Comunicado conjunto Oasis San Juan de Dios / Equipo Indignación A.C.

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El día de hoy, 3 de junio de 2008, representantes del Oasis de San Juan de Dios A.C. y del equipo de derechos humanos Indignación A.C., presentaron, ante los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, de Justicia y de Salud del Congreso del Estado de Yucatán, una propuesta legislativa para reformar diversos artículos del Código Civil y del Código del Registro Civil del estado de Yucatán, para garantizar que aquellas personas afectadas por el VIH/Sida puedan ver reconocidos en la ley una serie de derechos que hasta ahora en la práctica les han sido negados.

La iniciativa en mención contiene básicamente 3 puntos:

1.- Propuesta para reformar los artículos que establecen limitaciones para que una persona afectada por el VIH/Sida u otras enfermedades de transmisión sexual pueda contraer matrimonio. La redacción actual de los artículos les niega ese derecho inalienable (así ha sido interpretado por el Registro civil y el gobierno del estado), por lo cual se propone que el único impedimento para que una persona que padezca VIH/Sida u otra enfermedad de transmisión sexual que sea incurable pueda contraer matrimonio, sea la ausencia de consentimiento informado de la otra parte, es decir del cónyuge no afectado/a por la enfermedad. Así se conjuga el derecho que toda persona tiene a casarse y formar una familia, con el control epidemiológico y la protección de los ciudadanos y ciudadanas a que está obligado el Estado.

2.- Derogar el impedimento para que una persona que padezca una enfermedad pueda ser tutor, atendiendo al hecho de que tener VIH/Sida o cualquier padecimiento similar, no es causa ni motivo alguno para que una persona esté impedida para desempeñar esta función.

3.- Garantizar que en las actas de defunción de aquellas personas que fallezcan como consecuencia del VIH/Sida se establezca la causa inmediata del fallecimiento y no la remota, en el entendido de que las actas de defunción, al ser documentos públicos de fácil acceso a cualquier ciudadano, pueden generar situaciones de estigmatización y discriminación hacia los familiares del fallecido. Esta medida es indispensable en un estado en el que, como Yucatán, todavía se dan muestras de intolerancia y discriminación hacia personas que padecen VIH/Sida y/o sus familiares.

La propuesta que hoy se presenta parte de la necesidad que existe en Yucatán de homologar las leyes locales con los más altos estándares de protección en materia antidiscriminatoria que establecen tanto la Constitución Federal en su artículo primero, la Constitución local, en su artículo segundo, y diversos Tratados y Convenios Internacionales, beneficiando a un sector especialmente vulnerable y discriminado como es el de las personas que padecen VIH/Sida. La estigmatización, producto de la ausencia de información adecuada y de políticas públicas incluyentes y de la falta de actualización de las normas secundarias que rigen la vida cotidiana, han significado en la práctica que aquellas personas que padecen VIH/Sida vean acotados sus derechos de manera sistemática, siendo considerados ciudadanos de segunda clase, hecho que sugiere la imperiosa necesidad de adecuar las normas que rigen la vida y las relaciones cotidianas, para garantizar que el mandato constitucional de prohibición de la discriminación se aplique de manera real en la vida de aquellas personas que la han sufrido y la siguen sufriendo.

Yucatán es de los pocos estados de la república mexicana que todavía mantienen en su legislación civil artículos que limitan el ejercicio del derecho al matrimonio por parte de personas afectadas por el VIH, a pesar de que, tal como se expresa en la exposición de motivos de la propuesta presentada, “el tiempo de sobrevida para las personas afectadas por el VIH ha crecido de cinco a treinta y cinco años debido a los nuevos esquemas de tratamiento, con una tendencia a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de las personas portadoras y la aparición de nuevos esquemas de medicación que los avances de la ciencia han puesto al alcance de la mano y que reducen la cantidad de virus de manera que se puede lograr una actividad viral casi en cero, dejando a la persona indetectable. En este mismo sentido, no se pueden soslayar los avances que en materia de prevención del VIH y de otras enfermedades infecciosas y transmisibles se han dado en los últimos años y que han significado que las parejas pueden llevar a plenitud su matrimonio sin ningún tipo de limitación ni impedimento y prácticamente con cero posibilidades de contagio”.

En tal virtud, es preciso eliminar estos impedimentos pues no responden a esta nueva realidad y, en la práctica, generan actos de discriminación que impiden a las personas afectadas por el VIH, o que padecen alguna enfermedad con características similares, integrarse plenamente y en igualdad de derechos a la sociedad. Como ejemplo de lo anterior, se pueden señalar aquellos casos en los que el Registro civil del estado se ha negado a casar a personas que padecen VIH, aduciendo justamente los impedimentos establecidos en el Código Civil del estado.

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Establecer en la constitución el derecho a la alimentación, tipificar como delito la discriminación y la violencia de género, incluir la figura del indulto en la legislación local, crear un Consejo de la Judicatura y armonizar las leyes locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos son algunas de las urgencias legislativas incluidas en la agenda que presentó hoy el equipo Indignación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Las propuestas se desarrollan a lo largo de cinco capítulos: Derecho a una vida digna, Derecho a la justicia, género y derechos humanos, pueblo maya y organismos ciudadanos. La introducción recuerda a los legisladores que los compromisos contraídos por México ante organismos internacionales implican la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan plenamente vigentes los derechos de la ciudadanía, tal como se expresa en el Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La agenda presentada por el equipo Indignación incluye propuestas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales; bajo el título de “el derecho a una vida digna” exhorta a los legisladores a establecer un seguro de desempleo, a establecer en la constitución el derecho a la alimentación y a crear mecanismos para la participación de la sociedad en la elaboración de los presupuestos de egresos. También se señalan las urgencias relacionadas con la atención a la que tienen derecho las personas con VIH/Sida, como parte de un grupo vulnerable.

Otro capítulo, “el derecho a la justicia” aborda la procuración e impartición de justicia, exhorta a esta legislatura a impulsar los juicios orales y crear un Consejo de la Judicatura ciudadanizado.

El capítulo “Género y Derechos Humanos” aborda los derechos de la mujer subrayando la obligación de la legislatura de atender las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés) así como las recomendaciones que el comité respectivo a dirigido al Estado mexicano. Asimismo, se hace notar que el Congreso ha incurrido en un nuevo desacato a partir del primero de agosto debido a que ya venció el plazo y no ha acatado las disposiciones derivadas de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Indignación llama a crear una ley en la materia, a armonizar las leyes estatales con la CEDAW y a tipificar la violencia de género, entre otras urgencias.

Sobre la diversidad sexual la agenda presentada por Indignación propone tipificar como delito la discriminación e impulsar reformas en el ámbito estatal para equiparar los derechos de hombres y mujeres con orientación homosexual con los de las personas heterosexuales, de tal manera que aquellas tengan la opción de formalizar legalmente sus espacios de convivencia.

El capítulo sobre el pueblo maya hace saber a la actual legislatura que en septiembre de 2005 más de dos mil mayas manifestaron su oposición a legislar en la materia en tanto no se reconocieran en el ámbito federal los Acuerdos de San Andrés y expresa que la reforma que aprobó la legislatura anterior no contó con una consulta previa, generalizada y de acuerdo a los criterios señalados por el Convenio 169 de la OIT. Las propuestas en este capítulo reitera la necesidad de tipificar la discriminación como delito. Indignación presenta el caso de don Ricardo Ucán e insiste en la necesidad de crear una ley de indulto, exhorto que también ha hecho el relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen.

El quinto y último punto se refiere a los organismos ciudadanos y a la necesidad de revisar las leyes de la Codhey, del IPEPAC y del INAIP, con el objeto de realizar las reformas necesarias para garantizar la plena ciudadanización y autonomía política y financiera de dichos organismos.

En el documento entregado a los integrantes de la Comisión se señala que en 2004 el equipo Indignación hizo público un documento con las urgencias legislativas basadas en el Diagnóstico sobre Derechos Humanos en México promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “Lamentablemente —se indica en la introducción del documento— una gran parte de esas demandas permanece y constituye un verdadero rezago en materia de derechos humanos”.

La carpeta entregada a los legisladores incluye también un ejemplar de “La hacienda restaurada. Derechos Humanos en el Patronato”, informe que presentó recientemente el equipo Indignación, así como un informe especial del caso de don Ricardo Ucán Ceca, la carta que el Relator sobre derechos de los pueblos indígenas dirigió a la anterior legislatura exhortándola a establecer la figura del indulto y un ejemplar de la agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

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