del Tribunal Superior de Justicia del estado analizar de oficio la conducta de dicha juzgadora en el presente caso, y es una obligación del Legislativo establecer en la normatividad estatal un Consejo de la Judicatura que vigile las conductas de jueces y magistrados, y también de iniciar la discusión sobre la necesidad de establecer en el estado un sistema penal de corte acusatorio, con juicios orales y que permita la equidad procesal de las partes, para evitar que la justicia en Yucatán se siga aplicando de manera discriminatoria, protegiendo al poderoso y dejando en la indefensión al vulnerable.

El equipo Indignación, además de que mantendrá un puntual seguimiento del caso en las instancias subsecuentes, hará llegar un informe del caso al Comité de los Derechos de la Niñez y al Relator Especial sobre la Independiencia de Jueces y Abogados, ambos de Naciones Unidas, así como al Relator de las personas privadas de su libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que las actuaciones de las instancias que ya han intervenido y el dilatado juicio comprometen seriamente el deber del estado mexicano en materia de justicia y de derechos de la infancia.

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El caso de la Escuela Social de Menores Infractores exhibe la persistencia de la impunidad, el fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos y la indolencia del gobierno, en sus tres ámbitos, frente a los tratos crueles infligidos a menores.

Un dilatado juicio, que ha demorado todo el sexenio de “la alternancia”, ha negado a niñas y niños el derecho a la justicia, ha impedido el resarcimiento del daño y mantiene sin castigo a quienes los agraviaron, incumplimiento de obligaciones que en la práctica ha significado protección para la principal inculpada, Rocío Martell, ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores.

El 31 de julio de 2001, justo un día antes del inicio de la administración de Patricio Patrón Laviada, el equipo Indignación A.C. hizo del conocimiento público la interposición de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes internos en la Escuela Social de Menores Infractores del estado. El 23 de abril de 2002, la CNDH, después de entrevistarse con los menores y de constatar los malos tratos ejercidos contra ellos, emitió la recomendación 10/2002 en la que corroboró las violaciones cometidas contra los niños y niñas internos y mandó determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados para ejercitar contra ellos acción penal y sancionarlos.

Las violaciones denunciadas y posteriormente comprobadas por la CNDH no son de orden menor. Para que no olvidemos de lo que estamos hablando, recogemos aquí algunas de ellas:

“Los menores entrevistados (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) y (18) coincidieron en señalar que la exdirectora María del Rocío Martell López los golpeaba con un zapato en la cabeza y les daba “cachetadas”; los encerraba en un cuarto hasta por tres días sin darles alimentos; los hincaba sobre el piso de una cancha, la cual tenía piedras pequeñas, con un bloque de concreto en cada brazo y otro más amarrado a la nuca con una soga; en ocasiones les introducía una pastilla de jabón de baño en la boca para obligarlos a decir quien había cometido una falta; los llamaba a la dirección de la escuela, y estando ahí les bajaba los pantalones, les apretaba el pene y los testículos para que informaran quien había cometido alguna falta; como castigo, no les daba de comer durante tres días; los obligaba a desyerbar las áreas verdes de la escuela y, además, los amenazaba con enviarlos al Centro de Rehabilitación Social del estado, si tenían mal comportamiento, o con dejarlos internos en la escuela durante un lapso mayor al determinado por el Consejo Tutelar; asimismo, esta servidora pública, permitía que el chofer Martín Espínola los agrediera con un tubo de “poliducto”… Por su parte (19) manifestó que continuaba en la escuela porque no tiene familia que se haga cargo de ella; que la exdirectora Rocío Martell regañaba frecuentemente a todas las niñas, y si las descubría observando a los niños las golpeaba con una manguera; que en reiteradas ocasiones fue llevada a la dirección y ahí la exdirectora la desvestía, diciéndole que lo hacía para ver si tenía “chupetones”, además de que le gustaba apretarle con fuerza sus pezones; también las dejaba hasta dos semanas encerradas en una de las habitaciones de la sección de niñas, sin darles de comer ni permitirles que se bañaran; sin embargo, la coordinadora Lourdes Quijano Sánchez, siempre se preocupó por ellas y les daba algunos alimentos. Agregó (19) que frecuentemente era llamada a la dirección donde la entonces directora la golpeaba, y en una ocasión le “tusó” el cabello” (Recomendación 10/2002, de la CNDH).

Y la lista de atrocidades continúa hasta el cansancio.

Durante los nueve meses que pasaron entre la presentación de la queja (julio 2001) y la resolución de la CNDH (abril 2002), la administración de Patrón Laviada no inició ninguna investigación, a pesar de conocer los tratos crueles e inhumanos públicamente denunciados y que, más tarde, con la recomendación de la CNDH, habrían de consternar al país. Esta inacción motivó que las sanciones administrativas recomendadas por la CNDH no pudieran concretarse, debido a que ya había prescrito el tiempo previsto por la ley para su aplicación.

A raíz de la recomendación de la CNDH se inició la averiguación previa, y con ella un proceso judicial que ha durado todo el sexenio. La jueza Rubí González Alpuche permitió, en abierta violación de los derechos de los niños y niñas, el careo de los menores con la persona presuntamente responsable de infligirles tratos crueles e inhumanos.

El pasado 12 de julio, ante la susodicha jueza, se realizó la última audiencia de un juicio que ha sido inusualmente dilatado. Se trata de la misma jueza que, en el caso de las y los jóvenes detenidos el 13 de marzo en el marco de las protestas contra Bush, y basada exclusivamente en los informes de los policías, determinó autos de formal prisión en contra de las y los jóvenes cuyos expedientes se han seguido en el juzgado séptimo y les impuso fianzas exorbitantes. En el caso de los menores infractores, no le ha bastado a la jueza la recomendación de la CNDH, prueba documental pública con valor probatorio pleno, para dictaminar sobre el caso después de tenerlo bajo su cargo durante seis años.

Ante la cercanía del final del proceso judicial, cuando deberá dictarse sentencia, el equipo Indignación A.C. manifiesta:

1. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores es un reflejo del fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos. Seis años de impunidad muestran el lugar que ocupó para el gobierno saliente el bienestar de los niños y las niñas internos en la Escuela.
2. La ex directora de la Escuela, el psicólogo, los maestros y guardias que, por acción u omisión participaron en las violaciones a los derechos de los niños y niñas deben ser castigados. También deberán asumir su responsabilidad en los hechos los responsables de otros organismos involucrados en dichas violaciones: el Consejo Tutelar de Menores, la Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
3. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores se une a numerosas denuncias hechas durante el sexenio en contra de otras autoridades penitenciarias. El gobierno que termina mantuvo en su cargo al director del CERESO de Mérida, a pesar recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a los derechos de internos e internas del CERESO de Mérida cuando él ya era director de dicho centro.
4. En este caso, como en otros, queda demostrado que el gobierno del estado apostó al olvido social en asuntos en los que tenía obligación de intervenir y actuar de manera firme y expedita. A seis años, los hechos de la Escuela Social son una realidad indeleble en quienes los sufrieron y con quienes el Estado tiene una deuda impagable por no haberlos protegido y velado por sus derechos.
5. El poder judicial del estado ha demostrado que no mide con la misma vara ni aplica con igual rigor la ley penal. Por un lado somete a proceso a personas detenidas en franca violación a los derechos humanos, y por el otro dilata en extremo procesos penales en los que están involucrados funcionarios públicos acusados de cometer violaciones graves en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La actuación de la Juez Rubí González, encargada de ambos casos, cuestiona seriamente la imparcialidad e independencia del poder judicial del estado.

*******

Viernes 20 de julio, 11 de la mañana, en Amaro, presentación del informe:

“2001-2007: La Hacienda Restaurada. Derechos Humanos en ‘el Patronato’”

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Hace cuatro años causó consternación la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H., en cuyo texto se divulgaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra niñas y niños internos en la Escuela Social para Menores Infractores del Estado de Yucatán.

Las vejaciones cometidas contra uno de los sectores más vulnerables de la población, así como la complicidad de las autoridades del más alto nivel que tuvieron conocimiento de estos hechos y omitieron realizar alguna acción para que cesaran las violaciones permanecen impunes.

La impunidad viola el derecho a la justicia, vulnera la democracia, profundiza las desigualdades y exhibe el fracaso del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la impunidad como “la falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” y ha señalado que “El Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.”

El caso de la Escuela Social de Menores Infractores exhibió toda una red de complicidades y desnudó a un sistema incapaz de velar por la infancia y garantizar plenamente sus derechos.

La persona señalada como una de las principales responsables de los hechos, la exdirectora de la Escuela Social de Menores Infractores, enfrenta un juicio cuya resolución se ha retrasado ya más de tres años, dilación que también favorece la impunidad.

La impunidad en este caso se exhibió a los pocos meses de emitida la recomendación. La actual administración tuvo conocimiento de los hechos pero omitió investigarlos y comenzó a actuar solamente hasta que recibió la recomendación de la CNDH: Esta inacción culpable impidió la sanción a las faltas administrativas cometidas por servidores públicos.

El juicio contra la exdirectora de la Escuela Social de Menores Infractores permanece sin sentencia, pero durante el proceso se ha omitido, a juicio del Equipo Indignación, velar por el interés superior de los menores. Esta preocupación la hicimos pública desde noviembre de 2003, ante los careos que comenzaron a enfrentar las niñas y niños: “De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo.”
Los careos con menores continuaron. El desistimiento de algunos, además de exhibir la presión a la que estuvieron sometidos, debe verse en el marco de la omisión de la jueza de velar por la mejores condiciones posibles para que los menores dieran su testimonio.

El desconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y la falta de pericia de distintas autoridades (Ejecutivo, Ministerio Público que integró la averiguación previa, la Jueza a cargo del proceso, etcétera) para hacerlos valer ha impedido a las y los menores el acceso a la justicia y la reparación del daño a la que tienen derecho.

La valentía de quienes se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos de los menores documentadas y exhibidas en la recomendación 10/2002 de la CNDH, el sufrimiento de quienes estuvieron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes parecen haber sido en vano. Hoy persisten las condiciones que impiden sancionar a los violadores de derechos humanos y ponen en riesgo los derechos de la infancia en Yucatán.

El gobierno del Estado respondió con un edificio nuevo a la alarmante situación expuesta. No encontramos en la respuesta del Gobierno del Estado una revisión de las causas que llevan a los menores a cometer acciones tipificadas en el código de defensa social ni ha generado las condiciones para que la infancia pueda desarrollarse en el pleno ejercicio de sus derechos.

La Escuela Social de Menores Infractores en realidad le enseña a la infancia que sobre ellos caerá todo el peso de la ley, no la posibilidad de rehabilitarse ni, mucho menos, la posibilidad de vivir con todos sus derechos garantizados para no verse en condiciones de cometer acciones tipificadas en el código de defensa social. Le enseña que sobre ellos hay castigo pero que el sistema sabrá garantizar impunidad a quienes los agredieron.

A cuatro años de emitida la recomendación, a casi cinco años de denunciados los hechos ante la CNDH, el Equipo Indignación lamenta profundamente la incapacidad del Estado para garantizar a las niñas y niños de Yucatán el pleno respeto a sus derechos.

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Una de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron al interior de la Escuela Social para Menores Infractores mientras era directora la Dra. Rocío Martel, informó en días pasados al Equipo Indignación que dicha doctora se comunicó con ella para ofrecerle dinero y amenazarla en caso de que declarase contra ella.
Ante esta situación y ante la ausencia de algunos menores en los careos que están teniendo lugar en el juzgado que sigue este caso, el Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C. hace las siguientes consideraciones:

1.Al menos una menor ha hecho saber que la Doctora Rocío Martel le ofreció dinero para que se desista de sus acusaciones y la amenazó. No puede descartarse la posibilidad de que algunas de las ausencias de menores a los careos tengan en su origen el temor ocasionado por similares mensajes dirigidos a ellos, ellas o sus familias.
2.Los niños y niñas que acuden al juzgado acuden a carearse con una persona que presuntamente los agredió, humilló y violentó desde una posición de poder ejercida autoritariamente. Difícilmente un menor o una menor pueda hacer a un lado esta experiencia a la hora de declarar. Consideramos que la jueza no puede desestimar esta circunstancia; además, de ratificar alguno de los menores en su declaración las presuntas amenazas y ofrecimiento de dinero —lo que podría constituir un nuevo ilícito—, la jueza tendría que actuar en consecuencia.
3.De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo. La Constitución Mexicana indica que los menores no están obligados a carearse en los casos de secuestro y de violación. Algo de ambas cosas tienen los ilícitos presuntamente cometidos en contra de los menores que estuvieron internos en la Escuela Social cuando fue directora la Doctora Rocío Martel.
4.A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llevó nueve meses concluir la investigación en el caso de la Escuela de Menores Infractores. Requirió especialistas que pudieran recabar las pruebas y obtener el testimonio de los menores con pericia, tacto y delicadeza en el trato con las niñas y niños. La misma recomendación constituye una prueba documental pública que confiamos sea tomada como tal por la jueza.
5.Desde que el Ministerio Público inició la investigación, los menores han sido requeridos para rendir su declaración y ahora la jueza los cita para carearse con sus agresores. De acuerdo con la convención sobre derechos de la infancia, los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados en un proceso judicial, por lo que consideramos que bien podría la jueza ofrecer un ambiente más propicio para que los niños y las niñas rindieran su testimonio con mayor libertad, evitando los efectos traumáticos de un careo y garantizando la confidencialidad con respecto al nombre de los y las menores.
6.En este momento del proceso el Ministerio Público tendrá que actuar con pericia y poner todos los medios a su alcance para cumplir con su función de representar cabalmente a la parte agraviada, que lo fue, precisamente, por una servidora pública, es decir, por el Estado.
7.Los niños y las niñas tienen derecho a que la ley y la justicia los protejan, a que no queden impunes delitos cometidos contra ellos y a que se les resarza el daño que se les ocasionó. Esperamos que el proceso que actualmente se sigue en el juzgado pueda garantizarle a los niños y niñas que estuvieron internos en la Escuela Social de Menores Infractores el cumplimiento de estos derechos.

Atentamente,

EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.

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Informe especial del Equipo Indignación

Hace precisamente un año, con la publicación de la recomendación 10/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los abusos, tratos crueles y otras graves violaciones a los derechos humanos de los menores internos en la Escuela Social de Menores Infractores salieron a la luz pública.
Por la importancia que reviste el caso, por la gravedad de las violaciones cometidas contra las niñas y niños ahí internos y por el ejercicio de poder que exhibe, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. presenta un informe especial acerca de la recomendación 10/2002 y del seguimiento que se le ha dado.
La actual administración —analiza el informe— tuvo una actuación desigual: por una parte aceptó inmediatamente la recomendación, pero retardó, injustificadamente, el cumplimiento de algunos de los puntos de la recomendación, como la obligación de contar con lugares para albergar a menores víctimas de delitos y de violencia intrafamiliar o como la elaboración del reglamento interno de la Escuela, que debía hacerse “a la brevedad” y que le llevó casi un año cumplir.
Al Equipo Indignación le resulta inadmisible que uno de los puntos de la recomendación, el iniciar una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos de los menores, no se haya podido realizar por impericia, negligencia o tardanza de la actual administración, ya que prescribió la facultad de la Contraloría de imponer sanciones.
La actual administración omitió, como la anterior, iniciar una investigación inmediatamente después de haber tenido conocimiento de los hechos presuntamente cometidos en la Escuela Social, a pesar de que el Equipo Indignación hizo pública la presentación de la queja a la C.N.D.H. por tortura y otros graves abusos cometidos contra menores y a pesar de que el Equipo solicitó expresamente a la actual administración iniciar una investigación.
Por otra parte, el cumplimiento de algunos de los puntos es, a juicio de este Equipo de Derechos Humanos, insatisfactorio. Al menos hasta el momento no tenemos conocimiento de que se esté investigando la probable responsabilidad de quien fuera Secretario General de Gobierno en el tiempo en que estos graves abusos se cometieron, a pesar de que sí sabemos que trabajadores de la Escuela Social de Menores Infractores hicieron de su conocimiento los tratos crueles que se infligía a las niñas y niños ahí internos.
Persisten, además, las condiciones que originaron violaciones a los derechos humanos de algunos menores. La ausencia de un lugar para albergar a niñas y niños víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y en desamparo, respectivamente, es ya una violación a los derechos de los menores y ocasionó, en el pasado, que algunas niñas y niños fueran internados en la Escuela de Menores Infractores donde sufrieron vejaciones y otras violaciones a sus derechos.
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, la posibilidad de que algunas de las violaciones cometidas contra los menores queden impunes y de que el acceso a la justicia no sea pleno. Los tratos crueles infligidos a algunos de los menores configuran, a juicio de este Equipo, el delito de tortura, delito que no está tipificado en Yucatán.
La C.N.D.H., por su parte, actuó con rapidez al dictar medidas cautelares unos días después de recibir la queja acerca de la Escuela Social, pero se tomó nueve meses en emitir la recomendación, tardanza inaceptable en un caso de extrema gravedad, como el que se describe en la propia recomendación.
A pesar de que ya transcurrió un año de la emisión de la recomendación; a pesar de la gravedad del caso, la actual administración no ha cumplido cabalmente todos los puntos de la recomendación 10/2002, relativa a la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán, se señala en el informe después de analizar, uno por uno, los incisos de la recomendación.
El informe del Equipo Indignación presenta las siguientes conclusiones y exhortaciones:

Conclusiones

1.El cumplimiento de algunos de los puntos de la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H. es, a juicio de este Equipo de Derechos Humanos, insatisfactorio. Ha habido dilaciones injustificadas en el cumplimiento de algunos incisos lo que retardó casi un año su cumplimiento.

2.En otros puntos, como la investigación de la probable responsabilidad penal de algunos servidores públicos, hay omisiones graves: Al menos hasta el momento no tenemos conocimiento de que se esté investigando la probable responsabilidad de quien fuera Secretario General de Gobierno en el tiempo en que estos graves abusos se cometieron, a pesar de que sí sabemos que trabajadores de la Escuela Social de Menores Infractores hicieron de su conocimiento los tratos crueles que se infligía a las niñas y niños ahí internos.

3.Persisten, además, las condiciones que originaron violaciones a los derechos humanos de algunos menores: la ausencia de un lugar para albergar a niñas y niños víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y en desamparo, respectivamente.

4.Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, la posibilidad de que algunas de las violaciones cometidas contra los menores queden impunes y de que el acceso a la justicia no sea pleno. Los tratos crueles infligidos a algunos de los menores configuran, a juicio de este Equipo, el delito de tortura, delito que no está tipificado en Yucatán.

Exhortaciones

1.Al Gobierno del Estado le urgimos a cumplir cabal y plenamente la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H. Particularmente le urgimos a cumplir el punto cuatro de la recomendación y garantizar que en el Estado haya lugares adecuados para albergar a menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados, respectivamente.

2.A la titular del juzgado séptimo de defensa social le solicitamos, respetuosamente, cumplir con la obligación de garantizar que los delitos sean sancionados de acuerdo con su gravedad. México —y Yucatán es parte de México— está obligado a cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3.A los legisladores les urgimos, nuevamente, a tipificar la tortura como delito. Además les hacemos un respetuoso llamado para garantizar que los próximos presupuestos de la administración estatal sean sensibles a los derechos humanos y a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El Equipo Indignación entregó copias de este informe especial al Gobernador del Estado, a la Procuraduría de Justicia del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia y al Juzgado Séptimo de Defensa Social.

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Patricio Patrón Laviada
Gobernador del estado de Yucatán

Sr. Gobernador:

Considerando que el pasado 29 de octubre se cumplieron seis meses desde que su gobierno recibió la recomendación 10/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que, a pesar de haber transcurrido todo ese tiempo, aún no se ha cumplido uno solo de los puntos contenidos en dicha recomendación,
Considerando que, a pesar de haberse constatado violaciones graves a los derechos humanos de niños y niñas internas en la Escuela Social de Menores Infractores, aún no se ha sancionado a nadie,
Considerando que continúan laborando en la escuela personas que fueron identificadas por los menores como aquéllos que les infligieron golpes y castigos degradantes,
Considerando que aún no se ha elaborado un proyecto de Escuela Social de Menores Infractores que cumpla con los estándares que se requieren en cuanto a pedagogía, atención y respeto a los derechos de los niños y las niñas internas,
Considerando que, a cuatro meses de haberse conformado un equipo multidisciplinario para participar en la elaboración del reglamento interno de la Escuela Social de Menores Infractores, el reglamento aún no se concluye,
Considerando que en el mismo proceso de elaboración del reglamento interno el Equipo Indignación ha advertido el desinterés del actual gobierno, puesto que se han escatimado recursos humanos y técnicos para este trabajo,
Considerando que el actual gobierno no muestra, en los hechos, interés en respetar los derechos humanos, puesto que el incumplimiento de la recomendación constituye, a su vez, una nueva violación a los derechos humanos,
Considerando que el actual gobierno carece de una política integral de derechos humanos y que se muestra incluso incapaz de atender cabalmente las recomendaciones que la CNDH le ha hecho llegar,
Le informamos la decisión del Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. de retirarse de los trabajos para la elaboración del reglamento interno de la Escuela Social de Menores Infractores, así como de la Comisión llamada “humanística” formada para revisar el funcionamiento de dicha Escuela Social.
Para el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. resulta incongruente continuar en dichas comisiones o trabajos mientras el actual gobierno no dé muestras de sensibilidad y de interés en respetar los derechos humanos de los niños y niñas internos en la escuela social de menores infractores, así como de sancionar a quienes, en su momento, violaron los derechos de los menores y de resarcirles los daños ocasionados.
Apreciamos que, en su momento, se nos haya invitado a formar parte de dicha comisión. Sin embargo, no podemos dejar de lamentar que, lo que pareció apertura al diálogo y a la participación, no haya tenido correspondencia en los hechos.
Atentamente,

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Soc. Nancy María Walker Olvera

c.c.p. Pedro Rivas Gutiérrez, Secretario de Gobierno
c.c.p. Benito Rossell Isaac, subsecretario de Gobierno
c.c.p. Anastasio Manzanilla, subsecretario de Desarrollo Político y Social
c.c.p. Margarita Pérez. Asistenta jurídica de la Sub Secretaría de Desarrollo Político y Social.
c.c.p. Opinión pública

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Lic. Anastasio Manzanilla
Sub Secretario de Desarrollo
Político y Social

Estimado Sr. Manzanilla

El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. recibió, en junio pasado, una invitación para integrarse a un equipo multidisciplinario para hacer el reglamento interno de la Escuela Social de Menores Infractores.
La elaboración de dicho reglamento forma parte de la recomendación 10/2002, dirigida por la CNDH al Gobierno del Estado.
El Equipo Indignación consideró pertinente colaborar en la elaboración de dicho reglamento y aportar conceptos que garantizaran los derechos de los niños y las niñas.
Reconocemos, además, como un elemento valioso y un acierto de este gobierno, el esfuerzo por consultar a la sociedad civil y recibir propuestas para la elaboración de este reglamento.
La elaboración de dicho ordenamiento, sin embargo, ha requerido un excesivo número de reuniones y, lamentamos decirlo, ha llevado demasiado tiempo. Personas del Equipo Indignación han realizado, con mucho entusiasmo, un esfuerzo importante para estar presentes en ese trabajo. Sin embargo, es necesario reconocer que la dinámica no ha facilitado la eficiencia y se prolonga el tiempo sin que la escuela cuente con un reglamento interno.
Es por ello, y por las actividades propias del Equipo que requieren nuestra atención y nuestro tiempo, que nos permitimos comunicarle que no continuaremos asistiendo a la comisión que se formó para elaborar el reglamento, pero que con mucho gusto revisaremos el documento final para hacer, por escrito, observaciones a él, de modo que el proceso sea más eficiente. El Equipo Indignación continuará atento a las acciones que se realicen en torno a la Escuela de Menores Infractores a través de nuestra participación en la comisión de diagnóstico.
Aprovechamos este escrito para expresarle nuestra extrañeza por la falta de cumplimiento de los otros puntos de la recomendación 10/2002.
Le agradecemos la atención brindada a esta comunicación y le enviamos, por este medio, saludos cordiales.

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Soc. Nancy Walker Olvera

c.c.p. Sr. Benito Rossel Isaac. Sub Secretario de Gobierno
c.c.p. Margarita Pérez. Asistenta jurídica de la Sub Secretaría de Desarrollo Político y Social.
c.c.p. Archivo.

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