Batalla ganada: Se mantienen la suspensión de megagranja porcícola en Homún

Por Indignación A.C. | Greenpeace México.


El viernes 6 de noviembre por mayoría de dos votos contra uno, las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega-granja porcícola de más de 49 mil cerdos. Las magistradas tomaron en cuenta los posibles riesgos que la actividad de esta mega-granja porcícola representaba para el medio ambiente, el agua y la niñez de las comunidades mayas de esa zona del estado de Yucatán. 

 

Esta determinación garantiza que las actividades de la granja porcícola permaneceran suspendidas hasta que se resuelva el recurso de revisión que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual es una batalla ganada, considerando que se votó a favor de la protección de los derechos de las comunidades a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre determinación, al mismo tiempo que se garantiza la protección del medio ambiente y que los servicios ambientales que porporciona este ecosistema estén disponibles para las futuras generaciones. 

 

Dicha resolución marca un precedente para las comunidades y personas que continúan luchando en contra de las granjas porcícolas industriales en toda la Península de Yucatán y en el país, porque es una muestra de que es posible ganar una batalla a favor de los recursos naturales, la tierra, el territorio y la libre determinación de los pueblos.

 

Hay que recordar que el problema ocasionado por las granjas porcícolas es un problema sistémico y regional que pone una gran presión sobre el acuífero maya, que es la fuente más importante de agua con la que las comunidades cuentan, y que al estar en riesgo, las hace más vulnerables. La contaminación del acuífero a causa de las granjas porcícolas se ha demostrado científicamente, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deben de garantizar información ambiental suficiente, en un lenguaje y formato culturalmente adecuado sobre el proyecto y los impactos a corto, mediano y largo plazo que estas mega-granjas pueden ocasionar o están ocasionando en su territorio, de manera que les permita, a los pueblos mayas, tomar decisiones informadas.

 

Que se mantenga esta suspensión, nos permite continuar con la batalla a favor de la protección medioambiental y del derecho de los pueblos y las comunidades mayas. Pues este solo es un caso de los muchos que existen en la Península de Yucatán en los que las granjas carecen en muchos casos de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que es un requisito que deben tener por ley, además de que no se ha llevado a cabo consultas indígenas que sean previas libres, informadas y culturalmente adecuadas, sin mencionar que algunas mega-granjas que ya operan rebasan la NOM-001-SEMARNAT que establece los límites máximos permisibles para la contaminación del agua y la NOM-127-SSA que estipula los límites máximos de contaminantes de agua para consumo humano. 

Que se mantenga la suspensión de operaciones de la mega-granja de Homún marca un precedente para la denuncia popular regional interpuesta por 52 ciudadanas y ciudadanos de 21 pueblos mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y acompañada por Indignación, Greenpeace México, Artículo 19 y Misioneros A.C. en la que se espera que la SEMARNAT, la PROFEPA y CONAGUA ordenen una revisión minuciosa de la situación en todas estas instalaciones de fabricas de cerdos. Desde la forma de adquisición de grandes porciones de tierras, hasta las formas de conseguir sus permisos ambientales. En la denuncia se pide que las comunidades locales tengan acceso a datos precisos que les permitan tomar decisiones informadas para asegurar el bienestar de sus poblados y, en el caso de que tras la revisión de la situación de las granjas porcícolas industriales se configuren delitos ambientales, se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalia General de la República.

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