El caso llegó a la CIDH porque a don Ricardo, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por privar de la vida a una persona en defensa de su vida y la de su familia, se le violó el derecho a una defensa adecuada, a contar con intérprete traductor y se cometió contra él discriminación.

Don Ricardo Ucán Seca, detenido desde junio del año dos mil, ha atraído la atención y recibido la solidaridad de organizaciones y personas de México y del mundo. Su caso fue incluido en el informe de Amnistía Internacional sobre el sistema penal mexicano (2007).

En los nueve años que estuvo preso, don Ricardo ha recibido la simpatía de artistas locales y nacionales que han participado en campañas para promover su libertad. Las embajadas mexicanas de lugares como Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos han recibido numerosas cartas de activistas de esos países que piden su libertad.

En febrero de 2007 el entonces Relator para Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen, se dirigió a los representantes de los tres poderes del estado solicitando incluir en la legislación yucateca la figura del indulto y concedérselo a don Ricardo Ucán. Dicho exhorto fue ignorado, junto con la petición del Relator de hacer una ley contra la discriminación.

Ese mismo año más de ochocientas firmas reunidas en un solo mes en Yucatán se presentaron ante el Congreso del estado solicitando el indulto para don Ricardo Ucán Seca. En 2008 la CIDH admitió el caso.

Para el equipo Indignación, organización que es copeticionaria ante la CIDH junto con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el caso de don Ricardo Ucán Seca ha sido emblemático pues exhibe la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán, particularmente en el ámbito de la justicia.

En la audiencia ante la CIDH, realizada el pasado 5 de noviembre, el Estado mexicano se comprometió a encontrar la vía para una solución amistosa al caso. Dicha solución se concreta mediante un acuerdo que implica la libertad inmediata de don Ricardo Ucán por vía administrativa, de acuerdo con facultades del Ejecutivo.

Quienes integramos el equipo Indignación nos alegramos junto con don Ricardo, con doña Donaciana, su esposa, y con toda su familia. En esta liberación reconocemos, valoramos y agradecemos todo el esfuerzo de la sociedad civil local, nacional e internacional.

La libertad de don Ricardo tiene un enorme significado y representa un importante triunfo en el trabajo de lograr que se respeten plenamente los derechos del pueblo maya de la península de Yucatán.

Don Ricardo Ucán puso en evidencia un sistema de justicia que discrimina a los integrantes de los pueblos originarios; les niega un juicio justo, una defensa adecuada y una procuración y administración de justicia en su propia lengua y en respeto de sus sistemas normativos propios.

Confiamos en que el caso de don Ricardo Ucán contribuya a modificar estas condiciones y favorezca el reconocimiento y el pleno respeto a los derechos del pueblo maya de Yucatán.

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El caso de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en Tekax por un juicio injusto, exhibió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán en los tres niveles de gobierno en la audiencia convocada por ese organismo internacional y realizada el día de hoy, 5 de noviembre, en Washington.

Ante las evidentes violaciones a los derechos de don Ricardo Ucán Seca, expuestas por integrantes del equipo Indignación –que es copeticionario del caso ante la CIDH–, el director de derechos humanos de la cancillería mexicana ofreció buscar una solución amistosa favorable a don Ricardo Ucán Seca, aunque sin especificar en qué consistiría dicha solución.

En la audiencia contrastaron las posiciones al interior de la representación del estado mexicano, pues los consejeros jurídicos del gobierno de Yucatán insistieron en defender a la abogada de oficio y reiterar que don Ricardo Ucán habla español.

Integrantes del equipo Indignación expusieron ante los comisionados de la CIDH las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en agravio de don Ricardo Ucán Seca.

La falta de intérprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto –que constituyen violaciones al debido proceso– le impidieron a don Ricardo Ucán demostrar que actuó en legítima defensa al privar de la vida a Bernardino Chan, en junio de dos mil, por lo que fue sentenciado a 22 años de prisión.

Jorge Fernández incluso exhibió la discriminación en la que incurrió en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, que llegó a sostener que don Ricardo no es indígena maya debido a que en su localidad hay luz, escuela y diversos servicios.

El Presidente de dicho Tribunal, Lic. Ángel Prieto, se encontraba presente en la audiencia celebrada hoy en Washington.

Raúl Lugo, por su parte, expresó que el caso de don Ricardo Ucán exhibe la relación que mantiene el estado mexicano con los pueblos indígenas y es muestra de la discriminación que prevalece particularmente en el ámbito de la administración de justicia.

La delegación del estado mexicano estuvo integrada por el Lic. Sergio Cuevas y por el doctor Jorge Carmona, consejero jurídico y asesor de la consejería jurídica del gobierno del estado de Yucatán, respectivamente, quienes básicamente argumentaron que don Ricardo habla español e incurrieron en diversas contradicciones.

Incluso presentaron como prueba un video en el que tanto la abogada de oficio como el juez que conoció la causa de don Ricardo Ucán en primera instancia sostienen, en maya, que don Ricardo habla español.

Los representantes del estado mexicano, ambos del gobierno de Yucatán, insistieron en defender a la abogada de oficio, Blanca Segovia, y exculparla de responsabilidad. Con sus intervenciones  exhibieron que, efectivamente, en el juicio no se consideró en ningún momento la condición étnica de don Ricardo Ucán.

Los comisionados de la CIDH cuestionaron a los representantes del estado mexicano, quienes insistían en que don Ricardo no solicitó intérprete ni se “autoadscribió” como indígena maya. Los comisionados insistieron en que la pregunta es si le ofrecieron a don Ricardo intérprete y admitieron que no tienen forma de probar que se le haya ofrecido un traductor.

Los integrantes del equipo Indignación demostraron que don Ricardo tampoco tuvo acceso a una defensa efectiva, ya que la abogada no presentó pruebas ni alegatos para demostrar que don Ricardo actuó en legítima defensa.

También expresaron que, curiosamente, la defensora de oficio que hoy sostiene que don Ricardo habla español, en un deficiente amparo, argumentó, precisamente, la ausencia de traductor para don Ricardo. “Alguien miente aquí” expresó con claridad Jorge Fernández Mendiburu.

Alejandro Negrín, Director de Derechos Humanos de la Cancillería de México, tomó la palabra al final para ofrecer una solución amistosa en el caso de don Ricardo, aunque sin especificar en qué consistiría la propuesta.

También expresó que la cancillería ha estado trabajando de cerca con el gobierno de Yucatán para lograr que éste avance en el respeto a los derechos del pueblo maya.

El video de la audiencia está disponible en http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp

y también en el sitio: www.cidh.org

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Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjuicia, por primera vez, al Estado mexicano por violaciones atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya que es el primer caso contra autoridades locales admitido en esa instancia internacional.
En una reunión con legisladores realizada el día de hoy, Indignación les cuestionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de indulto que todavía no ha sido dictaminada.
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los diputados un informe sobre el caso de don Ricardo Ucán Seca.
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, mediante el informe 49/08, que existen elementos para entrar al fondo del asunto en el caso presentado por don Ricardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino Ek.
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
La CIDH consideró que hay elementos derivados de las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticionarios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por acciones y omisiones de autoridades yucatecas.
El primero de ellos establece la obligación de dotar de intérprete traductor a cualquier procesado que así lo requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el tercero la obligación que tiene el Estado de dotar de recursos judiciales efectivos que protejan a las personas de violaciones a derechos humanos.
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pudieron haberse violado por acciones y omisiones de distintas autoridades ministeriales y judiciales del estado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano.
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han basado en la secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación previa, donde careció de defensor de oficio y no le fue proporcionado intérprete traductor.
Durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.
Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja –obligación establecida en el Código procesal penal del estado–, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan posibles violaciones a derechos humanos que habrán de ser determinadas en una próxima fase.
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, luego de ser detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos.
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autoridades yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exigencias para que se le resarzan a don Ricardo los derechos violados de parte de Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la organización alemana Misereor, por mencionar algunos.
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde la detención de don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discriminación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.
Lo anterior también denota la falsedad del discurso oficial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo primero son los argumentos dados por el gobierno federal a la CIDH intentando minimizar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que publicitan la próxima emisión de una legislación en materia indígena, en la práctica siguen siendo responsables de acciones y omisiones que exhiben su franco desinterés por los derechos del pueblo maya.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) determinó admitir la denuncia presentada por don Ricardo Ucán Seca, indígena maya, en contra del Estado mexicano, por vulnerar sus derechos durante el juicio que se le siguió en el estado de Yucatán.

Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de cárcel por privar de la vida a una persona aunque lo hizo en defensa propia. Durante el juicio don Ricardo Ucán, mayahablante, no contó una defensa adecuada ni tuvo intérprete traductor.

Agotados los recursos locales, don Ricardo Ucán acudió a la CIDH desde el 2004. El Estado mexicano, por su parte, solicitó a la CIDH no admitir el caso. Sin embargo, el pasado 24 de julio la CIDH determinó admitir el caso y el día de ayer hizo público el informe 49/08 en el que da a conocer su resolución.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Comisión interamericana decide “Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8.2 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ricardo Ucán Seca”.

Los derechos señalados por la CIDH son los relacionados con Garantías Judiciales y Protección Judicial, denunciados por don Ricardo, aunque la propia CIDH determinó que también presume violación a su derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley.

La resolución de la CIDH puede consultarse directamente en el sitio electrónico de este organismo en http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm

En el sitio de Indignación, organización que ha acompañado la denuncia de don Ricardo ante la CIDH, puede consultarse un informe completo sobre el caso y comunicados anteriores. En la sección de videos puede ver y escuchar al propio don Ricardo narrar el caso y las violaciones cometidas en su contra.

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La secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán iniciaron desde la misma averiguación previa, pues declaró sin la presencia de defensor de oficio, no le fue proporcionado intérprete traductor, durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias. Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja, obligación establecida en el Código procesal penal del estado, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax. En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo.

Las diversas autoridades del estado, en las últimas tres administraciones, han desoído diversos llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, instituciones públicas y diputados federales. Basta recordar las siguientes:

1.- La recomendación 40/2003 emitida en su momento por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, quien entre otras cosas, determinó que existieron claras violaciones a los derechos humanos de don Ricardo, empezando por el de contar con un intérprete-traductor para todas las etapas del proceso.

2.- El 10 de marzo de 2004, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo para solicitar informaciones sobre el cumplimiento de la recomendación 40/2003 emitida a favor de Ricardo Ucán Seca.

3.- El informe sobre México de Amnistía Internacional del año 2007, en donde esa reconocida organización internacional de derechos humanos presentó el caso de Don Ricardo Ucán como un claro ejemplo de la situación de discriminación y violación a sus derechos humanos que tienen que enfrentar los pueblos indígenas cuando se someten a la jurisdicción del Estado, concretamente a los órganos de procuración e impartición de justicia.

4.- La carta del Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, dirigida al entonces gobernador del estado Patricio Patrón y a los diputados que integraban la Cámara de Diputados, expresando su preocupación por la nula atención de las autoridades estatales al caso y recomendando al Congreso del estado de Yucatán que legisle una ley de indulto y una ley para prevenir y sancionar la discriminación que beneficien a aquellas personas que, como Don Ricardo, han sufrido la ausencia de un sistema de justicia apegado a los más altos estándares de derechos humanos.

5.- La carta dirigida por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” mediante la cual se solicitaba a los diputados de la legislatura anterior que legislaran sobre la figura del indulto para que se beneficiara a aquellos indígenas que, como don Ricardo, fueron procesados y sentenciados en franca violación a sus derechos humanos.

De igual forma, las diversas autoridades del estado han recibido múltiples exigencias y muestras de apoyo y solidaridad hacia don Ricardo, provenientes tanto de organizaciones y ciudadanos del estado, como del país e incluso del extranjero. Ninguna de estas peticiones de justicia ha sensibilizado a gobernadores, diputados y jueces.

A pesar de todas las manifestaciones de preocupación y exigencias porque a don Ricardo Ucán le fueran resarcidos sus derechos humanos fundamentales, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde su detención –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.

Por lo anterior, en marzo del año pasado, Indignación, en compañía de la actriz yucateca Ofelia Medina, presentó ante las diversas fracciones parlamentarias del Congreso una propuesta de ley para establecer el indulto en la normatividad penal del estado, de tal manera que una vez legislada se pudiera beneficiar a personas que, como don Ricardo, han sido procesados y sentenciados con base en graves violaciones a sus derechos humanos. Con este acto inició una campaña, encabezada por artistas locales, que reunió en un mes cerca de ochocientas firmas de respaldo a la iniciativa para establecer el indulto en Yucatán.

A pesar de que la propuesta fue retomada por una diputada y presentada al pleno, ni la legislatura anterior ni la actual, han dictaminado ni discutido la propuesta.

La situación de don Ricardo Ucán se ha convertido en un caso emblemático, no sólo a nivel estatal, sino nacional e internacional, pues ha desnudado la discriminación y la falta de acceso a la justicia que sufren los integrantes del pueblo maya cuando son sometidos a la jurisdicción del Estado, así como el nulo interés de los órganos gubernamentales hacia la situación de marginación que vive el pueblo maya, situación especialmente reprochable en un estado con una gran mayoría de población indígena, como lo es Yucatán.

Finalmente, es preciso recordar que, ante la falta de justicia en el ámbito local, el caso de Ricardo Ucán fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien de admitir el caso y emitir un informe al respecto, representaría la primera vez que el Estado mexicano fuese condenado a nivel internacional por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades yucatecas.

Un informe completo sobre el caso de Don Ricardo puede ser consultado en la página de Indignación (www.indignacion.org.mx ), así como diversos videos con el testimonio de don Ricardo Ucán.

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Con la representación de la plaza grande y la presentación de la iniciativa de ley, el equipo Indignación comienza una campaña de firmas para lograr que se cree la figura del indulto y éste se otorgue a don Ricardo Ucán Seca y otros indígenas que hayan visto violados sus derechos.

Desde anoche decenas de personas firmaron su adhesión a la iniciativa y se sumaron a la campaña al solicitar copias para recabar firmas. En la página del equipo Indignación se encuentra un vínculo para firmar y adherirse así a la solicitud realizada al Congreso y al Ejecutivo. La dirección electrónica es www.indignacion.org

Con la iniciativa se pretende dotar de herramientas al gobernador para que pueda analizar y conceder el indulto a aquellas personas que hayan sido sentenciadas sin que se les haya respetado el derecho básico a un juicio justo. La iniciativa tienen sustento en lo recomendado por el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien a finales de enero del presente año, dirigió una carta al los poderes del estado de Yucatán, en donde, entre otras cosas se señalaba:

En este contexto, y siendo que el caso del Sr. Ricardo Ucán no es único y exclusivo pero sí ejemplifica una situación de discriminación y vulnerabilidad que se vive en un estado donde más del 50 por ciento de la población es indígena, me permito conminar al Ejecutivo estatal y al Congreso de Yucatán, a establecer las medidas legislativas necesarias para combatir esta situación de discriminación y vulnerabilidad. Para lo anterior, y atendiendo a la recomendación arriba citada, sería pertinente que el Congreso trabajara en una ley de indulto que dotara al Ejecutivo de las herramientas necesarias para analizar aquellos casos en los que se han cometido violaciones a los derechos humanos en perjuicio de indígenas mayas y que han incidido en la sentencia final, de tal manera que se resarcieran dichos derechos violados…

…

…una ley de indulto que permita la liberación de aquellos indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus derechos humanos y un ley que prevenga y sancione la discriminación, son dos medidas posibles que la Relatoría a mi cargo considera indispensables para que los distintos poderes constitucionales de Yucatán actúen eficazmente para resarcir los daños que una larga historia de discriminación ha causado al pueblo maya.

Toda vez que en el estado de Yucatán no existen condiciones para que los indígenas mayas y, en general, todas las personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados puedan acceder a la jurisdicción del Estado en condiciones de equidad y justicia, se propone esta iniciativa, con el objetivo de que existan mecanismos para revisar y, en su caso, revertir la situación de discriminación que permite que personas inocentes sean juzgadas y sentenciadas sin los mínimos requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional en materia derechos humanos.

El caso de don Ricardo, además de ser paradigmático y representativo de la situación de discriminación que viven los indígenas mayas en Yucatán, ofrece una oportunidad al Congreso del estado, para establecer medidas legislativas que reviertan las violaciones a los derechos humanos cometidas ya sea por órganos judiciales o por inacción del ejecutivo.

A don Ricardo Ucán se le violaron sus derechos a una defensa adecuada, a debido proceso, a contar con intérprete y se cometió contra él discriminación. Don Ricardo privó de su vida a Marcelino Chan Ek en el año 2000. La defensora de oficio, dependiente del poder Ejecutivo, omitió ofrecer pruebas que demostraban que actuó en legítima defensa. Las distintas instancias del poder judicial convalidaron las violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán, ni siquiera reconocieron su condición étnica y omitieron respetar sus derechos.

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El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, dirigió una carta a las distintas autoridades de Yucatán para expresar su preocupación por el caso de don Ricardo Ucán y para exhortarlas a establecer una ley de indulto que permita la liberación de indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus derechos humanos.

“Uno de los primeros casos que se tendría que analizar sería, sin lugar a dudas, el del Sr. Ricardo Ucán”, indica el Relator Especial de la ONU sobre las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

En una carta dirigida al Congreso del estado de Yucatán, al Gobernador y al Tribunal Superior de Justicia del estado, de la cual el equipo Indignación recibió una copia, el Relator también manifiesta su preocupación porque Yucatán no cuenta con una ley para sancionar la discriminación.

Una ley de indulto y una ley que prevenga y sancione la discriminación “son dos medidas posibles que la Relatoría a mi cargo considera indispensables para que los distintos poderes de Yucatán actúen eficazmente para resarcir los daños que una larga historia de discriminación ha causado al pueblo maya”, añade el Relator.

El Dr. Stavenhagen dedica el párrafo final de su carta al Poder Judicial, expresando que es necesario que dicho poder “sancione a quienes en uso de sus funciones hayan violado los derechos humanos del pueblo indígena maya, como sucedió con la defensora y los juzgadores que participaron en el proceso de Ricardo Ucán Ceca”.

El equipo Indignación considera, junto con el Relator, que el caso de don Ricardo “ejemplifica una situación de discriminación y vulnerabilidad que se vive en un estado donde más del 50 por ciento de la población es indígena”, por lo que urgimos al poder legislativo a atender el llamado del Relator Especial de las Naciones Unidas.

Desde el año 2004 Indignación acompañó la solicitud de indulto que hizo don Ricardo al gobernador Patricio Patrón. Sin embargo, el gobernador respondió en ese tiempo que “En el caso del señor Ricardo Ucán Ceca, después de un estudio de las disposiciones legales, se ha llegado a la conclusión que el suscrito carece de fundamento legal para otorgarle su libertad inmediata como usted demanda.”

Si bien es cierto que en la normatividad estatal no existe la figura del indulto, el gobernador tenía la facultad de presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del estado, facultad que no ejerció.

El Congreso del Estado, por su parte, ha omitido establecer la figura del indulto. El Poder Judicial convalidó, en su momento, las violaciones contra los derechos humanos de don Ricardo Ucán.

La semana pasada Amnistía Internacional llamó la atención sobre el caso de don Ricardo Ucán al incluirlo en su informe sobre la situación de los justicia penal en México. El caso se encuentra en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora el Relator Especial sobre pueblos indígenas se dirige a las autoridades yucatecas para referirse a este caso.

El Equipo Indignación ha preparado un informe especial sobre el caso de don Ricardo Ucán titulado: “Los Agravios. Discriminación e injusticia en los juicios contra personas mayas en Yucatán”

El informe presenta un análisis, instancia por instancia, de la actuación de los órganos del estado que intervinieron en el procedimiento penal seguido a Ricardo Ucán Seca y que hacen que su caso sea representativo, paradigmático e ilustre una situación de discriminación, inequidad y desprecio que viven los indígenas mayas en el estado de Yucatán.

Este informe está disponible, para su consulta, en la página www.indignacion.org

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El caso de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya condenado en un proceso injusto, ilustra el informe “Injusticia e impunidad” presentado hoy por Amnistía Internacional*, sobre violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano.El informe de Amnistía Internacional recoge, entre otros, los casos de Martín Barrios, defensor de derechos humanos detenido ilegalmente en Puebla; de Lydia Cacho, periodista y defensora de los derechos de las mujeres, detenida arbitrariamente en Cancún en diciembre de 2005 y trasladada a Puebla en un trayecto sin garantías para su persona y durante el cual sufrió amenazas continuas; de Felipe Arriaga, ecologista de Guerrero procesado y en cuyo juicio se cometieron diversas irregularidades, absuelto finalmente en 2005.

El informe señala las violaciones cometidas contra don Ricardo, como no haberse reconocido su pertenencia al pueblo maya, no contar con intérprete a pesar de haber declarado que entiende poco el español y no haber contado con una defensa adecuada.

“Este informe pone de relieve algunos de los defectos y las carencias de los sistemas de seguridad pública y justicia penal de México, que siguen siendo la causa de abusos contra los derechos humanos tales como detención arbitraria, tortura, malos tratos, negación del derecho al debido proceso y juicios injustos”, asienta Amnistía en sus conclusiones, y añade:

“Las personas más vulnerables y desfavorecidas son a menudo víctimas de estos abusos, que en gran parte surgen de un reconocimiento jurídico inadecuado de las normas internacionales de derechos humanos, la reiterada falta de aplicación de la legislación existente, la persistente injerencia política en la administración de justicia,y la impunidad generalizada para los responsables de abusos contra los derechos humanos.”

Amnistía recomienda al gobierno mexicano reformar la Constitución, cumplir con las obligaciones contraídas con respecto al protocolo facultativo de la convención contra la tortura, reforzar la independencia e imparcialidad judicial, establecer la independencia de las procuradurías frente al poder ejecutivo en los ámbitos estatal y federal y garantizar la autonomía de las defensorías públicas, entre otras exigencias.

El equipo Indignación, que llevará este informe a don Ricardo Ucán al Centro de Readaptación de Tekax, este jueves 8 por la mañana, hace un enérgico llamado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para atender las recomendaciones de Amnistía Internacional y garantizar, como indica ese organismo internacional “fin a la larga impunidad por abusos contra los derechos humanos”.

* Amnistía Internacional (AI) es un movimiento mundial independiente de activistas cuyo objetivo es contribuir a que se respeten y protejan en todo el mundo los derechos humanos. Cuenta con más de 1,8 millones de miembros y simpatizantes en más de 150 países y territorios.

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