Alarmadas por una decisión del Tribunal Superior (TSJ) de Yucatán que obstaculiza el acceso a la justicia y pone en riesgo la vida de mujeres en un caso de grave violencia física, sicológica y sexual, Indignación acompañó nueva denuncia de hechos y exige que se realicen pruebas que anteriormente se negaron.

(Para adherirte a la petición de Justicia plena haz clic aquí: http://www.indignacion.org.mx/mar)

El caso se refiere a dos mujeres, madre e hija, que durante años fueron agredidas y explotadas sexualmente por el padrastro de MAR, la hija. Indignación acompañó la presentación de la denuncia, en febrero de 2010, después de que un abogado del IEGY consideró que los delitos ya habían prescrito.

El TSJ retiró el delito de violación al inculpado en la causa penal 41/2010, quien durante años abusó de su hijastra, la embarazó cuando tenía once años de edad (hace quince años) y continuó agrediéndola y explotándola sexualmente hasta hace algunos meses. El Tribunal mantuvo únicamente el delito de lenocinio.

Aun cuando, a solicitud de la fiscalía ante un exhorto del Tribunal Superior, al inculpado se le negó el beneficio de llevar el juicio fuera de la cárcel, lenocinio es un delito que no es considerado grave.

Por tal motivo, y por el derecho de MAR a la justicia, que implica recibirla por el delito que se cometió contra ella, Indignación ha acompañado a MAR a presentar nueva denuncia de hechos por el delito de violación pero ahora “equiparada”, cometida contra ella cuando era menor de doce años de edad y que, a pesar de los años transcurridos, aún no ha prescrito.

La decisión del TSJ impide que el inculpado sea juzgado por violación. Con escándalo hemos sabido los argumentos: expresan que no se comprobó la violencia en la relación sexual impuesta contra MAR, quien desde que tenía nueve años hasta hace apenas unos meses fue agredida y explotada sexualmente.

El argumentar así en un caso tan grave y extremo exhibe un sesgo de género que pudiera conformar un patrón que impide a las mujeres el acceso a la justicia, lo que implica un grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por México en esta materia.

Efectivamente, la Convención de Belem do Pará sobre violencia contra las mujeres establece las obligaciones de los Estados, entre los cuales destaca la obligación de

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga acceso a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces

Por otra parte han incumplido el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

La inacción del IEGY, además, representa una profunda preocupación para el equipo Indignación, pues omisiones tan graves estarían afectando diversos casos contribuyendo a perpetuar la violencia de género y la impunidad que lamentablemente priva en esos casos.

Indignación ha exhortado al Procurador de Justicia de Yucatán, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la Gobernadora de Yucatán a garantizar a MAR, su madre y su familia el pleno acceso a la justicia de acuerdo con los más altos estándares de protección en materia de violencia de género.

Lo anterior incluye la integración adecuada, expedita y profesional de la averiguación previa, realizar todas las pruebas técnicas y científicas y seguir los protocolos establecidos desde el derecho internacional de los derechos humanos, una sanción acorde a la gravedad de los hechos, medidas de protección para las víctimas a lo largo de todo el proceso, y una adecuada reparación del daño.

Asimismo, se les exhortó a garantizar que Yucatán cuente con leyes acordes a los más altos estándares en materia de violencia de género y en materia de trata de personas, particularmente mujeres e infancia.

Quien desee sumarse a estas exigencias puede hacerlo en http://indignacion.org.mx/mar

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Establecer en la constitución el derecho a la alimentación, tipificar como delito la discriminación y la violencia de género, incluir la figura del indulto en la legislación local, crear un Consejo de la Judicatura y armonizar las leyes locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos son algunas de las urgencias legislativas incluidas en la agenda que presentó hoy el equipo Indignación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Las propuestas se desarrollan a lo largo de cinco capítulos: Derecho a una vida digna, Derecho a la justicia, género y derechos humanos, pueblo maya y organismos ciudadanos. La introducción recuerda a los legisladores que los compromisos contraídos por México ante organismos internacionales implican la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan plenamente vigentes los derechos de la ciudadanía, tal como se expresa en el Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La agenda presentada por el equipo Indignación incluye propuestas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales; bajo el título de “el derecho a una vida digna” exhorta a los legisladores a establecer un seguro de desempleo, a establecer en la constitución el derecho a la alimentación y a crear mecanismos para la participación de la sociedad en la elaboración de los presupuestos de egresos. También se señalan las urgencias relacionadas con la atención a la que tienen derecho las personas con VIH/Sida, como parte de un grupo vulnerable.

Otro capítulo, “el derecho a la justicia” aborda la procuración e impartición de justicia, exhorta a esta legislatura a impulsar los juicios orales y crear un Consejo de la Judicatura ciudadanizado.

El capítulo “Género y Derechos Humanos” aborda los derechos de la mujer subrayando la obligación de la legislatura de atender las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés) así como las recomendaciones que el comité respectivo a dirigido al Estado mexicano. Asimismo, se hace notar que el Congreso ha incurrido en un nuevo desacato a partir del primero de agosto debido a que ya venció el plazo y no ha acatado las disposiciones derivadas de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Indignación llama a crear una ley en la materia, a armonizar las leyes estatales con la CEDAW y a tipificar la violencia de género, entre otras urgencias.

Sobre la diversidad sexual la agenda presentada por Indignación propone tipificar como delito la discriminación e impulsar reformas en el ámbito estatal para equiparar los derechos de hombres y mujeres con orientación homosexual con los de las personas heterosexuales, de tal manera que aquellas tengan la opción de formalizar legalmente sus espacios de convivencia.

El capítulo sobre el pueblo maya hace saber a la actual legislatura que en septiembre de 2005 más de dos mil mayas manifestaron su oposición a legislar en la materia en tanto no se reconocieran en el ámbito federal los Acuerdos de San Andrés y expresa que la reforma que aprobó la legislatura anterior no contó con una consulta previa, generalizada y de acuerdo a los criterios señalados por el Convenio 169 de la OIT. Las propuestas en este capítulo reitera la necesidad de tipificar la discriminación como delito. Indignación presenta el caso de don Ricardo Ucán e insiste en la necesidad de crear una ley de indulto, exhorto que también ha hecho el relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen.

El quinto y último punto se refiere a los organismos ciudadanos y a la necesidad de revisar las leyes de la Codhey, del IPEPAC y del INAIP, con el objeto de realizar las reformas necesarias para garantizar la plena ciudadanización y autonomía política y financiera de dichos organismos.

En el documento entregado a los integrantes de la Comisión se señala que en 2004 el equipo Indignación hizo público un documento con las urgencias legislativas basadas en el Diagnóstico sobre Derechos Humanos en México promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “Lamentablemente —se indica en la introducción del documento— una gran parte de esas demandas permanece y constituye un verdadero rezago en materia de derechos humanos”.

La carpeta entregada a los legisladores incluye también un ejemplar de “La hacienda restaurada. Derechos Humanos en el Patronato”, informe que presentó recientemente el equipo Indignación, así como un informe especial del caso de don Ricardo Ucán Ceca, la carta que el Relator sobre derechos de los pueblos indígenas dirigió a la anterior legislatura exhortándola a establecer la figura del indulto y un ejemplar de la agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

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El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. dirigió una carta*  al Presidente Municipal de Mérida y al Cabildo para proponer que  el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI-Casa de la Mujer) sea elevado a rango de dirección municipal con el objetivo de que el Ayuntamiento de Mérida desarrolle con eficacia una política para la equidad de género.

En la carta, el Equipo Indignación expresa su preocupación por algunas decisiones tomadas por el actual Ayuntamiento con relación a la Casa de la Mujer.

La actual administración municipal determinó que el CIAVI deje de estar integrado a Desarrollo Social y lo reubicó en el DIF municipal.

A Juicio del Equipo Indignación, este cambio, en apariencia irrelevante, entraña una visión que obstaculiza la equidad de género, puesto que reproduce la idea de que el ámbito de la mujer es, exclusivamente, la familia e identifica como necesidades de la mujer únicamente aquellas vinculadas con el ámbito familiar, visión que va en detrimento de la equidad.

La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer; es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto más amplio e integral, señala la carta dirigida al alcalde y al cabildo.

La carta también cita la Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres, elaborado por el Programa de Gestión Urbana del PNUD, documento que, al revisar distintas experiencias municipales en América Latina, asienta que “El rango de jerarquía (de una institución municipal de la mujer) oscila de Secretaría, subsecretaría, dirección, departamento, hasta una oficina perdida entre otras, comúnmente ubicadas dentro del sector de Acción Social, Desarrollo Social o Servicios Sociales, según se lo denomine”.

Una copia de esta Guía, que recomienda la institucionalización de un organismo específico de la mujer al cual se le destinen recursos financieros dentro del presupuesto municipal, se anexó a la carta dirigida al Alcalde como un aporte del Equipo Indignación a la planeación municipal.

El Equipo Indignación considera indispensable que esté a cargo del CIAVI una persona con experiencia y trayectoria en el campo de la equidad de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. En la carta subraya la conveniencia de que, para seleccionar a la persona indicada, el Ayuntamiento consulte a organizaciones civiles y a personas expertas en el tema de la equidad.

El Equipo Indignación destaca la importancia de que el Ayuntamiento de Mérida siente un precedente para próximas administraciones municipales y para los demás Ayuntamientos del Estado al crear la dirección municipal de la mujer o la dirección para la equidad de género, por lo cual también envió copia de la carta al Congreso del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán solicitándoles, en el ámbito de sus respectivas competencias, exhorten a los ayuntamientos a desarrollar sus planes y programas con perspectiva de género.

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Regidores y regidora
del Ayuntamiento de Mérida

Quienes integramos el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. nos dirigimos respetuosamente a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por algunas decisiones tomadas con relación al Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVI-Casa de la mujer).
La actual administración determinó que el CIAVI deje de ser un centro integrado a Desarrollo Social y lo reubicó en el DIF municipal. Este cambio, en apariencia irrelevante, entraña, a nuestro juicio, una visión que obstaculiza una atención que proteja y promueva los derechos de la mujer y la equidad de género.
Ubicar la Casa de la Mujer en el DIF, es decir, en la institución que vela por la familia, reproduce una construcción cultural que ha sido fuente de inequidad para las mujeres: el lugar de la mujer es lo privado, la casa, la familia. Reproduce la idea de que la mujer lo es en tanto crea, reproduce, sostiene y edifica una familia. Identifica como necesidades de la mujer únicamente aquellas relacionadas con el ámbito familiar, con lo que reproduce un prejuicio en detrimento de la equidad.
“¡Ah! Pues ¿puede haber otra preocupación para las mujeres que no sea la estabilidad familiar, el sostén de la familia, la silla de ruedas para el anciano al que cuida, el alimento de los niños y niñas?” Se preguntarán algunos.
“La identidad de la mujer aparece diluida en otras identidades como las de ‘vecina’, ‘madre’, ‘ama de casa’… Se proyecta así su rol doméstico al espacio social, pero no se contribuye de esta forma a disminuir o eliminar las desigualdades de género” [1]
Patrones culturales ancestrales y una sociedad patriarcal han ocasionado esta inequidad en las relaciones de género.
La violencia que se ejerce contra nosotras, las mujeres, es precisamente un efecto de esa sociedad patriarcal, de la inequidad en las relaciones de género tolerada por la sociedad y por el Estado.
“La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer” [2]. Es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto más amplio e integral, que permita combatir todas las formas de violencia así como las causas que la generan.
Los compromisos internacionales que México ha suscrito van, precisamente, en la línea de promover la equidad de género. Diversas organizaciones coinciden en que el espacio municipal, por sus características, tiene un enorme potencial para promover acciones afirmativas y políticas públicas para desmontar la cultura patriarcal y para promover la equidad.
No resultó ocioso ubicar al “CIAVI-Casa de la mujer” en Desarrollo Social, especialmente si se considera que “uno de los mayores obstáculos y desafíos que enfrentan los países para lograr un desarrollo humano y sostenible es la persistencia de la inequidad y la injusta desigualdad de oportunidades que ocurre entre clases sociales, entre comunidades étnicas, entre la ciudad y el campo, y entre los hombres y las mujeres. De acuerdo a la ONU ‘la más persistente de estas disparidades es la que prevalece entre hombres y mujeres, en desmedro de éstas’” [3].
Sin embargo, la actual administración podría avanzar aún más en la definición de una política para la equidad de género estableciendo una dirección o departamento específico para dicho objetivo. Es decir, no únicamente retirar al CIAVI del DIF y reubicarlo en Desarrollo Social, sino incluso ubicar al CIAVI a nivel de dirección municipal encargada de diseñar e implementar la política para la equidad de género del Ayuntamiento de Mérida, dotándola de personal y recursos suficientes para este trabajo. Esta decisión sentaría incluso un precedente para próximas administraciones municipales y para los demás ayuntamientos del Estado que requieren con urgencia desarrollar sus planes y programas con perspectiva de género.
Para fundamentar lo anterior citamos la guía del PNUD que, al revisar distintas experiencias municipales, asienta que “El rango de jerarquía (de una institución municipal de la mujer) oscila de Secretaría, Subsecretaría, Dirección, Departamento hasta una oficina perdida entre otras, comúnmente ubicadas dentro del sector de Acción Social, Desarrollo Social o Servicios Sociales, según se lo denomine” [4].
Las políticas para la equidad requieren una visión integral que pueda dar soluciones estratégicas y eficaces, articulando los esfuerzos de otros ámbitos de gobierno.
No está de más expresarles nuestro temor acerca de que, ubicada en el DIF, la Casa de la Mujer podría desdibujarse al ser utilizado el personal ya capacitado en género, como abogadas y sicólogas, en otros programas de ese centro de asistencia social.
Consideramos indispensable que esté a cargo del CIAVI una persona con experiencia y trayectoria en el campo de la equidad de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. Sería muy conveniente que, para seleccionar a la persona indicada, se consultara a las organizaciones civiles y a personas expertas en el tema de la equidad.
Anexamos, como un aporte del Equipo Indignación a la planeación municipal, la “Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres, del PNUD”.
Confiadas en que las inquietudes planteadas en esta comunicación serán valoradas y atendidas, aprovechamos para saludarles cordialmente.

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Martha Capetillo Pasos

c.c.p. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, solicitándole revise los planes y programas de los municipios de Yucatán desde la perspectiva de género y, si es el caso, emita una RECOMENDACIÓN GENERAL.
c.c.p. H. Congreso del Estado de Yucatán, solicitándole haga uso de sus “buenos oficios” para exhortar a los Ayuntamientos a establecer oficinas municipales de la mujer y la ejecución de planes y programas con perspectiva de género.

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