Carta abierta a las directivas de los partidos polí¬ticos

30 de abril de 2004

 

El equipo de derechos humanos Indignación A.C. ha revisado con detenimiento las plataformas políticas que han presentado ante el Instituto Electoral del Estado de Yucatán al postular a sus candidatos y candidatas a puestos de elección.

Hemos hecho esta revisión a la luz de las recientes recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hiciera al Estado Mexicano con el propósito de lograr la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en un documento que lleva por título “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México”.  A partir de este trabajo, queremos exponerles lo que en materia de derechos humanos nos parece más urgente y la necesidad de impulsar cambios legislativos que recojan las siguientes observaciones:

  1. Consideramos muy importante, y no lo hemos visto reflejado en ninguna de las plataformas de los partidos, que se introduzca el concepto de derechos humanos en la Constitución local. Debe también aclararse en nuestra máxima ley local que, en caso de ausencias en nuestra legislación, entran supletoriamente las leyes federales y los tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado y ratificado.
    2. Consideramos de vital importancia una reforma integral de la Ley de Servidores Públicos, que regule las obligaciones de los funcionarios públicos con respecto a la Codhey (deber de proporcionar información requerida y colaborar con esa institución) y que incorpore el respeto a los derechos humanos como criterio para el otorgamiento y la revisión de nombramientos de funcionarios.
    3. En el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pensamos que debe ser elevada a rango constitucional, que deben hacerse modificaciones legales para que solamente el Congreso (y no el Ejecutivo) pueda modificar el presupuesto que la CODHEY formule, y para incluir, entre los requisitos indispensables para el nombramiento del presidente de la CODHEY, que tenga una trayectoria pública en el trabajo a favor de los derechos humanos.
    4. Todos los partidos afirman en sus plataformas estar interesados en promover la participación de los ciudadanos en la gestión pública, especialmente a partir de Consejos Ciudadanos, pero no proporcionan criterios sobre quiénes podrán formar parte de tales consejos, ni cuál será el proceso de su selección. Cualquier cambio legislativo que se realice para garantizar la participación de la ciudadanía ha de cuidar que no se diluya la responsabilidad del Estado. La participación ciudadana no tiene como objetivo hacer el trabajo que corresponde a las instituciones públicas.
    5. Manifestamos nuestra preocupación porque no hemos encontrado en las plataformas políticas que sustentarán el trabajo de los futuros legisladores, la intención de reglamentar el derecho a la no discriminación. Algunos ordenamientos municipales en nuestro Estado carecen de esta visión y se han convertido en instrumentos que provocan falta de respeto a los derechos de las personas, y rompen con la equidad jurídica que las leyes debieran garantizar.
    6. En el caso de la procuración y la administración de justicia, creemos necesaria una transformación de fondo. Urge una reforma al obsoleto código penal en muchas de sus disposiciones, en su lenguaje, en el hecho de que no contempla nuevas categorías de delitos, que adolece de inequidad de género, etc. En lo que toca a los delitos cometidos por funcionarios gubernamentales en el pasado, consideramos que debe ponerse los medios para evitar la impunidad.
    7. Lamentamos que el diagnóstico que las diferentes plataformas políticas hacen sobre el problema de la seguridad pública se centre solamente en las medidas prácticas para combatir el delito (más policías, elevación de penas, etc.), pero omita relacionar el crecimiento de la delincuencia con la problemática social. Muchas de las acciones propuestas en las plataformas parecen acciones en defensa de los que más tienen, olvidando los altos índices de pobreza y marginalidad que se esconden detrás del aumento de la delincuencia.
    8. En cuestión de equidad de género, creemos importante que se plantee una revisión integral: el presupuesto, el lenguaje, los programas, las acciones, etc. para lograr una total equidad. Consideramos que es hora de generar una ley integral contra la violencia de género.
    9. Varias plataformas se manifiestan a favor de una revisión del estatuto legal de los pueblos indígenas, aunque no aclaren qué tipo de revisión favorecerán. La Constitución local debe reconocer los derechos del pueblo maya y creemos que debe abrirse un debate sobre la conveniencia de una ley que respete los acuerdos de San Andrés y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada y ratificada por nuestro país.
    10. Ante las propuestas para lograr un mayor desarrollo económico que tienen las plataformas, queremos exponerles algunas inquietudes. A juicio de este equipo, la manera como se aborda la industria turística es, cuando menos, incompleta, ya que se concibe esta actividad como simple complacimiento de los visitantes y no se considera los derechos y el bienestar de las comunidades implicadas en los proyectos como primera obligación del Estado. Nos preocupa también que las alternativas de fortalecimiento económico se limiten a dar dinero a los empresarios para que ellos creen nuevos empleos. No encontramos en ninguna plataforma la manera cómo los legisladores y presidentes municipales piensan garantizar el papel del Estado en cuestión de los derechos económicos sociales y culturales (alimentación, empleo, educación, salud). Particular preocupación nos causa no encontrar en los proyectos municipales medios concretos para abatir el grave problema de la desnutrición en nuestro Estado. Consideramos muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son las posiciones de los diferentes partidos con respecto a la conformación de un presupuesto que contemple el acceso a la salud de la población abierta (que no tiene seguridad social) y una educación pluricultural y equitativa, y qué tanto por ciento del presupuesto piensan dedicar a estos rubros.
    11. En varias de las plataformas se plantea la necesidad de una reforma a la Constitución local para homologarla a la reforma federal del artículo 115. No quisiéramos, sin embargo, dejar de recalcar que los derechos políticos de los habitantes de las comisarías están siendo violentados, porque no existe reglamentación que les garantice elegir libremente a sus autoridades inmediatas, que son los comisarios municipales.
    12. Por último, a juicio de este equipo, en la necesaria reforma de la ley electoral hay que ajustar el código de manera que el respeto a los derechos humanos sea un elemento fundamental en los procesos de admisión de candidatos. Reiteramos también la demanda de que desaparezca el Tribunal Superior Electoral.
    Respetuosamente les presentamos estas consideraciones. Son fruto de nuestra evaluación de las plataformas que ustedes han presentado y de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Creemos que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a que los servidores públicos de todos los niveles se comprometan a fondo con el respeto a los derechos humanos. Nosotros, desde la sociedad civil continuaremos vigilantes

Atentamente

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

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