A 12 de noviembre de 2003

Una de las ví­ctimas de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron al interior de la Escuela Social para Menores Infractores mientras era directora la Dra. Rocí­o Martel, informó en días pasados al Equipo Indignación que dicha doctora se comunicó con ella para ofrecerle dinero y amenazarla en caso de que declarase contra ella.
Ante esta situación y ante la ausencia de algunos menores en los careos que están teniendo lugar en el juzgado que sigue este caso, el Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C. hace las siguientes consideraciones:

1. Al menos una menor ha hecho saber que la Doctora Rocío Martel le ofreció dinero para que se desista de sus acusaciones y la amenazó. No puede descartarse la posibilidad de que algunas de las ausencias de menores a los careos tengan en su origen el temor ocasionado por similares mensajes dirigidos a ellos, ellas o sus familias.
2. Los niños y niñas que acuden al juzgado acuden a carearse con una persona que presuntamente los agredió, humilló y violentó desde una posición de poder ejercida autoritariamente. Difícilmente un menor o una menor pueda hacer a un lado esta experiencia a la hora de declarar. Consideramos que la jueza no puede desestimar esta circunstancia; además, de ratificar alguno de los menores en su declaración las presuntas amenazas y ofrecimiento de dinero “lo que podrí­a constituir un nuevo ilícito”, la jueza tendría que actuar en consecuencia.
3. De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo. La Constitución Mexicana indica que los menores no están obligados a carearse en los casos de secuestro y de violación. Algo de ambas cosas tienen los ilí­citos presuntamente cometidos en contra de los menores que estuvieron internos en la Escuela Social cuando fue directora la Doctora Rocí­o Martel.
4. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llevó nueve meses concluir la investigación en el caso de la Escuela de Menores Infractores. Requirió especialistas que pudieran recabar las pruebas y obtener el testimonio de los menores con pericia, tacto y delicadeza en el trato con las niñas y niños. La misma recomendación constituye una prueba documental pública que confiamos sea tomada como tal por la jueza.
5. Desde que el Ministerio Público inició la investigación, los menores han sido requeridos para rendir su declaración y ahora la jueza los cita para carearse con sus agresores. De acuerdo con la convención sobre derechos de la infancia, los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados en un proceso judicial, por lo que consideramos que bien podría la jueza ofrecer un ambiente más propicio para que los niños y las niñas rindieran su testimonio con mayor libertad, evitando los efectos traumáticos de un careo y garantizando la confidencialidad con respecto al nombre de los y las menores.
6.En este momento del proceso el Ministerio Público tendrá que actuar con pericia y poner todos los medios a su alcance para cumplir con su función de representar cabalmente a la parte agraviada, que lo fue, precisamente, por una servidora pública, es decir, por el Estado.
7. Los niños y las niñas tienen derecho a que la ley y la justicia los protejan, a que no queden impunes delitos cometidos contra ellos y a que se les resarza el daño que se les ocasionó. Esperamos que el proceso que actualmente se sigue en el juzgado pueda garantizarle a los niños y niñas que estuvieron internos en la Escuela Social de Menores Infractores el cumplimiento de estos derechos.

Atentamente,

EQUIPO INDIGNACIÓN A.C.