La persistencia de prácticas que vulneran el derecho de comunidades mayas a elegir libremente a sus autoridades representa una forma de discriminación, a la cual se suma el desinterés de instancias que omiten ejercer facultades para proteger este derecho como el Congreso y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC).

Una semana después de iniciar la campaña “En mi pueblo manda el pueblo” cuyo objetivo es difundir el derecho de los habitantes de comisarías a elegir a su autoridad más cercana, Indignación ha observado que algunos alcaldes han desconocido a los comisarios que se encuentran en funciones y se han emitido convocatorias en las que se establecen veinticuatro horas para que los candidatos presenten su documentación.

En comisarías de Tixkokob Indignación también ha documentado la suspensión de elecciones por haber un solo candidato sin siquiera someter a consulta la aprobación de éste y también hemos tenido conocimiento de la inconformidad en otros lugares, como Halachó, por no haberse respetado la forma tradicional en la que los pueblos eligen a su autoridad.

La información acerca de la campaña se recibió con interés en algunas comisarías de Izamal, en las que hace tres años no se realizaron elecciones. De hecho la campaña inició precisamente en una comisaría de este municipio, Kimbilá, como un homenaje al pueblo que defendió hace tres años su derecho ante la intención del alcalde de imponer a su candidato.

En la Comisaría de Coahuila, municipio de Maxcanú, se vivió una situación extraña durante tres años pues ante la imposición del comisario por parte del entonces presidente municipal, el pueblo decidió elegir a su propia autoridad, siendo administrado el pueblo por dos comisarios, el impuesto por el Presidente municipal y el elegido por el voto de los habitantes.

La persistencia de estas prácticas exhibe la discriminación de que son objeto los pueblos mayas que se encuentran en comisarías, a la cual se suma la inacción de instancias que han omitido ejercer facultades para garantizar el derecho de los habitantes de comisarías a elegir a sus autoridades, particularmente el Congreso del estado y el IPEPAC.

Si bien la organización de las elecciones corresponde a los cabildos, el Congreso del estado bien puede dirigir un exhorto a los Ayuntamientos para que cumplan con el mandato constitucional de realizar en condiciones de equidad, las elecciones en las comisarías. El IPEPAC, por su parte, además de un exhorto en sentido similar, ha omitido difundir información en torno a los derechos civiles, políticos y colectivos del pueblo maya.

Indignación ha dirigido un escrito tanto al Congreso como al IPEPAC solicitándoles ejercer todas las acciones que estén dentro de sus facultades y que ayuden a garantizar el derecho del pueblo maya a elegir a sus autoridades en las mejores condiciones posibles.

En la carta enviada al Congreso Indignación recuerda que las disposiciones que regulan las elecciones en las comisarías tienen limitaciones: no se inscriben dentro de los derechos del pueblo maya, no reconoce otras formas de elección y, lo que es más grave, la ley llama a las autoridades “auxiliares de los ayuntamientos”, desdeñándolas y sin reconocer el carácter de representantes de sus propios pueblos, además de la inconveniencia de que sea un ejecutivo, en este caso el alcalde, quien organice un proceso electoral.

Sin embargo, aun con todas las limitaciones de la ley, de acuerdo con ésta los alcaldes ya no pueden imponer a las autoridades de las comisarías; están obligados a realizar elecciones.

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Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recuperaron las primeras treinta y un hectáreas de su territorio, después de 42 días del violento desalojo cometido ilegalmente por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien contó con la protección de la Policía Estatal de Campeche.
La comisión encargada del diálogo con las autoridades firmó un convenio con el Gobierno de Campeche a través del cual éste les garantiza la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el mismo polígono en el que estaban establecidos y la propiedad legal sobre esa superficie.
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas y confían en recuperar todo su territorio, puesto que unos días antes fueron informados de que el Juez primero de distrito de Campeche les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y ordenó la reposición del procedimiento de dotación de tierras a favor de los pobladores.
En una reunión informativa realizada jueves 24 de septiembre por la tarde, las y los pobladores celebraron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza del pueblo, con la solidaridad de otras organizaciones y de manera pacífica, a pesar de todas las provocaciones que sufrieron. Anunciaron que éste es un primer logro, puesto que continuarán su batalla por la justicia, la reparación de daños y la recuperación total de sus tierras.
El equipo Indignación reconoce y se alegra por el logro de las y los pobladores, que en condiciones tan críticas se ha mantenido en la exigencia de sus derechos.
Asimismo tomamos nota y expresamos nuestra preocupación acerca del hecho de que en el convenio firmado, el Gobierno de Campeche no garantiza la reparación de los daños, a pesar de que la Policía Estatal Preventiva protegió a quienes agredieron y desalojaron a los pobladores el 13 de agosto y a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños.
El convenio establece que los pobladores se encuentran en situación de desplazados debido a un desalojo cometido por un particular y el gobierno se compromete a dotar al poblado de todos los servicios necesarios para una vida digna; sin embargo, las acciones de gobierno quedan sujetas a una mesa de trabajo con las y los pobladores que irá determinando dichas acciones.
Otra gran preocupación para el equipo Indignación la constituye el riesgo de que delitos tan graves como el ataque a una población, y de consecuencias tan devastadoras como la destrucción de todo el pueblo que ha mantenido a los pobladores en situación de desplazados, queden impunes.
A la vez que reconocemos y celebramos un logro para los pobladores obtenido en condiciones tan adversas, incluyendo la escandalosa ausencia de la comisión pública de derechos humanos de Campeche, y enfrentando a gobiernos que se resisten a cumplir cabalmente sus obligaciones, reiteramos las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones el equipo Indignación se mantendrá atento e informando a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encuentran siguiendo este caso.
La Misión Civil de Paz determinó acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

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Comunicado de la Misión Civil de Paz, que presenta informe de observación

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El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conformaron la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.

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El retorno pacífico encuentra bloqueo en el gobierno
de Campeche y solidaridad en la sociedad civil

El acto pacífico de retorno a San Antonio Ebulá, que incluyó una emotiva oración en el borde de una entrada alternativa al destruido poblado, se encontró con el bloqueo y la persistente parcialidad del gobierno del estado de Campeche a favor del empresario Eduardo Escalante, que se arroga la propiedad de las tierras.
Con ese acto, los pobladores de San Antonio Ebulá enviaron un claro mensaje acerca de su determinación de continuar la defensa de sus derechos por vías pacíficas y a través de acciones no violentas.
Al mismo tiempo evitaron, como habían anunciado, cualquier confrontación que pusiera en riesgo la integridad física de las familias y de los acompañantes de la misión y garantizaron la seguridad que el gobierno no ofreció.
La Misión Civil de Paz, conformada por más de quince organizaciones de derechos humanos de distintos estados de México y por organizaciones solidarias de Campeche, desde el día anterior encontró condiciones que significaban un alto riesgo para la integridad física de las y los pobladores, ya lesionada impunemente en la expulsión y violento desalojo del 13 de agosto.
El gobierno de Campeche expresamente negó a la Misión Civil de Paz, de manera verbal, las condiciones de seguridad solicitadas para el retorno. Expresamente afirmó que no garantizaba la seguridad de las personas que intentaran ingresar al lugar que, según sus propias y parciales determinaciones, se trata de una propiedad privada y enfatizó que haría prevalecer a toda costa el estado de Derecho.
Esta Misión Civil de Paz se muestra alarmada de la reacción del Secretario de Gobierno que, cuestionado expresamente sobre los hechos del 13 de agosto, admitió que el desalojo cometido por el particular, con apoyo de la policía, no contó con una orden legal, al mismo tiempo que reiteraba que ahora sí aplicaría el estado de derecho para proteger esa propiedad.
Adicionalmente la Misión, en un recorrido previo, encontró el camino hacia el poblado bloqueado con montañas de tierra, zanjas, trampas de maderas con clavos, la amenaza que implicaron los desplegados del gobierno y el anuncio de no garantizar la seguridad de quienes retornarían a su pueblo.
Un integrante de la Misión Civil de Paz resultó lesionado con una de las trampas de madera con clavos.
El gobierno del estado de Campeche se mostró insensible ante la posibilidad de que nuevamente fuesen agredidos por grupos parapolicíacos contratados por el empresario.
Con esa información, la Misión Civil de Paz determinó acompañar el retorno por un camino alternativo, por Castamay, única vía por la que el gobierno del Estado de Campeche ofrecía cierta seguridad.
Esa vía adicionalmente permitiría a la Misión conocer los terrenos alternativos que se ofrecen además del ofrecimiento del gobierno que por ese camino se contaba con seguridad.
La solicitud de seguridad pública que solicitó la misión civil de paz, que fue mínimo e insuficiente durante el trayecto, se pervirtió y se convirtió en un operativo intimidatorio para los pobladores que acudieron en un acto pacífico, que ostensiblemente mostró la intención de proteger la propiedad privada.
El secretario de gobierno, al igual que la representante del empresario Escalante, insistieron en todo momento que únicamente podría entrar una comisión de cinco personas.
Los pobladores, al encontrar el impedimento de que todas las familias entraran a conocer los terrenos y la propuesta, que en una nueva muestra de buena voluntad los ebuleños accedían a escuchar, decidieron retornar al Plantón que mantienen frente al Palacio de Gobierno.
La Misión Civil de Paz, alarmada y preocupada por la parcialidad del gobierno de Campeche, por las condiciones en las que se encuentran los desplazados, por el hostigamiento que sufren y por la negativa del gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el retorno al que tienen derecho, ha determinado elaborar un informe sobre todo lo observado para hacerlo llegar a todas las instancias competentes.
En una evaluación posterior al acto, las familias desplazadas de Ebulá y las organizaciones que conformamos la misión civil de paz, identificaron como importantes logros la acción pacífica, evitar confrontaciones y el encuentro que crea puentes entre las organizaciones participantes y hace crecer la lucha.
Las y los participantes en la Misión Civil de Paz se comprometieron a difundir en sus distintos estados el caso de San Antonio Ebulá, así como las persistentes e impunes violaciones a los derechos humanos de los pobladores.
Organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA”* ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS *INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

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La agresión y violenta expulsión de los habitantes del pueblo maya de San Antonio Ebulá, en Campeche, cuyo pueblo fue completamente destruido el pasado 13 de agosto por civiles protegidos por la policía y contratados por un empresario de ese estado que se arroga la posesión del terreno, son hechos que nos llenan de alarma y preocupación.

El gobierno de Campeche, con sus omisiones, ha expuesto gravemente la vida y la integridad física de mujeres, hombres, niños y ancianos que se encuentran actualmente en situación de desplazados internos por violencia. Es por eso que se conformó la Misión civil de Paz para una solución justa en San Antonio Ebulá.

Esta Misión, conformada por personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, ha decidido acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en su exigencia de retorno, restitución, certeza legal, justicia y paz.

Los pobladores de San Antonio Ebulá han decidido retornar a sus tierras el día ocho de septiembre, en una acción que pretende denunciar los incumplimientos y del gobierno.

Como pueblo desplazado por la violencia, los habitantes de San Antonio Ebulá tienen derecho a retornar y a decidir las condiciones de su retorno. El gobierno, a su vez, tiene la obligación de garantizar y ofrecer condiciones de seguridad para el retorno, de acuerdo con los principios sobre desplazados de las Naciones Unidas.

El pasado 13 de agosto el pueblo de san Antonio Ebulá, Campeche, fue arrasado por cerca de cien civiles al servicio del empresario Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, que actuaron como grupo parapolicíaco, fueron resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa.

Estos graves hechos son producto de un patrón de impunidad que se observa en todo el país y que se exhibe en este caso, puesto que el mismo empresario en dos ocasiones anteriores había intentado desalojar a los pobladores, los había agredido y había destruido algunas de sus viviendas, sin que se sancionara su actuación a pesar de que los hechos se denunciaron.

A las más de 70 familias que conforman el pueblo maya de san Antonio Ebulá les fueron violados el derecho a la integridad física y a la seguridad jurídica, el derecho a no ser privado de sus posesiones sin que exista un juicio justo, su derecho a la propiedad y la vivienda.

Además se les ha conculcado su derecho como pueblo maya a la tierra y a decidir sobre su territorio, así como los derechos que tienen como desplazados internos a recibir asistencia humanitaria, al retorno y a la restitución.

Quienes conformamos esta Misión tenemos la certeza de que el despojo, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos constituyen un atentado contra la paz.

Tenemos conocimiento de que, aunque el señor Escalante se arroga la propiedad de las tierras, actualmente se dirime en la justicia federal un juicio de dotación de tierras. De hecho, recientemente un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Campeche obligó a que se revisara nuevamente el procedimiento de dotación de tierras al pueblo de Ebulá.

El ilegal despojo y la destrucción del pueblo realizado por trabajadores del empresario Escalante con la aquiescencia del Gobierno del estado, tiene la intención de hacer aparentar que San Antonio Ebulá nunca ha existido, pues de reconocerse la existencia del pueblo y la posesión que detentan desde hace más de 40 años sus habitantes, las autoridades agrarias estarían obligadas a fallar a favor del pueblo de San Antonio Ebulá.

No sólo es absolutamente ilegal el desalojo o expulsión de un pueblo, sino que éste en ningún caso puede ser ordenado y ejecutado por un particular, como ocurrió en San Antonio Ebulá con la complicidad del gobierno de Campeche.

San Antonio Ebulá ha sido reconocido por el Instituto Federal electoral, que emite credenciales con ese domicilio al menos desde 1991, y por el Gobierno Federal, quien les proporcionó una escuela a cargo del CONAFE, les ha otorgado diversos programas y beneficios sociales como OPORTUNIDADES, Setenta y Más, y les ha otorgado, a través de CONAGUA, la infraestructura para que accedan a ese bien esencial.

El pueblo de San Antonio Ebulá, después de intentar infructuosamente ser atendidos satisfactoriamente por las instancias del gobierno estatal, ha tomado la decisión de retornar a su territorio invadido.

Las organizaciones que conformamos esta Misión Civil de Paz hemos solicitado ya medidas cautelares al gobernador del Estado de Campeche, Lic. Jorge Carlos Hurtado Valdés, al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al representante de la OACNUDH, Dr. Alberto Brunori y a los titulares de la CNDH, Dr. José Luis Soberanos y Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, de la CEDHEC, para que, según la competencia propia de cada institución, realicen las gestiones que les corresponden para garantizar seguridad en el retorno que los habitantes de San Antonio Ebulá, así como para que se tomen todas las medidas de seguridad, pues existe un alto riesgo de que se puedan generar situaciones de agresión por parte de los grupos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante.

Se le ha solicitado también que se garantice a los pobladores de Ebulá las condiciones adecuadas para que puedan reconstruir su pueblo. Para ello es indispensable la garantía de que habiendo retornado no se generará ninguna situación posterior de violencia, agresión o despojo en su contra, así como la certeza de que serán restituidos sus bienes y un expreso compromiso del gobierno de no tolerar la impunidad.

* SERAPAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR * PRODESC

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¿Por qué no está en la cárcel el señor Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de todas las viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, en Campeche, además de agredir a los pobladores y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?

¿Por qué la policía, que llegó al lugar de los hechos el 13 de agosto, en vez de proteger la integridad física de los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir al pueblo?

¿Por qué la policía no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de San Antonio Ebulá y destruyeron todas las viviendas, los animales, los árboles y todo el patrimonio de los habitantes de un pueblo que su fundó desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué el gobierno del estado de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, habitadas desde hace más de cuarenta años?

¿Por qué en todos estos años de realizar todas las gestiones ante las instancias competentes las y los pobladores de San Antonio Ebulá no han podido obtener certeza legal sobre sus tierras?

¿Por qué permanece impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de la Escuela del CONAFE y del templo de la Iglesia católica de la comunidad?

¿Por qué quedó impune el violento y por supuesto ilegal intento de desalojo del 26 de mayo de 2009, en el que se destruyeron seis casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, además de que se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos?

¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado impunemente?

¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares?

¿Por qué el subsecretario de gobierno ofrece “apoyos” a la gente en forma de “láminas”, en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de todos los daños que se les han ocasionado?

¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante ofreciendo a las y los pobladores de San Antonio Ebulá una “reubicación” en vez de garantizarles el retorno a su propio pueblo, que fue arrasado por órdenes de un particular?

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?

¿Por qué a pesar de que el pueblo de San Antonio Ebulá es reconocido como población por el IFE, que asienta como domicilio de los pobladores “San Antonio Ebulá”; por el Ejecutivo federal que ahí ha enviado cartas a los pobladores; por la SEP, que ahí mantenía una escuela del CONAFE; por el Congreso, gobierno y municipio de Campeche, que lo señalan en la ley orgánica de municipios, ahora el gobierno de Campeche le niega su carácter de pueblo y se niega a proteger los derechos de los pobladores?

Al Congreso de Campeche

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha citado a las autoridades responsables para que den cuenta de las acciones y omisiones que agravian al pueblo de San Antonio Ebulá?

¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá?

A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, a pesar de haber sido informada de los hechos y haberse solicitado su intervención desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto y reiteradamente durante todo el día, no acudió al lugar de los hechos (dice que lo hizo hasta la tarde de ese día) NI HA ACUDIDO A ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS POBLADORES que se mantienen en plantón permanente frente a la sede del poder ejecutivo desde la expulsión?

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?

Al Presidente de la República

¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué el Sr. Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, se arroga la posesión de esas tierras?

A la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger los derechos de los habitantes de un pueblo maya golpeados y expulsados de su comunidad y privados de sus medios de subsistencia ya que sus viviendas fueron destruidas, sus pertenencias robadas o destruidas y sus animales asesinados?

¿Por qué, a pesar de que han sufrido diversos intentos de desalojo, la CDI no ha acudido para proteger el derecho del pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho a decidir sobre su territorio y sobre cualquier proyecto que se quiera realizar en él?

¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresamente señala en su artículo 17 que “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” y que además establece en su artículo 18 que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.”

Al titular de la PROFEPA

¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un procedimiento por la destrucción de los recursos forestales que se encontraban en San Antonio Ebulá?

A quien pueda responder

¿Por qué en Campeche un particular puede cometer un crimen de esta gravedad y continuar impune? ¿Por qué las autoridades lo protegen? ¿Por qué las autoridades que lo protegen no son sancionadas?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

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Organismos internacionales de derechos humanos fueron informados de la violenta expulsión de los pobladores de San Antonio Ebulá, de la destrucción de todas sus viviendas, sus pertenencias y sus recursos forestales por parte de cuerpos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, protegidos por el Gobierno de Campeche.
El Relator de pueblos indígenas, la relatora sobre vivienda, así como el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, todos de Naciones Unidas, recibieron el informe preliminar elaborado por el equipo Indignación –una versión actualizada al 17 de agosto–, que da cuenta de los hechos, de algunos antecedentes, de los derechos violados y de la responsabilidad del gobierno del estado de Campeche.
El equipo Indignación informó lo anterior hoy a las y los pobladores de San Antonio Ebulá, que se mantienen en plantón permanente en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, durante un taller con los agraviados para conocer y comentar el informe elaborado por Indignación. Además se informó que el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acusó recibo inmediatamente del documento enviado y expresó que le estará dando seguimiento.
Amnistía Internacional y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a más de 60 organizaciones de derechos humanos, también han sido informadas del caso de San Antonio Ebulá.
El gobierno del estado de Campeche, en distintas reuniones celebradas con representantes de los agraviados, continúa sin admitir la comisión de delitos contra las y los pobladores e insiste en su incompetencia bajo el argumento de que es un problema entre particulares.
En el taller realizado en la explanada en los bajos de la sede del ejecutivo campechano, las y los pobladores informaron que el gobierno ofrece apoyos en forma de láminas en lugar de reparación y resarcimiento de los daños ocasionados por el particular y por la inacción del gobierno.
El Estado es responsable de violar los derechos humanos por acción y por omisión, ya que tiene obligación de intervenir ante la comisión de ilícitos para proteger la integridad física y la propiedad de las personas y para garantizarles justicia mediante la sanción a los responsables y la reparación del daño.
La inacción del Gobierno en el caso de San Antonio Ebulá es aún más grave puesto que es un pueblo maya que tiene derecho a decidir sobre su territorio y que fue agredido, expulsado, despojado de todas sus pertenencias y, por lo tanto, de sus medios de subsistencia.
109 familias se encuentran actualmente desplazadas, con el riesgo que eso implica para la vida y la salud de los pobladores y, en particular, de los niños y niñas y de las personas mayores. El pueblo se mantiene ocupado y sitiado por los parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de los terrenos en los que se encuentra San Antonio Ebulá, fundado desde hace más de 40 años.
Los pobladores han iniciado, desde entonces, innumerables recursos para obtener certeza legal sobre sus tierras y han enfrentado juicios agrarios, civiles y penales. Es atribuible al Estado mexicano, y no a los pobladores, la responsabilidad de no haber atendido cabalmente los distintos recursos legales presentados.
Ante las muestras que ha dado el gobierno del estado de Campeche de uso parcial de los recursos del Estado para proteger al agresor, el equipo Indignación TEME POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA de los pobladores de Ebulá y de las personas que los acompañan en la exigencia de sus derechos, quienes además están siendo hostigados mediante vigilancia permanente, seguimiento continuo y amenazas.
Indignación considera que el gobierno de Campeche está obligado a garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras, iniciar una investigación de los hechos para sancionar tanto a los particulares como a funcionarios de gobierno responsables y a garantizar la reparación de los daños ocasionados.
Las omisiones del gobierno de Campeche sitúan a los pobladores, privados de su hogar, sus pertenencias y sus medios de subsistencia, en condiciones de emergencia que agravan la responsabilidad del gobierno en los hechos.
Este caso implica múltiples y graves delitos, algunos de ellos federales, como la destrucción de recursos forestales, así como la destrucción de una escuela perteneciente a la CONAFE con clave OHKPR0244Y, por lo que también deploramos la inacción del gobierno federal.

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En el informe, el equipo Indignación denuncia que el gobierno del estado de Campeche, al proteger a grupos parapolicíacos al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la posesión de las tierras en las que está asentado el pueblo de San Antonio Ebulá, viola gravemente por acción y por omisión los derechos a la integridad física, a la seguridad jurídica, a la propiedad y a la vivienda de los integrantes de ese pueblo maya, a quienes también conculca su derecho como pueblo indígena a decidir sobre su territorio.

A un día de los hechos, los pobladores de San Antonio Ebulá se encuentran en situación de desplazados, sin lugar dónde estar y sin poder acceder a la población, que está tomada por los cuerpos parapolicíacos contratados por una empresa de seguridad privada al Servicio del empresario Eduardo Escalante, suegro del fallecido ex secretario de gobernación federal Juan Camilo Muriño.

El gobierno del estado de Campeche está obligado a garantizar y proteger el reingreso de los ebulenses a su pueblo, a quienes deben restituírseles los daños materiales y morales que se les ha ocasionado, concluye Indignación en este informe preliminar de observación.

El gobierno del estado de Campeche también debe ofrecer garantías de no repetición de los hechos, lo que implica sancionar a los particulares que cometieron este ilícito y a los servidores públicos que los protegieron, incluyendo altos mandos de la policía y funcionarios del gobierno estatal.

Seis personas lesionadas, dos detenidas que fueron liberadas el mismo día y la pérdida completa de las viviendas y propiedades de los pobladores, incluyendo a sus animales, son algunos de los agravios cometidos ayer 13 de agosto contra los pobladores de Ebulá por cerca de cien parapolicías custodiados por alrededor de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del comandante Samuel Salgado, de acuerdo con testimonios de los pobladores.

El pueblo de San Antonio Ebulá se fundó desde 1968 y desde esa fecha los pobladores han estado realizando todas las gestiones necesarias para regularizar y tener certeza legal sobre sus tierras, sin haber sido atendidos cabalmente por las autoridades estatales y federales, quienes incluso han obstaculizado el proceso y los han amenazado.

Aunque oficialmente aparece como “predio conocido como San Antonio Ebulá”, se trata de un pueblo, con todos los derechos que eso implica.

Tan ha sido reconocido como pueblo por el propio gobierno, que al lugar acude regularmente una promotora de salud, algunos habitantes cuentan con programa de oportunidades, recientemente acudió Sedesol a ofrecerles pisos de cemento a 50 familias y sus habitantes tienen credencial de elector que exhiben como domicilio San Antonio Ebulá al menos desde 1991.

En 2007 se dio un operativo similar, en el que se destruyeron más de 20 casas de la población. Hubo un acuerdo de reubicación, pero los pobladores de Ebulá fueron trasladados a una tierra que no cumplía con lo que les habían ofrecido, lo que también implica discriminación, y decidieron ante la humillación retornar a su pueblo, en el que viven desde hace más de cuarenta años.

A los agravios y las violaciones a sus derechos, se suma la inacción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche, que desde las 8:30 de la mañana del 13 de agosto recibió información del operativo y a la que Indignación solicitó su intervención inmediata desde esa hora.

Hasta las dos de la tarde de ese día no se había presentado a la población y los habitantes dijeron que no recibieron visita de ninguna persona de dicho organismo, a pesar de que esa comisión tiene un expediente sobre Ebulá desde mayo pasado, cuando se dio otro operativo en el que se destruyeron seis casas y se detuvo a siete pobladores, cuatro de los cuales fueron liberados al día siguiente y, los demás, bajo fianza unas semanas después.

Los pobladores de San Antonio Ebulá se han adherido a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por lo que este evento está enmarcado también en el patrón de represión contra adherentes de esta iniciativa.

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Al admitir el caso de Ricardo Ucán Seca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enjuicia, por primera vez, al Estado mexicano por violaciones atribuibles a autoridades del estado de Yucatán, ya que es el primer caso contra autoridades locales admitido en esa instancia internacional.
En una reunión con legisladores realizada el día de hoy, Indignación les cuestionó sobre su inacción en el caso de don Ricardo Ucán, ya que en el Congreso de Yucatán se encuentra, desde la anterior legislatura, una iniciativa de ley de indulto que todavía no ha sido dictaminada.
Indignación explicó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso las implicaciones de la admisión ante la CIDH y entregó de nuevo a los diputados un informe sobre el caso de don Ricardo Ucán Seca.
A finales de julio pasado, la CIDH determinó, mediante el informe 49/08, que existen elementos para entrar al fondo del asunto en el caso presentado por don Ricardo Ucán, junto con el equipo Indignación, por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en su perjuicio durante el juicio que se le siguió por haber privado de la vida, en legítima defensa, a Bernardino Ek.
Posteriormente también se sumó a la solicitud la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
La CIDH consideró que hay elementos derivados de las pruebas y argumentos ofrecidos por los peticionarios que exhiben presuntas violaciones a los artículos 8.2.a, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atribuibles al Estado mexicano, por acciones y omisiones de autoridades yucatecas.
El primero de ellos establece la obligación de dotar de intérprete traductor a cualquier procesado que así lo requiera; el segundo la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y el tercero la obligación que tiene el Estado de dotar de recursos judiciales efectivos que protejan a las personas de violaciones a derechos humanos.
Todos estos derechos, a criterio de la Comisión, pudieron haberse violado por acciones y omisiones de distintas autoridades ministeriales y judiciales del estado de Yucatán, que son parte del Estado mexicano.
Los argumentos ofrecidos por las organizaciones que son copeticionarias en el caso ante la CIDH, se han basado en la secuela de violaciones cometidas a don Ricardo Ucán que iniciaron desde la averiguación previa, donde careció de defensor de oficio y no le fue proporcionado intérprete traductor.
Durante el juicio de primera instancia su defensora de oficio no ofreció ninguna prueba que acreditara la legítima defensa con la que actuó don Ricardo, persistió la ausencia de intérprete traductor y la mencionada defensora tampoco ofreció conclusiones no acusatorias.
Estas violaciones persistieron durante la segunda instancia, en donde la misma defensora no presentó agravios y los magistrados de la Sala Penal, sin suplir la deficiencia de la queja –obligación establecida en el Código procesal penal del estado–, ratificaron automáticamente la sentencia de 22 años de prisión impuesta por el Juez de Tekax.
En ninguna de las instancias judiciales se hizo referencia alguna a la calidad de indígena maya de don Ricardo. Estos argumentos, a criterio de la CIDH, caracterizan posibles violaciones a derechos humanos que habrán de ser determinadas en una próxima fase.
Cabe recordar que en junio pasado, Ricardo Ucán Seca cumplió 8 años de estar privado de su libertad en el reclusorio de Tekax, Yucatán con motivo de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado mixto de Tekax, luego de ser detenido y sometido a un largo procedimiento penal en el que le fueron violados sus derechos más básicos.
A lo largo de todo este tiempo, Ricardo Ucán ha recibido diversas muestras de solidaridad y apoyo. Las autoridades yucatecas, por su parte, han recibido múltiples exigencias para que se le resarzan a don Ricardo los derechos violados de parte de Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la organización alemana Misereor, por mencionar algunos.
Ante estas solicitudes, ninguna de las tres administraciones estatales que han transcurrido desde la detención de don Ricardo –la de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco–, ni tampoco las legislaturas que a lo largo de esos períodos han ido y venido han realizado ninguna acción a favor de Ricardo Ucán.
La inacción exhibida por las autoridades yucatecas en el caso de don Ricardo Ucán ha continuado las violaciones contra don Ricardo y exhibe la persistencia de discriminación hacia el pueblo maya en la acción gubernamental.
Lo anterior también denota la falsedad del discurso oficial, tanto a nivel federal como estatal, por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de lo primero son los argumentos dados por el gobierno federal a la CIDH intentando minimizar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de don Ricardo Ucán.
En el caso de las autoridades estatales, a pesar de que publicitan la próxima emisión de una legislación en materia indígena, en la práctica siguen siendo responsables de acciones y omisiones que exhiben su franco desinterés por los derechos del pueblo maya.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) determinó admitir la denuncia presentada por don Ricardo Ucán Seca, indígena maya, en contra del Estado mexicano, por vulnerar sus derechos durante el juicio que se le siguió en el estado de Yucatán.

Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de cárcel por privar de la vida a una persona aunque lo hizo en defensa propia. Durante el juicio don Ricardo Ucán, mayahablante, no contó una defensa adecuada ni tuvo intérprete traductor.

Agotados los recursos locales, don Ricardo Ucán acudió a la CIDH desde el 2004. El Estado mexicano, por su parte, solicitó a la CIDH no admitir el caso. Sin embargo, el pasado 24 de julio la CIDH determinó admitir el caso y el día de ayer hizo público el informe 49/08 en el que da a conocer su resolución.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Comisión interamericana decide “Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8.2 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ricardo Ucán Seca”.

Los derechos señalados por la CIDH son los relacionados con Garantías Judiciales y Protección Judicial, denunciados por don Ricardo, aunque la propia CIDH determinó que también presume violación a su derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley.

La resolución de la CIDH puede consultarse directamente en el sitio electrónico de este organismo en http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm

En el sitio de Indignación, organización que ha acompañado la denuncia de don Ricardo ante la CIDH, puede consultarse un informe completo sobre el caso y comunicados anteriores. En la sección de videos puede ver y escuchar al propio don Ricardo narrar el caso y las violaciones cometidas en su contra.

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