10 de diciembre de 2002

Al conmemorarse el 54º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo INDIGNACIÓN lamenta que Yucatán continúe padeciendo un grave rezago en este campo.
Yucatán, como parte de México, sufre la continuación de un modelo económico que profundiza la pobreza y la violación de los derechos más elementales.
A este desastre económico hay que añadir que, en Yucatán, continúan violándose los derechos individuales de los ciudadanos y ciudadanas, tanto por acciones y omisiones de las autoridades, como por la ausencia de leyes que garanticen la vigencia de estos derechos.
Incumplimiento de recomendaciones, impunidad de quienes violaron los derechos humanos, ausencia de ley contra la tortura y contra la discriminación, serios cuestionamientos al Poder Judicial, ausencia de un consejo de la judicatura, entre otras graves situaciones, ponen en evidencia el rezago que Yucatán padece en materia de Derechos Humanos, rezago imputable a los tres poderes del Estado.
La permanencia, en la actual administración, de personas que en el pasado fueron cuestionadas por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos o por su participación en actos de corrupción, la ausencia de una política de promoción y respeto de los derechos humanos, la incapacidad de ofrecer información a la ciudadaní­a sobre asuntos relacionados con los derechos humanos cuestionan el compromiso del poder ejecutivo en la construcción de un estado democrático, que implica la creación y consolidación de instituciones que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos, que contemplen la existencia de mecanismos de revisión y sanción de la actuación de las autoridades y que sean un contrapeso al ejercicio del poder.

IMPUNIDAD E INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

El gobierno del estado de Yucatán recibió, durante este año y parte del anterior, tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la 24/2001, referente a violaciones a los derechos humanos de internos en el Centro de Readaptación Social del Estado; la 9/2002, relativa al fallecimiento de dos personas seropositivas como consecuencia del trato discriminatorio que sufrieron en el Hospital O’Horán, y la recomendación 10/2002, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra niños y niñas internos en la Escuela Social de Menores Infractores. Ninguna autoridad ha sido sancionada por su responsabilidad en dichas violaciones a los derechos humanos.
A la ausencia de sanciones se suma la permanencia en el cargo de quienes fueron responsables de las violaciones a derechos humanos. Quien fuera director del Centro de Readaptación Social de Estado cuando se cometieron las irregularidades que la CNDH señala en la recomedación 24/2001, el prof. Francisco Brito, continúa en el mismo cargo.
Continúan también impunes quienes participaron en el desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fueron responsables de obstaculizar el derecho de yucatecos y yucatecas a elegir autoridades.
La incapacidad, dilación e ineficacia de la Procuradurí­a estatal para investigar y fincar responsabilidades se extiende también a otros casos, lo que deja en situación de indefensión a las ví­ctimas de delitos en Yucatán y entorpece el acceso a la justicia.

TRES PRESUNTOS CASOS DE TORTURA

En los últimos meses hemos sabido, a través de los medios de comunicación, de al menos tres presuntos casos de tortura atribuibles a elementos de la Policí­a Judicial del Estado: uno en Valladolid, otro en Kanasí­n y uno más en Tekax.
En el primer caso se sabe que los agentes presuntamente responsables de tortura fueron suspendidos y se sabe también que se presentó una denuncia contra ellos. Sin embargo, se desconoce si a dichos agentes o a los de los otros dos casos se les sigue un juicio o si han recibido alguna sanción.
A estos casos se suma la muerte de un policía en los separos de la S.P.V. en circunstancias aún no esclarecidas.
El hecho se agrava debido a que Yucatán todaví­a no cuenta con una ley contra la tortura, a pesar de que reiteradamente este Equipo ha insistido ante el Congreso en la urgencia de legislar al respecto.

SIDA Y DERECHOS HUMANOS

Este año fue uno de los más álgidos en la batalla de las personas que viven con VIH/Sida por el respeto a sus derechos humanos, particularmente el derecho a la salud. A pesar de haber conseguido que el Gobierno Federal, en obediencia a tratados internacionales que nuestro paí­s habí­a firmado, destinara un presupuesto especial a ampliar la cobertura de medicación a más pacientes sin seguridad social, los derechos de las personas infectadas están lejos de verse reconocidos y respetados. Recientemente la desincorporación de 177 pacientes que recibían atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha venido a agravar el problema del desabasto de medicamentos y de la asistencia médica y hospitalaria en los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). No obstante que los SSY han solicitado y conseguido un presupuesto de emergencia para resolver esta situación, no se ha podido atender a los pacientes debido a la reticencia del IMSS para entregar los expedientes clí­nicos de los pacientes y la negativa de avisarles de manera formal y personal a los hoy ex derechohabientes, tanto de su baja del IMSS, como del lugar al que ahora deberán dirigirse para recibir la atención médica que necesitan.
A ello se suma la falta de cumplimiento total de la recomendación 9/2002 que sancionó al gobierno de Yucatán por la discriminación cometida contra enfermos de VIH en el Hospital O’Horán. Las acciones discriminatorias contra las personas seropositivas se ven acentuadas por la ausencia de una ley en contra de la discriminación que permita denunciar esta práctica y sancionar a quienes la ejerciten.

EL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial opera en medio de serios cuestionamientos acerca de su independencia. Recientemente una jueza se negó reiteradamente y sin fundamento a permitir una inspección solicitada por la procuraduría a raíz de la denuncia presentada por el señor Armando Medina Millet, quien denunció falsificación de pruebas en su contra. Finalmente la jueza accedió a la solicitud de la procuradurí­a. El caso, sin embargo, pone de relieve la frágil independencia del Poder Judicial y el desprestigio de sus integrantes.
La ausencia de un Consejo de la Judicatura que permita revisar la actuación de los jueces y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción o de parcialidad es hoy una circunstancia que permite a quienes integran el Poder Judicial actuar sin un órgano de vigilancia que frene abusos e impida la impunidad.

AUSENCIAS LEGISLATIVAS

El Poder Legislativo del Estado se ha caracterizado por su inacción. Una sola ley se ha aprobado en todo el tiempo que lleva en funciones la actual legislatura, ley que fue obstaculizada por la bancada prií­sta del Congreso.
Las ausencias legislativas en materia de derechos humanos son muchas: ley contra la tortura, ley contra la discriminación, creación del Consejo de la Judicatura, reformas a la ley orgánica de municipios para garantizar del derecho de habitantes de comisarías a elegir a sus autoridades, revisión de la legislación estatal para proteger a las mujeres, ausencias a las que hay que añadir la omisión de la legislatura estatal durante el proceso de reformas a la Constitución Federal con motivo de la ley sobre derecho y cultura indígena.

LLAMADO

El Equipo Indignación considera que el gobierno del Estado carece de una visión integral en materia de derechos humanos y de una polí­tica capaz de garantizar la plena vigencia de estos derechos.
Considerando todo lo expuesto en este documento, proponemos al Gobierno del Estado que, respondiendo a la naturaleza del mandato de la Secretarí­a de Gobierno, ésta cuente con una instancia del más alto nivel que sea la encargada de diseñar, implementar y dar seguimiento a la polí­tica interna de respeto y promoción de los derechos humanos Yucatán, basada en los estándares internacionales a los que México está obligado a responder. Esta instancia deberá estar también capacitada para ofrecer a la ciudadanía información precisa sobre los avances del gobierno en esta materia.
El Equipo Indignación exhorta al Congreso del Estado a tomar conciencia de su responsabilidad en el rezago legislativo que padece Yucatán en materia de derechos humanos, rezago que se traduce en una gran vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los casos de abusos de autoridad y le reitera el llamado a atender este rezago homologando la legislación local a los estándares internacionales que, como parte de México, Yucatán está obligado a cumplir.