10 de diciembre de 2004

Al Concluir el año 2004, y en el marco del 56 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Equipo Indignación advierte la persistencia de violaciones a los derechos humanos en Yucatán y la incapacidad de los poderes del Estado para asegurar el pleno respeto y protección de estos derechos.
A partir de algunos casos que hemos acompañado y de las áreas a las que el Equipo le ha dedicado mayor atención durante 2004, ofrecemos un recuento de hechos que son motivo de alerta en esta materia y que requieren la atención inmediata por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

El caso de Don Ricardo Ucán: conjugación de violaciones
Don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya sentenciado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia, es ejemplo de diversas violaciones a los derechos humanos cometidas contra él en diferentes instancias y es ahora, sobre todo, ejemplo de la incapacidad de los poderes de Yucatán por asegurarle el nivel máximo de protección a sus derechos humanos que implicarí­a resarcirle los daños que se le han ocasionado.
Durante el juicio, a Don Ricardo se le violaron sus derechos a contar con traductor y con una defensa adecuada. La ausencia de una defensa adecuada fue a tal grado ignominiosa que Blanca Segovia Ruiz, su “defensora de oficio”, no estuvo presente en la declaración de don Ricardo ante el Ministerio Público y, ya en el juzgado, ni siquiera presentó conclusiones finales a favor de su defendido. El juez, de manera indebida y sin pronunciarse en torno a la ausencia de defensa del procesado, únicamente tomó como válidos los argumentos del órgano acusador, es decir, el Ministerio Público, para sentenciar a 22 años de prisión a Ricardo Ucán. Esto ha sido ampliamente documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en su recomendación número 40/2003.
Además, la defensora de oficio no ofreció ninguna prueba de descargo, ni siquiera la pericial, para determinar que el arma del occiso había sido disparada. Los magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán convalidaron todas las violaciones al debido proceso cometidas en perjuicio de don Ricardo Ucán y confirmaron en segunda instancia la pena de 22 años de prisión. Nuevamente don Ricardo estuvo sin defensa. Aunque la defensora de oficio fue apercibida por ese Tribunal para presentar agravios, no lo hizo.
Cuando se presentó el amparo directo, el Equipo Indignación ya tení­a conocimiento de este caso y solicitó a Defensorí­a Legal acceso al caso para contribuir en la presentación de los alegatos. Este escrito ni siquiera nos fue respondido. La sentencia se dictó sin que pudiésemos intervenir en el caso.
La obligación que los Estados tienen de garantizar los derechos humanos implica, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
El Ejecutivo tardó casi tres meses en responder negativamente la petición de indulto que le formuló don Ricardo Ucán, sin ofrecer alguna ví­a para resarcirle los daños.
Por otro lado, el proceso administrativo en contra de la abogada de oficio ha terminado en su inhabilitación por un año en la función pública. Pero la impunidad campea: hasta el momento en que este informe se escribe, la multicitada funcionaria continúa prestando sus servicios en el Juzgado de Tekax.
El caso de don Ricardo implica a todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, por la deficiente procuración de justicia y la negligencia de la defensorí­a legal que de él depende; el Legislativo, porque Yucatán no cuenta con la figura del indulto que podrí­a contribuir a resarcirle los daños y por no proporcionar el marco legal necesario para la defensa de los derechos del pueblo maya; el Judicial, por no contar don Ricardo con la defensa adecuada en el proceso judicial, no resguardar debidamente el expediente judicial y no contar con traductores oficiales.
No se ha encontrado la manera de resarcir a don Ricardo los daños que la negligencia de los tres poderes del Estado le ha causado. Don Ricardo sigue en la cárcel como doloroso testimonio de las condiciones estructurales que impiden el respeto a los derechos humanos en Yucatán.

Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales
Una de las violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales sigue siendo, en nuestro estado, la persistencia de la pobreza extrema, especialmente en la población indígena del campo y las ciudades. Sigue habiendo una marcada ausencia de acciones que reviertan las profundas inequidades que caracterizan la convivencia social de los yucatecos y yucatecas. Más allá de acciones asistenciales, no existe una política estatal que esté enfrentando de manera eficaz el problema de la pobreza y la grave situación que revelan los altos í­ndices de desnutrición en nuestro estado.
Al Equipo Indignación le preocupa la incapacidad de los poderes ejecutivo y legislativo para entender los derechos elementales precisamente como derechos que deben ser protegidos y tutelados por el Estado.
Existen acuerdos internacionales, firmados y ratificados por México, como el Protocolo de San Salvador, que exigen una orientación de la inversión y el gasto públicos para combatir la pobreza, una atención progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, con diseños cuantificables y sistemas evaluativos. Los tres poderes del Estado deberí­an ser conscientes de estas obligaciones.
El gobierno de Yucatán, por otra parte, continúa incumpliendo la obligación de contar con lugares adecuados para albergar a los menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados, respectivamente.

Violaciones al derecho a la equidad
En Yucatán persiste la discriminación por motivos de género, de orientación sexual o de condición étnica. Sin embargo, este delito no está tipificado en el código penal, lo que propicia que se violen derechos humanos y que estas violaciones queden impunes. El Estado incumple su obligación de brindar protección eficaz a los derechos de todas las personas mientras continúe sin tipificarse la discriminación.
Equidad de género
La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo es la manifestación más dramática de la inequidad en las relaciones de género. No advertimos en Yucatán una acción integral de los poderes del Estado para revertirla y garantizarnos el derecho a la justicia y a la equidad.
“La violencia, además de ser delito que requiere prevenirse, combatirse y sancionarse, es también resultado, efecto de una sociedad que subordina y excluye a la mujer”. Frente a esto, el Estado tiene obligaciones precisas que cumplir.
Es por eso que el plan para erradicar la violencia contra la mujer requiere enmarcarse en un proyecto integral, que permita combatir todas las formas de violencia así como las causas que la generan, y que esté sustentado en leyes hechas con perspectiva de género.
En este año electoral ha quedado de manifiesto la inequidad en el ámbito político. A pesar de la obligación que tienen los partidos de postular mujeres en un 30% de las candidaturas a puestos públicos, la realidad es que, terminado este año electoral, contamos en Yucatán con muy poca presencia de mujeres en la Cámara de Diputados (el 20%), una presencia casi nula de presidentas municipales y una representación mínima en el cabildo de la capital del Estado: una sola regidora en un cuerpo edilicio de 20 componentes.
Pueblo maya
La población maya yucateca es, por su parte, el grupo social más afectado por la pobreza, pero no solamente eso: sino que sus derechos como pueblo no son reconocidos en nuestras leyes y no son ni siquiera nombrados en ninguna de ellas. Aun cuando se ha creado ya una Comisión de Asuntos étnicos en el Congreso del Estado y a pesar de que algunos legisladores se comprometieron, desde su campaña, a legislar en materia indígena, el equipo Indignación advierte la pertinencia de reflexiones expresadas por algunos grupos mayas que se pronuncian en contra de reformas o leyes locales en esta materia mientras no se cumplan los acuerdos de san Andrés.

Instituciones ciudadanas y derecho a la participación
Los esfuerzos de la sociedad civil por impulsar instituciones ciudadanas y autónomas, indispensables en un estado democrático, se han visto empañados por leyes deficientes o por una cuestionable actuación de los legisladores al elegir a los integrantes de estos organismos.
Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo ciudadano del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Estatal de Acceso a la información pública, organismos cuya legislación tiene que revisarse y reformularse para garantizar la independencia y pericia de sus integrantes.
Reconocemos, por otra parte, que ha aumentado participación de la sociedad en instancias gubernamentales a través de consejos ciudadanos. Estos consejos, sin embargo, requieren una normatividad que otorgue garantí­as a su existencia y funcionamiento y que ofrezca mayor transparencia sobre la elección de quienes participan en ellos. Es el caso del Consejo Municipal de la Mujer, del Consejo del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán y del Coesida. Sobre este último, a pesar de contar, finalmente, con reglamentación que lo oficializara, la dirección del Coesida contravino su propia reglamentación al aceptar a organizaciones que no cumplí­an con los requisitos y ocasionó que se retiraran de este órgano consultivo las pocas organizaciones civiles con experiencia y trabajo en la materia.

Violaciones al derecho a la justicia
La Procuraduría de Justicia del Estado es la institución pública que mayor número de recomendaciones por violación a los derechos humanos ha recibido.
La dilación, el soborno, los privilegios, las omisiones, la falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas, la prepotencia, son actitudes que siguen generando una cultura de impunidad hacia los servidores públicos que tienen la delicada encomienda, irrenunciable en un estado auténticamente democrático, de ofrecer a todos y a todas, la seguridad del derecho a la justicia.
El mismo caso de don Ricardo Ucán revela la persistencia de violaciones a las garantías individuales en los Ministerios Públicos y la deficiencia de los defensores de oficio, que redunda en reiteradas violaciones al derecho constitucional y humano a una defensa adecuada.
El Poder Judicial ha sido cuestionado por la dilación de sus procesos y por la falta de independencia de sus integrantes. Reiteramos que Yucatán no cuenta aún con un órgano de vigilancia de los jueces, como podría ser el Consejo de la Judicatura.
Todos estos problemas, ya de por sí­ graves, cobran una relevancia mayor cuando constatamos la profunda inequidad que existe entre la capital del estado y los demás municipios en cuestiones de procuración y administración de justicia. Esta inequidad, creada por múltiples acciones y omisiones a lo largo de muchos años, es a la vez causa de otros abusos de poder, de abandono institucional y de saqueo a los bolsillos de los más pobres.

El derecho a la Salud y la Codhey
En fechas recientes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) realizó un diagnóstico de la situación de los centros hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salud y de los centros de reclusión carcelaria. La Codhey, renunciando a usar el arma que la ley le proporciona para conminar al Estado a cumplir con sus deberes, que es la recomendación, se limitó a hacer algunas “propuestas”.
Así­, aunque quedó en evidencia la deplorable situación de los servicios de salud y del sistema carcelario en el estado, de manera especial de aquellos centros rurales que atienden, precisamente, a los grupos sociales en pobreza extrema, el diagnóstico no pasó de ser una medida publicitaria de la Codhey, que desperdició una oportunidad de hacerle recomendaciones al Ejecutivo del estado.
El Secretario de Salud, por su parte, más que aplicarse al reconocimiento y solución de las deficiencias señaladas en el informe de la Codhey, reaccionó solicitando el reconocimiento por algunos logros de su gestión.

Conclusión
La falta de conocimiento y la inexperiencia en legislación y compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la descomposición polí­tica, la ineptitud en los procesos de procuración e impartición de justicia que provocan serias violaciones a las garantías jurídicas e impunidad en las autoridades, las limitaciones de la institución estatal de defensa de los derechos humanos, son algunos de los más visibles rasgos que dificultan la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán.
Exhortamos a la actual legislatura a revisar de manera integral la legislación local de forma tal que proteja y garantice eficazmente los derechos humanos y esté de acuerdo con los compromisos internacionales que México ha signado.
Al poder Ejecutivo la reiteramos la necesidad de establecer una instancia encargada de la política estatal de respeto y promoción de los derechos humanos, que le permita cumplir su obligación de garantizar y proteger de forma eficaz, con pericia y conocimiento, los derechos humanos, propuesta presentada desde octubre de 2002 que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta.

1. Recomendación 10/2002 de la CNDH.
2. Carlos Rodríguez. Presentación de la guía para elaborar presupuestos municipales con enfoque de equidad de género. Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara.