La actuación del ombudsman local, el derecho al matrimonio entre personas con VIH/Sida y la inacción del Congreso sobre el caso de don Ricardo Ucán recientemente admitido en la CIDH –del que informamos más en comunicado aparte–, fueron temas abordados por el equipo Indignación en una reunión realizada hoy con diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LVIII legislatura.
Ante el próximo informe que rendirá el actual Ombudsman estatal, el equipo Indignación les recordó a los diputados que desde hace un año les dirigió una carta, previa al informe del Ombudsman, en la que aportó elementos para hacer una lectura crítica del documento que les presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Hace un año, después de la presentación del informe, Indignación publicó un Análisis de gestión de la Codhey manifestando irregularidades, impericias e inacciones de ese organismo público que se traducen en impunidad para quienes violan derechos humanos en Yucatán. Ese informe también se hizo llegar a los diputados, al ombudsman y a los consejeros; sin embargo, Indignación no tuvo ninguna respuesta de los legisladores ni del presidente de la Codhey.
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de derechos humanos, Indignación señaló a los diputados, desde hace un año, instrumentos que contienen los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
Adicionalmente, Indignación expresó su preocupación por actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiempos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de calificación”.
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos estándares en la materia.
Durante la reunión también se solicitó información en torno a los avances en la dictaminación de dos propuestas legislativas que ha presentado este Equipo de Derechos Humanos: 1) La relativa a la inclusión del indulto en la legislación penal, para dotar al ejecutivo de la facultad de revisar y otorgar el perdón en casos donde se hayan violado derechos humanos básicos, teniendo como ejemplo el caso de don Ricardo Ucán, recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La propuesta para eliminar restricciones al Código Civil para que personas con VIH puedan contraer matrimonio, presentada de manera conjunta con Oasis de San Juan de Dios.

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Establecer en la constitución el derecho a la alimentación, tipificar como delito la discriminación y la violencia de género, incluir la figura del indulto en la legislación local, crear un Consejo de la Judicatura y armonizar las leyes locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos son algunas de las urgencias legislativas incluidas en la agenda que presentó hoy el equipo Indignación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Las propuestas se desarrollan a lo largo de cinco capítulos: Derecho a una vida digna, Derecho a la justicia, género y derechos humanos, pueblo maya y organismos ciudadanos. La introducción recuerda a los legisladores que los compromisos contraídos por México ante organismos internacionales implican la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que hagan plenamente vigentes los derechos de la ciudadanía, tal como se expresa en el Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La agenda presentada por el equipo Indignación incluye propuestas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales; bajo el título de “el derecho a una vida digna” exhorta a los legisladores a establecer un seguro de desempleo, a establecer en la constitución el derecho a la alimentación y a crear mecanismos para la participación de la sociedad en la elaboración de los presupuestos de egresos. También se señalan las urgencias relacionadas con la atención a la que tienen derecho las personas con VIH/Sida, como parte de un grupo vulnerable.

Otro capítulo, “el derecho a la justicia” aborda la procuración e impartición de justicia, exhorta a esta legislatura a impulsar los juicios orales y crear un Consejo de la Judicatura ciudadanizado.

El capítulo “Género y Derechos Humanos” aborda los derechos de la mujer subrayando la obligación de la legislatura de atender las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés) así como las recomendaciones que el comité respectivo a dirigido al Estado mexicano. Asimismo, se hace notar que el Congreso ha incurrido en un nuevo desacato a partir del primero de agosto debido a que ya venció el plazo y no ha acatado las disposiciones derivadas de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Indignación llama a crear una ley en la materia, a armonizar las leyes estatales con la CEDAW y a tipificar la violencia de género, entre otras urgencias.

Sobre la diversidad sexual la agenda presentada por Indignación propone tipificar como delito la discriminación e impulsar reformas en el ámbito estatal para equiparar los derechos de hombres y mujeres con orientación homosexual con los de las personas heterosexuales, de tal manera que aquellas tengan la opción de formalizar legalmente sus espacios de convivencia.

El capítulo sobre el pueblo maya hace saber a la actual legislatura que en septiembre de 2005 más de dos mil mayas manifestaron su oposición a legislar en la materia en tanto no se reconocieran en el ámbito federal los Acuerdos de San Andrés y expresa que la reforma que aprobó la legislatura anterior no contó con una consulta previa, generalizada y de acuerdo a los criterios señalados por el Convenio 169 de la OIT. Las propuestas en este capítulo reitera la necesidad de tipificar la discriminación como delito. Indignación presenta el caso de don Ricardo Ucán e insiste en la necesidad de crear una ley de indulto, exhorto que también ha hecho el relator especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhaguen.

El quinto y último punto se refiere a los organismos ciudadanos y a la necesidad de revisar las leyes de la Codhey, del IPEPAC y del INAIP, con el objeto de realizar las reformas necesarias para garantizar la plena ciudadanización y autonomía política y financiera de dichos organismos.

En el documento entregado a los integrantes de la Comisión se señala que en 2004 el equipo Indignación hizo público un documento con las urgencias legislativas basadas en el Diagnóstico sobre Derechos Humanos en México promovido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “Lamentablemente —se indica en la introducción del documento— una gran parte de esas demandas permanece y constituye un verdadero rezago en materia de derechos humanos”.

La carpeta entregada a los legisladores incluye también un ejemplar de “La hacienda restaurada. Derechos Humanos en el Patronato”, informe que presentó recientemente el equipo Indignación, así como un informe especial del caso de don Ricardo Ucán Ceca, la carta que el Relator sobre derechos de los pueblos indígenas dirigió a la anterior legislatura exhortándola a establecer la figura del indulto y un ejemplar de la agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

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Hemos hecho esta revisión a la luz de las recientes recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hiciera al Estado Mexicano con el propósito de lograr la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en un documento que lleva por título “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México”. A partir de este trabajo, queremos exponerles lo que en materia de derechos humanos nos parece más urgente y la necesidad de impulsar cambios legislativos que recojan las siguientes observaciones:

1. Consideramos muy importante, y no lo hemos visto reflejado en ninguna de las plataformas de los partidos, que se introduzca el concepto de derechos humanos en la Constitución local. Debe también aclararse en nuestra máxima ley local que, en caso de ausencias en nuestra legislación, entran supletoriamente las leyes federales y los tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado y ratificado.
2. Consideramos de vital importancia una reforma integral de la Ley de Servidores Públicos, que regule las obligaciones de los funcionarios públicos con respecto a la Codhey (deber de proporcionar información requerida y colaborar con esa institución) y que incorpore el respeto a los derechos humanos como criterio para el otorgamiento y la revisión de nombramientos de funcionarios.
3. En el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pensamos que debe ser elevada a rango constitucional, que deben hacerse modificaciones legales para que solamente el Congreso (y no el Ejecutivo) pueda modificar el presupuesto que la CODHEY formule, y para incluir, entre los requisitos indispensables para el nombramiento del presidente de la CODHEY, que tenga una trayectoria pública en el trabajo a favor de los derechos humanos.
4. Todos los partidos afirman en sus plataformas estar interesados en promover la participación de los ciudadanos en la gestión pública, especialmente a partir de Consejos Ciudadanos, pero no proporcionan criterios sobre quiénes podrán formar parte de tales consejos, ni cuál será el proceso de su selección. Cualquier cambio legislativo que se realice para garantizar la participación de la ciudadanía ha de cuidar que no se diluya la responsabilidad del Estado. La participación ciudadana no tiene como objetivo hacer el trabajo que corresponde a las instituciones públicas.
5. Manifestamos nuestra preocupación porque no hemos encontrado en las plataformas políticas que sustentarán el trabajo de los futuros legisladores, la intención de reglamentar el derecho a la no discriminación. Algunos ordenamientos municipales en nuestro Estado carecen de esta visión y se han convertido en instrumentos que provocan falta de respeto a los derechos de las personas, y rompen con la equidad jurídica que las leyes debieran garantizar.
6. En el caso de la procuración y la administración de justicia, creemos necesaria una transformación de fondo. Urge una reforma al obsoleto código penal en muchas de sus disposiciones, en su lenguaje, en el hecho de que no contempla nuevas categorías de delitos, que adolece de inequidad de género, etc. En lo que toca a los delitos cometidos por funcionarios gubernamentales en el pasado, consideramos que debe ponerse los medios para evitar la impunidad.
7. Lamentamos que el diagnóstico que las diferentes plataformas políticas hacen sobre el problema de la seguridad pública se centre solamente en las medidas prácticas para combatir el delito (más policías, elevación de penas, etc.), pero omita relacionar el crecimiento de la delincuencia con la problemática social. Muchas de las acciones propuestas en las plataformas parecen acciones en defensa de los que más tienen, olvidando los altos índices de pobreza y marginalidad que se esconden detrás del aumento de la delincuencia.
8. En cuestión de equidad de género, creemos importante que se plantee una revisión integral: el presupuesto, el lenguaje, los programas, las acciones, etc. para lograr una total equidad. Consideramos que es hora de generar una ley integral contra la violencia de género.
9. Varias plataformas se manifiestan a favor de una revisión del estatuto legal de los pueblos indígenas, aunque no aclaren qué tipo de revisión favorecerán. La Constitución local debe reconocer los derechos del pueblo maya y creemos que debe abrirse un debate sobre la conveniencia de una ley que respete los acuerdos de San Andrés y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada y ratificada por nuestro país.
10. Ante las propuestas para lograr un mayor desarrollo económico que tienen las plataformas, queremos exponerles algunas inquietudes. A juicio de este equipo, la manera como se aborda la industria turística es, cuando menos, incompleta, ya que se concibe esta actividad como simple complacimiento de los visitantes y no se considera los derechos y el bienestar de las comunidades implicadas en los proyectos como primera obligación del Estado. Nos preocupa también que las alternativas de fortalecimiento económico se limiten a dar dinero a los empresarios para que ellos creen nuevos empleos. No encontramos en ninguna plataforma la manera cómo los legisladores y presidentes municipales piensan garantizar el papel del Estado en cuestión de los derechos económicos sociales y culturales (alimentación, empleo, educación, salud). Particular preocupación nos causa no encontrar en los proyectos municipales medios concretos para abatir el grave problema de la desnutrición en nuestro Estado. Consideramos muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son las posiciones de los diferentes partidos con respecto a la conformación de un presupuesto que contemple el acceso a la salud de la población abierta (que no tiene seguridad social) y una educación pluricultural y equitativa, y qué tanto por ciento del presupuesto piensan dedicar a estos rubros.
11. En varias de las plataformas se plantea la necesidad de una reforma a la Constitución local para homologarla a la reforma federal del artículo 115. No quisiéramos, sin embargo, dejar de recalcar que los derechos políticos de los habitantes de las comisarías están siendo violentados, porque no existe reglamentación que les garantice elegir libremente a sus autoridades inmediatas, que son los comisarios municipales.
12. Por último, a juicio de este equipo, en la necesaria reforma de la ley electoral hay que ajustar el código de manera que el respeto a los derechos humanos sea un elemento fundamental en los procesos de admisión de candidatos. Reiteramos también la demanda de que desaparezca el Tribunal Superior Electoral.
Respetuosamente les presentamos estas consideraciones. Son fruto de nuestra evaluación de las plataformas que ustedes han presentado y de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Creemos que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a que los servidores públicos de todos los niveles se comprometan a fondo con el respeto a los derechos humanos. Nosotros, desde la sociedad civil continuaremos vigilantes

Atentamente

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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Ciudadanos consejeros y consejeras

del Instituto Electoral del Estado de Yucatán

Representantes de partidos políticos ante el IEEY

Secretario Técnico del IEEY

El Equipo Indignación es un organismo no gubernamental cuyo fin es promover y defender los derechos humanos. De acuerdo con ese objetivo, durante los últimos años hemos impulsado y/o apoyado instituciones, iniciativas, proyectos y reformas legales que ayuden a construir un clima más propicio para garantizar la plena vigencia de estos derechos, desde una perspectiva integral.
Junto con otros ciudadanos y otras organizaciones, hemos aportado nuestro modesto esfuerzo para la ciudadanización de los órganos electorales y hoy constatamos, con entusiasmo, que estos órganos dan mayor transparencia, certeza e imparcialidad a los procesos electorales. Apreciamos el aporte que ustedes han hecho para alcanzar esto.
Los logros, sin embargo, no son obstáculo para reconocer que en este camino sólo hemos avanzado un trecho y que podemos lograr mejores herramientas para garantizar las condiciones democráticas que deseamos para nuestro país.
Al comenzar a conocerse las listas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular para el proceso electoral que ha iniciado ya en Yucatán hemos advertido, con desconcierto, nombres de personas que, cuando fueron autoridades, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, las solaparon u omitieron cumplir con recomendaciones que les dirigieron organismos públicos de derechos humanos.
Estos organismos públicos y autónomos son también resultado de esfuerzos ciudadanos y constituyen hoy importante herramienta para evitar la impunidad. El instrumento con el que estos organismos cuentan es la Recomendación que dirigen a autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos.
El esfuerzo de estos organismos públicos, la investigación que requieren para emitir una Recomendación y el seguimiento que hacen de su cumplimiento caerían en saco roto si las desdeñamos, ignoramos o soslayamos al momento de considerar los requisitos para que una persona pueda ser candidata a cargos de elección popular.
La democracia implica también el compromiso inequívoco con determinados valores. El respeto a los derechos humanos es uno de ellos.
Somos conscientes de que el actual proceso electoral tiene que apegarse a una ley que no contempla la reiterada violación a los derechos humanos como obstáculo para admitir o rechazar a un candidato, sin embargo, compartimos con ustedes esta preocupación confiadas en que, con su experiencia, podrán incorporarla a los aportes que sin duda harán en futuras reformas a la ley en esta materia
Ponemos a su consideración algunos de los elementos que hemos encontrado al analizar a candidatos y candidatas desde la perspectiva de los derechos humanos. Quizás encontrarán la forma de que sean tomados en cuenta en el actual proceso electoral o de que, al menos, esta información sea difundida para que ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a ella.

Candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida
Destaca, por reiterado y voluminoso, el caso del candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida. En su segundo período al frente del Gobierno del Estado recibió siete recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales, hasta el momento en el que finalizó su mandato, sólo una se consideró totalmente cumplida. Una no la aceptó, otra la aceptó pero no envió pruebas de su cumplimiento (lo que la coloca en la situación de las no aceptadas) y las demás se catalogaron con el término “cumplimiento insatisfactorio”.

Estado de las recomendaciones dirigidas al Gobierno
del Estado de Yucatán en el período 1995-2001*

RECOMENDACIÓN	CASO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN (Hasta enero de 2004)
103/95	Condiciones de las personas en las áreas de ingreso y segregación en el Centro de Readaptación Social de Mérida.	Cumplimiento insatisfactorio
63/96	Caso Medina – Abraham	Cumplimiento insatisfactorio
92/96	A raíz de los disturbios en el CERESO de Mérida	Cumplimiento insatisfactorio
41/97	CERESO Valladolid	Totalmente cumplida
99/98	Orden de aprehensión no ejecutada	Aceptada SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
105/98-A	Inimputables y enfermos mentales en el CERESO de Mérida	Cumplimiento insatisfactorio
51/99	Diario de Yucatán	NO ACEPTADA

Si consideramos, además, tres recomendaciones recibidas por el actual gobierno del Estado durante el primer año de su mandato, advertimos que las violaciones que se señalan en esas recomendaciones fueron cometidas por servidores y servidoras públicas de la administración que encabezó el actual candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida. Son las recomendaciones 24/2001, acerca de las condiciones en el CERESO de Mérida, la 9/2002 y la 10/2002, esta última referida a los tratos crueles y degradantes infligidos a niñas y niños internos en la Escuela Social de Menores Infractores.
El actual candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida también apoyó el desacato en el que incurrieron diputados y diputadas de la anterior legislatura estatal al ignorar una resolución del Trife en la conformación del Consejo electoral.

Candidato del PRI a la Alcaldía de Ticul
El 23 de febrero de 1999, el joven Luis Felipe Chan González fue detenido con lujo de fuerza por los policías municipales de Ticul. Dichos policías persiguieron a Luis Felipe a quien querían aprehender porque estaba borracho. La persecución originó que Luis Felipe tratara de esconderse en un terreno baldío aledaño a su casa. En su huída, Luis Felipe cayó en una cueva. Los policías prendieron fuego a la cueva para obligarlo a salir. Felipe sufrió quemaduras de segundo grado y fue además brutalmente golpeado por los policías. Cuando éstos se dieron cuenta de la gravedad de las lesiones, trasladaron a Luis Felipe al hospital de la comunidad y de ahí el herido fue remitido por los doctores al Hospital O’Horán, de Mérida.
La familia de Luis Felipe interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al enterarse de esto, Carlos Salomón Barbosa, en lugar de colaborar con la CODHEY, envió a una persona a que sacara a Luis Felipe del hospital y lo condujera con engaños al local de la CODHEY para que firmara un desistimiento de su queja. Ya en el local de la CODHEY, con el apoyo cómplice de Armando Durán Coello, entonces director de procedimientos de la CODHEY, lograron que Luis Felipe firmara su desistimiento.
Más tarde, interpuesta de nuevo la queja, Carlos Salomón Barbosa intentó sobornar a la familia a cambio de que retiraran la queja. No lo logró. Después de un proceso bastante complejo, en el que fue invaluable la presión de la sociedad civil, la CODHEY resolvió, en la resolución D.P./186/2000 que había responsabilidad de violación a los derechos humanos de Luis Felipe Chan González. El destinatario de la resolución fue el Presidente Municipal, bajo cuyo mando estaban los policías. Durante ese período (1998-2001), el presidente municipal de Ticul era Carlos Salomón Barbosa. Sólo se inició procedimiento penal, y por delito no tipificado como grave, en contra de uno de los policías que participaron en los hechos.

Lucely Alpizar Carrillo, candidata a diputada plurinominal, por el PRI
Rolando Zapata Bello, candidato a diputado por el VII distrito, por el PRI
Del 31 de agosto de 2000 al 15 de enero de 2001 tuvo lugar en la ciudad de Mérida una de las acciones más vergonzosas que haya implicado a los poderes ejecutivo y legislativo en el estado de Yucatán. Se trata del desacato de la 56º legislatura local en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre otros diputados, formaron parte de la fracción priísta que incurrió en desacato contra el TEPJF, los diputados Lucely Alpizar Carrillo y Rolando Zapata Bello. Si bien no recibieron recomendación de una Comisión de Derechos Humanos, debido a que estos organismos no conocen de actos electorales, sí incurrieron en diversos delitos y obstaculizaron la aplicación de la justicia.

Otros casos
Otros casos documentados por el Equipo Indignación, aunque tampoco recibieron recomendación de algún organismo público en esta materia, obstaculizan la vigencia de los derechos humanos. Citamos ahora por casos e incluimos, debajo de ellos, el nombre de quienes estuvieron implicados.

Rechazo reiterado a tipificar la tortura como delito en Yucatán:
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Aprobación de la reforma constitucional indígena que no respetó los Acuerdos de San Andrés
Silvia López Escoffie
Jorge Carlos Ramírez Marín
Federico Granja Ricalde

Rechazo reiterado a reformar la Ley de Procesos Electorales para el Estado de Yucatán
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Rechazo reiterado a reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Oposición al Juicio Político solicitado contra Rafael Cebada (Presidente de la Codhey)
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Aprobación del actual Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Mérida que restringe el ejercicio de libertades.
Jorge Manuel Puga Rubio (II)
Jorge Gamboa Wong (V)
Magaly Cruz Nucamendi.

Los elementos que les presentamos no proceden de una revisión exhaustiva. Provienen de casos a los que este Equipo de Derechos Humanos ha dado seguimiento en el período reciente.
El hecho de que la ley no contemple mecanismos para tomar en cuenta la trayectoria de candidatos y candidatas en materia de derechos humanos no sólo nos deja a ciudadanos y ciudadanas en estado de indefensión, sino que exhibe una peligrosa tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos y propicia impunidad, avalada por las instituciones que con tanto trabajo nos hemos dado.
El ahora candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida podría ser citado en el futuro próximo a comparecer en el juicio que se sigue por el caso de la Escuela Social de Menores Infractores, si la jueza que lleva el caso logra vencer temores; eventualmente, podría ser sancionado por su responsabilidad en las violaciones que se cometieron. Resulta contradictorio saber que tiene alguna posibilidad, aunque sea remota, de conseguir un fuero antes de que eso ocurra.
A este equipo le resulta difícil imaginar el necesario cabildeo que tendrá que hacerse para impulsar leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos, con personas que los han violado impunemente.
No soslayamos el hecho de que la propia incapacidad de la procuraduría del Estado para sancionar a servidores y servidoras públicas que en el pasado reciente violaron la ley ha propiciado que esas personas puedan ser hoy candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
La situación que hoy enfrentamos nos ofrece la oportunidad de revisar las leyes y las instituciones para continuar aportando, con creatividad, elementos que nos ayuden a construir un país y un estado más democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Por el Equipo Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

María Cristina Muñoz Menéndez

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Sr. Patricio Patrón Laviada
Gobernador del estado de Yucatán

El 26 de febrero pasado integrantes del equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. le presentamos un documento titulado “Medidas urgentes para erradicar la tortura en Yucatán”. En dicho documento, además de analizar una serie de factores que permiten la persistencia de esa práctica en Yucatán, propusimos una serie de medidas, varias de las cuales serían responsabilidad del poder ejecutivo.
Hoy, más de un mes después de la reunión en la que le presentamos el documento referido, no hemos obtenido respuesta a lo planteado, a pesar de que usted ofreció que daría respuesta puntual en un período breve y a pesar de que, tanto en el documento como en la reunión que sostuvimos con usted, subrayamos el carácter urgente de las medidas presentadas.
La preocupación por la persistencia de la tortura y la urgencia por erradicarla es lo que anima a este equipo de Derechos Humanos a dirigirse nuevamente a usted para solicitarle dar respuesta a las propuestas incluidas en el documento que le entregamos personalmente el 26 de febrero.
Lo anterior se lo solicitamos con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para expresarle la seguridad de nuestra consideración.

Atentamente,

Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Ma. Cristina Muñoz Menéndez

c.c.p. archivo

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El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. celebra que los legisladores y las legisladoras hayan iniciado un proceso para tipificar la tortura como delito en el Código Penal del estado de Yucatán.
Sin embargo, no dejamos de expresar nuestra extrañeza por el hecho de que la tipificación de la tortura sea vista “como una posibilidad”, así como por encontrar, en declaraciones de legisladores, dudas acerca de cuándo se comete el delito de tortura.
Precisamente este 22 de junio México cumple 15 años de haber ratificado su adhesión a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificación que, ipso facto, convirtió en obligatoria la observancia de dicha Convención en todo el territorio nacional.
México cumple el 22 de junio, gracias a la terca indolencia de integrantes de diversas legislaturas de Yucatán, 15 años de desacato a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo 6 señala que “Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.”
Por su parte, La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas, que también está suscrita y ratificada por México y es por tanto obligatoria en todo el territorio nacional, señala, en su artículo 4, que “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.”
Tipificar la tortura como delito no es, pues, algo para analizarse “como posibilidad”. Es una obligación incumplida reiteradamente por las legislaturas que desde 1987 se han sucedido en el estado de Yucatán. La actual legislatura tiene la posibilidad de terminar con ese desacato, si no por convicción propia y por respeto a la dignidad de las personas, al menos por cumplir con un compromiso adquirido desde hace 15 años.
Esos mismos documentos establecen a qué actos se les llama tortura y quién puede cometer tortura, de modo que los legisladores y las legisladoras tienen también la obligación de apegarse a esa definición.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece, en su artículo 2, que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”
En el artículo 3 establece que “Serán responsables del delito de tortura: a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan; y b) las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

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En Yucatán persiste un grave rezago en materia de derechos humanos, que se advierte en la ausencia de ordenamientos legales y en la persistencia de leyes que vulneran derechos fundamentales, por una parte y, por otra, en la falta de acciones que corresponden al Ejecutivo, como el combate a la impunidad. La celebración del 53º. Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos es ocasión propicia para señalar este rezago e insistir en la responsabilidad que tienen los poderes Legislativo y Ejecutivo para atenderlos.
El incumplimiento en esta materia o la dilación para atenderla acentúa el rezago, afecta a la población y retarda la posibilidad de vivir en un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos.
De acuerdo con las áreas en las que el Equipo Indignación trabaja, las urgencias son:

I. EN EL COMBATE AL AUTORITARISMO

a) Los derechos políticos
El reciente cambio en la administración estatal genera la percepción de que la batalla por garantizar el derecho a elegir autoridades comienza a rendir frutos en Yucatán. Sin embargo, este derecho fundamental aún requiere fortalecerse. En nuestro Estado continúa pendiente la reforma electoral. El reciente proceso mostró debilidades en la legislación, que impidieron la participación en condiciones de equidad, e incongruencias entre los ámbitos federal y estatal en materia electoral que requieren revisarse.

b) La batalla contra la impunidad
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, que queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por servidores públicos durante el período del desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras estos hechos no sean investigados y, en su caso, sancionados, el desacato será un capítulo abierto en Yucatán que invitará permanentemente a reincidir.
Incluso en un caso tan delicado por incluir presuntos delitos cometidos contra menores infractores, el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia del Estado han omitido iniciar averiguaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionarlas.
La omisión del Ejecutivo en la batalla contra la impunidad se ve agravada por la permanencia de algunas personas en cargos de responsabilidad, así como por cuestionables nombramientos, como el del actual titular de la Subprocuraduría de Prevención del Delito, que se le otorgó a una persona contra la cual hay una denuncia penal reciente, aún no resuelta.

c) Sobre la ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán.
El derecho a elegir autoridades se ve continuamente amenazado para los habitantes de las comisarías y subcomisarías del Estado de Yucatán, quienes se encuentran en condiciones de indefensión jurídica frente a los y las presidentes municipales que intentan usurpar este derecho a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. La Constitución del Estado debe amparar este elemental derecho y reglamentarlo de acuerdo con las expectativas de los propios habitantes de las comisarías.

d) La re creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
La actual legislatura se ha demorado frente a la impostergable demanda ciudadana de reformar la comisión de derechos humanos. La dilación de esta legislatura afecta profundamente la situación de los derechos humanos en el Estado y cuestiona sus prioridades.
Continúa a cargo de la Comisión un presidente interino o sustituto, que lleva ya 9 meses en esta irregular situación. No podemos menos que deplorar la tardanza del Congreso en este delicado y urgente campo.
Aún no se ha iniciado una investigación sobre la gestión de Rafael Cebada como Presidente de la Codhey. En 1999 el Equipo Indignación presentó ante el Congreso una demanda de Juicio Político. Si bien esta demanda no prosperó bajo la figura del juicio político, hay hechos que debieran ser investigados y sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exigiendo la rendición de cuentas de su ex titular.

e) La tortura
Yucatán es el único estado de la República Mexicana que no cuenta con una legislación para prevenir y sancionar la tortura, ausencia grave que es ahora responsabilidad de la actual legislatura. Los ciudadanos y ciudadanas de Yucatán estamos jurídicamente indefensos frente a actos de Tortura. Este delito no se puede denunciar como tal y mucho menos exigir la reparación del daño.

II. DERECHOS INDÍGENAS

Yucatán es un estado multiétnico y pluricultural, que se niega a reconocerse como tal. El pueblo maya posee enormes riquezas culturales y conserva, en algunos casos, sus propios sistemas normativos y de elección de autoridades. Sin embargo, sus derechos como pueblo no están reconocidos en la Constitución del Estado.
Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, difícilmente cambiará la relación entre los pueblos mayas y las instituciones del Estado, que ha sido de dependencia, discriminación y violación cotidiana de derechos.
Exigimos una búsqueda legislativa que respete lo pactado en San Andrés, y reconozca los derechos de los pueblos indios de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.
El Congreso del Estado de Yucatán no ha votado dicha ley —lo hemos llamado a rechazarla—, incumpliendo su obligación. La reforma estatal en esta materia está pendiente, pero tendrá poca eficacia sin el amparo que proporciona el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios en la Carta Magna.

III.- DIVERSIDAD, TOLERANCIA Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

a) Los seropositivos
Con respecto a las personas que viven con VIH/SIDA, los problemas detectados en Yucatán son: la falta de servicios médicos adecuados, especialmente en el área rural; respuestas limitadas ante quejas de violación a los derechos humanos; incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM 010-SSA2-1993), particularmente en lo que toca a la confidencialidad y no obligatoriedad de la prueba de detección del VIH, situación agravada en el sector laboral, sea por negativa a admitir en los centros de trabajo a personas seropositivas, como por despidos injustificados; falta de información pública suficiente y escasa labor de prevención de parte del Estado.
Por eso proponemos:
Garantizar a todos y todas el derecho a una información completa y veraz sobre la prevención de esta enfermedad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, respetando la capacidad del hombre y la mujer para tomar decisiones.
Incorporar al código penal del Estado el delito de discriminación.
Vigilar que las empresas no apliquen la prueba de VIH a quienes solicitan empleo o realizan otros trámites administrativos, en cumplimiento de la Norma Oficial, en su párrafo 6.3 y sancionar a las que lo hagan.
Reglamentar el derecho de las personas infectadas a casarse y formar una familia, salvando el derecho al conocimiento informado de la futura pareja.
Crear programas de cobertura total y permanente de medicamentos al 100% de los infectados de población abierta, garantizando que el presupuesto asegure la atención de este sector vulnerable de la población.

b) Perspectiva de género
La actual legislatura no ha concretado el compromiso de crear la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
Al constatar que en algunos centros de trabajo persisten prácticas violatorias de los derechos humanos, como la aplicación de la prueba de embarazo para solicitar empleo, advertimos que el Gobierno del Estado está incumpliendo la obligación de vigilar que las empresas funcionen con apego a las leyes. El Congreso del Estado debe tomar esto en cuenta a la hora de revisar los informes que el Ejecutivo rinda.
Celebramos las acciones que tanto en el gobierno estatal como en el municipio de Mérida se han emprendido para dar atención integral a las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está en riesgo.
Alertamos, sin embargo, sobre la urgencia de hacer una revisión de los ordenamientos legales con perspectiva de género, para lo cual se requiere de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado.
En la procuración de justicia el Estado dista mucho de garantizar la atención eficaz y respetuosa de las mujeres víctimas de violencia, para lo cual debe capacitar a su personal y eliminar las dificultades que pone el Ministerio Público en las denuncias por violación o abuso sexual.

IV.- PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

a)Sobre la procuración de justicia
No existe la garantía de la tutela efectiva de los derechos de la víctima, incluyendo aspectos como reparación del daño.
En el pasado la dependencia del Ministerio Público con respecto al Ejecutivo impidió la eficaz procuración de justicia, especialmente en los delitos atribuidos a servidores públicos, por lo que deben buscarse los mecanismos adecuados para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Revisar el código penal y homologar la edad penal a los 18 años, respetando los tratados internacionales firmados por México. La disminución de la edad penal no es un factor de disminución de los índices de inseguridad pública. Es necesario establecer sistemas eficaces de prevención del delito entre los menores, garantizando el respeto a los derechos humanos.
Urge reestructurar integralmente el sistema penitenciario y las leyes que lo rigen.

b)Impartición de justicia
La persistencia de actitudes negligentes o dilación en el proceso, por el que los plazos dentro de los procedimientos duran más tiempo que el permitido por la ley; la extorsión; la falsificación de documentos; la negativa a la reparación del daño por parte del Estado; el tráfico de influencias y la negativa al derecho de petición son ejes del diagnóstico de la violación al derecho a juicios justos.
Se requiere un órgano de vigilancia y disciplina para el poder judicial, como puede ser un Consejo Estatal de la Judicatura, análogo al federal. Deberá garantizarse que este órgano actúe con autonomía e independencia.

c)Las cárceles
Aun cuando la actual administración haya heredado cárceles en condiciones inhumanas gestadas desde gobiernos anteriores, todavía desconocemos qué acciones ha emprendido para garantizar los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado.
Tenemos conocimiento de que este gobierno recibió ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desconocemos hasta qué punto la ha cumplido.
Es pertinente señalar que diferentes administraciones priístas recibieron, continuamente, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1993 por las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se encontraban las cárceles del Estado. Esas recomendaciones se mantuvieron durante mucho tiempo como “parcialmente cumplidas.”. Es obligación del Ejecutivo garantizar que se cumplan en su totalidad e investigar a los responsables de las graves irregularidades que se encontraron en esos centros de readaptación.

V.- DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Hay indicadores que colocan a Yucatán en el cuarto Estado del país en nivel de pobreza. Están en riesgo para un amplio sector de la población los derechos más elementales que garantizan una vida digna. Sin atender las causas que dan origen a esta situación, difícilmente podremos aspirar a vivir en un estado democrático y difícilmente las autoridades podrán decir que cumplieron con su encomienda.
La actual situación económica pone en riesgo derechos laborales, que deben ser protegidos por el Estado.
Los derechos humanos, su pleno reconocimiento y respeto, será la medida para evaluar el trabajo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Yucatán.

Indignación A.C.
Promoción y defensa de los derechos humanos

Mérida, Yucatán, 10 de diciembre de 2001

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Ahora que recién inicia sus trabajos la actual legislatura el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. acude a presentar ante los diputados y diputadas algunas preocupaciones en materia de derechos humanos que le corresponde atender al poder legislativo. Algunas se refieren a derechos no reconocidos o bien a omisiones que impiden la plena vigencia de los derechos humanos o dificultan su defensa. Otras, en cambio, se refieren a urgentes reformas en códigos o leyes ya existentes.
Todas las preocupaciones que ahora les expresaremos fueron presentadas a la legislatura pasada. Sin embargo, nos topamos con la indiferencia y la insensibilidad, cuando no con la franca obstaculización. Ninguna de las preocupaciones expresadas fue atendida. Esperamos de la actual legislatura una mayor sensibilidad y un mayor compromiso con la causa de los derechos humanos, cuya vigencia significa vida y respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos.

LEY CONTRA LA TORTURA
Yucatán es el único Estado de la República cuyos códigos y leyes no contemplan la tortura como delito, lo que, además de ser un obstáculo para denunciar este abuso de autoridad y lograr sancionar a quien lo comete, hace que el Estado Mexicano incumpla compromisos contraídos con organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA.
La deleznable práctica de la tortura debe encontrar en la sociedad un absoluto rechazo; en las leyes la posibilidad de combatirla, denunciarla y juzgar a quien la comete y, en las autoridades, la firme voluntad de desterrarla para siempre.

RECONOCIMIENTO PLENO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS
Los pueblos indígenas se enfrentan hoy a un poder legislativo que escatima el reconocimiento a sus derechos. El Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron una ley que no reconoce plenamente los derechos de los pueblos indios. Una ley que se aparta de lo acordado en San Andrés. 17 legislaturas de igual número de Estados aprobaron también esta reforma a pesar de que a lo largo y ancho de todo el país se manifestaron en contra miles de tzeltales, tzotziles, rarámuris, choles, tojolabales y, por supuesto, también mayas. Actualmente los pueblos indígenas estudian diversos mecanismos para rechazar la contrarreforma indígena. Es de esperarse que inicie un nuevo proceso, uno en el que sí se reconozcan los derechos indígenas de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa y los Acuerdos de San Andrés. Hacemos un respetuoso llamado a quienes integran esta legislatura para interesarse en el tema, rechazar reformas legislativas racistas y promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Yucatán, por cierto, omite referirse al pueblo maya en cualquiera de las disposiciones legales existentes.
Es indispensable que cualquier reforma, federal o estatal, sea congruente con el Convenio 169 de la O.I.T.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Una de las consecuencias de no contar con una reforma indígena que reconozca plenamente los derechos es el absurdo al que nos enfrentamos hoy, cuando Presidentes Municipales pretenden usurpar, amparados en la Ley Orgánica de Municipios, derechos que corresponden a los pueblos. Mientras el proceso de la ley indígena reinicia, urge que el Congreso del Estado reconozca y resguarde en la ley el inalienable derechos de los pueblos a elegir a sus autoridades. Actualmente los comisarios municipales son vistos como “ayudantes” del Presidente Municipal. Esta legislatura tiene el reto de adecuar las leyes al sentir de los pueblos reconociendo a los comisarios como autoridades y obligando, mediante la ley, a que sean electos democráticamente según los procedimientos que cada comunidad determine. Que ningún alcalde pueda encontrar en la ley pretextos para usurpar el derecho de los pueblos.

REFORMAR LA LEY QUE CREÓ LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha sido severamente cuestionada en múltiples ocasiones. Incluso ha sido un obstáculo para la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán. El problema, sin embargo, comienza en la ley que la crea. Sabemos que el Colegio de Abogados ha hecho una propuesta para reformar dicha ley. A la pasada legislatura insistentemente le exigimos estudiarla y reformarla. Las consecuencias de esa omisión están a la vista: el titular de la Codhey que concluyó sus funciones en marzo pasado cometió graves irregularidades. El actual presidente “provisional” de la Codhey muestra absoluta insensibilidad frente a las personas que viven con VIH/Sida.
Esperamos que la actual legislatura reforme esta ley para hacer de la Comisión de Derechos Humanos una instancia autónoma y eficaz en la tarea de promover y defender los derechos humanos.
El gobernador del Estado no debe intervenir en el nombramiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente la ley dice que el Congreso nombrará al titular de la Codhey, a propuesta del Ejecutivo. Exhortamos al Congreso a que, si no es capaz de atender con urgencia el problema y reformar la ley antes de que se nombre al nuevo titular, al menos no sea simplemente una oficina de trámite del gobernador. Les pedimos que asuman plenamente sus funciones y presionen al gobernador a implementar un procedimiento público y transparente de consulta a organizaciones civiles para nombrar al nuevo titular.

Combate a la impunidad
Hacemos, asimismo, un respetuoso exhorto a los integrantes de esta legislatura para evitar la impunidad de los servidores públicos que han abusado de sus funciones, que han violado leyes, afectado derechos ciudadanos o desviado recursos. En la impunidad se sostienen las violaciones a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos. Es urgente combatirla desde todos los frentes y en este combate el poder legislativo tiene una responsabilidad preponderante. Estaremos pendientes de la forma como asumen esta importante tarea.

Estas son algunas de nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos que implican al poder legislativo. Sin embargo, estas preocupaciones no se agotan en los puntos presentados. Son, únicamente, las que ahora vemos como más urgentes. Los desafiamos a homologar toda la constitución del estado de Yucatán a los Convenios Internacionales que resguardan los derechos humanos.

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