Nos hemos enterado que otra vez, repitiendo la misma actitud de legislaturas pasadas, los actuales diputados y diputadas quieren decidir la vida de miles de mayas. Otra vez les decimos a esos empleados de los partidos políticos: No en nuestro nombre.

Han vuelto a demostrar, como cada 3 años, que no entienden el derecho a la autonomía de nuestro pueblo, reconocida y firmada por el Estado mexicano.

Otra vez, mintiendo obstinadamente, han dicho que la propuesta de ley es para acabar con el desprecio y la discriminación, pero su ley está cargada de un lenguaje racista, es excluyente, manda al olvido nuestros derechos y, como muchas otras leyes, quisiera que desapareciéramos como pueblo.

No en nuestro nombre. Las y los mayas del equipo Indignación traemos a la memoria lo que ustedes parecen haber olvidado: la exigencia, avalada por más de 2500 firmas de mayas, y un buen tanto de no-mayas, y manifestada hace ya cerca de cinco años, de una nueva actitud que respetase nuestros derechos, reconocidos en todo el mundo y que las políticas mexicanas han despreciado.

No en nuestro nombre hagan un nuevo agravio a nuestro pueblo. No en nuestro nombre. Sabemos que algunos estudiosos han manifestado su opinión para que ustedes hagan una ley, aunque no sea la mejor, aunque no se tome en cuenta al pueblo maya. Quizá lo hacen pensando que gradualmente la estupidez se convierta en justicia. No en nuestro nombre.

Muchas veces hemos levantado la voz cuando en reuniones humillantes a las que llaman consulta, ha quedado claro que lo único que quieren es guardar la apariencia del paternalismo tutelar, proponiendo políticas públicas y no el reconocimiento de nuestros derechos.

Ya basta. No en nuestro nombre hagan más solicitudes de presupuesto para pintar escuelas “indigenistas” y mediocres. No en nuestro nombre hagan turismo arqueológico, no en nuestro nombre hagan proyectos para sembrar hortalizas que nosotros les enseñamos a cultivar. No en nuestro nombre sigan viviendo y haciendo negocios y llamando a todo esto Ley de la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.

Los y las mayas que cobran como representantes sepan que no lo hacen en nuestro nombre. Les conocemos y sabemos muy bien que nunca han buscado el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Caminan por los pasillos del poder hablando nuestra lengua, pero buscando servir a los que ustedes tienen por más. Muchos como ustedes han robado la fuerza de nuestro pueblo, no vengan ahora a decir que nos representan. No en nuestro nombre.

Pronto los vientos se reunirán desde todos los rumbos. Los días están dando su fruto. Y cuando amanezca, la tierra será de todos. Y nosotros, los mayas, seremos hombres y mujeres con todos nuestros derechos.

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El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

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Campaña del equipo Indignación sobre el derecho del pueblo maya a elegir autoridades

El área maya del equipo Indignación inicia la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” para promover en todo el estado el derecho del pueblo maya a elegir a sus propias autoridades.

La campaña inicia de manera simbólica en Kimbilá el miércoles 14 de julio, a las ocho de la noche, para conmemorar y reconocer la lucha de este pueblo que con determinación y creatividad logró hace tres años que se respete su derecho a elegir autoridades y derrotó la pretensión autoritaria de un Alcalde.

En septiembre de 2007 el entonces Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, desconoció a la mujer que fue electa Comisaria de Kimbilá e intentó imponer a quien quedó en segundo lugar en las elecciones. Después de una larga batalla, las y los habitantes de Kimbilá lograron que se realicen nuevos comicios coordinados por el IPEPAC.

La constitución de Yucatán establece desde 2005 que las autoridades de las comisarías serán electas mediante voto universal, libre y secreto dentro de los primeros noventa días siguientes a la instalación de los Ayuntamientos (Artículo 77, fracción décimo sexta).

A pesar de esta disposición, tenemos conocimiento de que en algunos municipios los Alcaldes imponen a las autoridades de las comisarías, pasando sobre el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades e incurriendo en discriminación.

Las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscribe dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos.

Otra observación que hacemos a la ley es la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral. Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

Como parte de la campaña Indignación está distribuyendo el díptico “En mi pueblo manda el pueblo”, con información sobre el derecho de las comisarías a elegir a sus propias autoridades como parte de los derechos del pueblo maya.

Asimismo, dirigimos una carta a los cabildos del estado recordándoles la obligación de realizar elecciones y anunciándoles que el equipo Indignación está atento a este proceso.

Quienes integramos el área maya del equipo Indignación hemos luchado contra la imposición de autoridades en nuestra propia comisaría, por lo que esta campaña es también un intercambio de experiencias entre los pueblos.

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El caso llegó a la CIDH porque a don Ricardo, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por privar de la vida a una persona en defensa de su vida y la de su familia, se le violó el derecho a una defensa adecuada, a contar con intérprete traductor y se cometió contra él discriminación.

Don Ricardo Ucán Seca, detenido desde junio del año dos mil, ha atraído la atención y recibido la solidaridad de organizaciones y personas de México y del mundo. Su caso fue incluido en el informe de Amnistía Internacional sobre el sistema penal mexicano (2007).

En los nueve años que estuvo preso, don Ricardo ha recibido la simpatía de artistas locales y nacionales que han participado en campañas para promover su libertad. Las embajadas mexicanas de lugares como Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos han recibido numerosas cartas de activistas de esos países que piden su libertad.

En febrero de 2007 el entonces Relator para Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen, se dirigió a los representantes de los tres poderes del estado solicitando incluir en la legislación yucateca la figura del indulto y concedérselo a don Ricardo Ucán. Dicho exhorto fue ignorado, junto con la petición del Relator de hacer una ley contra la discriminación.

Ese mismo año más de ochocientas firmas reunidas en un solo mes en Yucatán se presentaron ante el Congreso del estado solicitando el indulto para don Ricardo Ucán Seca. En 2008 la CIDH admitió el caso.

Para el equipo Indignación, organización que es copeticionaria ante la CIDH junto con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el caso de don Ricardo Ucán Seca ha sido emblemático pues exhibe la discriminación que persiste contra el pueblo maya de Yucatán, particularmente en el ámbito de la justicia.

En la audiencia ante la CIDH, realizada el pasado 5 de noviembre, el Estado mexicano se comprometió a encontrar la vía para una solución amistosa al caso. Dicha solución se concreta mediante un acuerdo que implica la libertad inmediata de don Ricardo Ucán por vía administrativa, de acuerdo con facultades del Ejecutivo.

Quienes integramos el equipo Indignación nos alegramos junto con don Ricardo, con doña Donaciana, su esposa, y con toda su familia. En esta liberación reconocemos, valoramos y agradecemos todo el esfuerzo de la sociedad civil local, nacional e internacional.

La libertad de don Ricardo tiene un enorme significado y representa un importante triunfo en el trabajo de lograr que se respeten plenamente los derechos del pueblo maya de la península de Yucatán.

Don Ricardo Ucán puso en evidencia un sistema de justicia que discrimina a los integrantes de los pueblos originarios; les niega un juicio justo, una defensa adecuada y una procuración y administración de justicia en su propia lengua y en respeto de sus sistemas normativos propios.

Confiamos en que el caso de don Ricardo Ucán contribuya a modificar estas condiciones y favorezca el reconocimiento y el pleno respeto a los derechos del pueblo maya de Yucatán.

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