Un momento de perplejidad, incertidumbre, oportunidades y aprendizajes

2002: Tibio desempeño en derechos humanos

El contexto que nos desafí­a

Después del paso de Isidoro, en los últimos cuatro meses, Yucatán ha podido mirarse al espejo. Los dí­as de Isidoro fueron dí­as de solidaridad y de esfuerzo compartido. El huracán mostró desnuda una realidad que muchos se empeñaban en no querer ver. La dolorosa miseria se mostró como una realidad irrefutable, especialmente reveló el fracaso de los proyectos y planes de gobierno que durante muchos años alentaron esa pobreza con sus polí­ticas y se sostuvieron en el poder gracias a ella.

Un gobierno es auténticamente democrático solamente cuando el ejercicio cabal de los derechos humanos de los ciudadanos se convierte en el elemento definitorio de sus decisiones. No es lo definitivo en la democracia quién sea el que ocupe el lugar de mayor responsabilidad. La democracia no es problema de perfiles personales, sino de fortalecimiento de instituciones democráticas. En el caso de Yucatán, contiendas personales y/o de grupo han hecho casi imposibles los canales de expresión de la ciudadaní­a y el ejercicio de la participación popular en la toma de decisiones.

Los derechos económicos, sociales y culturales son soslayados por la promoción de la filantropí­a y la caridad, como si el pueblo mismo fuera el responsable total de las condiciones de precariedad en las que viven. Mientras seguimos esperanzados en la acción benéfica del Estado, quedamos sin comprender que en las verdaderas democracias tienen que generarse las condiciones legales, presupuestales y punitivas para que todos y todas podamos tener acceso a una vida digna. Sólo así­ puede hablarse de autoridades democráticas y legí­timas.

El actual titular del Poder Ejecutivo llegó al poder con un capital de confianza pública, especialmente en lo que toca a vigilancia y custodia de los bienes públicos. Sin embargo, a falta de un trabajo institucional, a una política de Estado, ha continuado el sentimiento de dependencia y podrí­a repetirse la historia del caudillismo mesiánico, largamente combatido por muchas organizaciones de la sociedad civil, que impide la madurez ciudadana, derecho legí­timo de los pueblos.

Por eso nos parece importante resaltar la indefinición de las autoridades ante los deseos de participación ciudadana que se manifestaron después del Huracán. No queremos que se pierda del todo la oportunidad de replantear democráticamente los problemas de la vivienda, el empleo, la salud, la rendición de cuentas, la información, y la lucha contra la impunidad. Serí­a perder uno de los pocos saldos positivos que nos dejó Isidoro.

El pleno respeto a los derechos humanos no se ha mostrado como prioridad gubernamental en este año. Aparece cada vez con mayor frecuencia en el discurso del gobierno, pero sin un diagnóstico preciso, sin metas y programas eficientes, sin un sistema de evaluación severo.

La inclusión de los derechos humanos en el discurso gubernamental no encuentra correspondencia en las acciones de la mayorí­a de las autoridades locales (comisarios, presidentes municipales, diputados, jefes de secretarías, jueces, etc). Muchas de estas autoridades siguen repitiendo argumentos del pasado para justificar violaciones a los derechos humanos. Otros más usan el término en sus mí­tines pero sin convencimiento ninguno. Cuando se llega al terreno de plasmar en realidades el discurso de los derechos humanos, las autoridades llegan siempre con una actitud defensiva. Nos resulta incomprensible que haya temor a perder capital polí­tico cuando se trata de reconocer y castigar un delito. Quien se hace cómplice de violaciones a los derechos humanos no sabe que pierde más con su silencio. Desgraciadamente, a más de dos años de esta gestión gubernamental, nos parece que esto ya no es cuestión de tiempo, sino de falta de perspectiva.

Lo inexplicable

Quienes trabajamos en derechos humanos sabemos que el combate contra la tortura es una batalla estratégica. Dicen que es estratégico todo aquello que ejerce influencia y desata cambios en otros espacios. La lucha contra la tortura es un verdadero eje para la cultura de los derechos humanos. La existencia de la tortura revela la calidad del ejercicio judicial de un Estado. Un gobierno que tolera la tortura refleja, no solamente incapacidad para resolver problemas de investigación y procuración de justicia, sino revela también la persistencia de una cultura autoritaria, que sostiene impunidad y privilegios.

Después de más de diez años de impulsar el derecho a tener un aparato de justicia que garantice el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a juicios justos, el Equipo Indignación A.C. deplora que este año se hayan presentado cuatro casos de tortura ante la opinión pública, más otros casos que el temor hizo imposible ventilar ante los ojos de la ciudadaní­a. Nos referimos al caso de un joven de Valladolid, presuntamente en septiembre pasado; el caso de un vecino de Kanasín, en cuya muerte participaron agentes de la policí­a municipal; el caso de dos menores que habrían sido torturados por un comandante de la Policía Judicial asignado a Tekax y el caso de un joven que quedó inválido por los golpes que le habrí­a infligido agentes de la Policí­a Municipal de Oxkutzcab. A esta dolorosa cuenta hay que añadir el caso del fallecimiento de un policí­a en las instalaciones de la SPV, en circunstancias aún no esclarecidas.

Los diputados de la actual legislatura no se han dado el tiempo para impulsar una propuesta de ley contra la tortura, trabajarla, hacerla vigente. Hay información en el sentido de que los diputados trabajan ya un proyecto de ley para tipificar y sancionar el delito de tortura. Hasta el dí­a de hoy, año y medio después de haber entrado en funciones, no lo han hecho. Sirva esto para evaluar las urgencias de los legisladores.

El Ejecutivo, sin propuesta, sigue asistiendo indolente a los actos delictivos de subalternos suyos (la policí­a es su responsabilidad). No se ha apresurado a castigar el hecho ni a poner los medios para evitarlo. Los jueces, mendaces, siguen sin encontrar la audacia necesaria para llenar las lagunas jurídicas. Los tres poderes que hoy nos gobiernan han resultado inoperantes para frenar el ejercicio de la tortura. En esta materia han actuado al unísono: con indolencia.

Esta resistencia a dar importancia al tema de la tortura, postergándolo frente a discusiones de cuentas y centavos, de declaraciones y cinismos, nos hace declarar con pena la tibieza de los tres niveles de gobierno en materia de derechos humanos. Con esta muestra de indiferencia ante la violación de un derecho humano fundamental, Yucatán sigue a destiempo mundial y nacional en lo que toca a cultura de los derechos humanos.

La persistente impunidad

Otro eje revelador ha sido la impunidad. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos formularon algunos aspectos necesarios para restaurar el respeto a los derechos humanos en casos concretos que fueron sometidos a su estudio e investigación. No conocemos las respuestas que el gobierno ha dado a la CNDH. Lo que sí­ vemos es que sujetos señalados en las recomendaciones como violadores a los derechos humanos, siguen aún en sus puestos. El ejemplo más claro es el del Director del CERESO, Profr. Francisco Brito Y nos resulta inaceptable que se esgrima como razón que no se ha encontrado aún personal adecuado para proceder a la remoción de tales funcionarios.

Fue la terca responsabilidad de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación la que provocó el ejercicio de algunas de las acciones que la CNDH urgí­a en sus recomendaciones. Si en cualquiera empresa económica la eficacia de los métodos se evalúan a través de la consecución de resultados, ¿por qué no exigir lo mismo de las autoridades?

Una agenda para seguir pensando (y construyendo) el tipo de Estado que queremos.

El equipo Indignación A.C. se propone seguir en el ejercicio vigilante de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Desde nuestra experiencia señalamos ahora algunos elementos que nos parecen urgentes para el año que comienza. Nuestro compromiso es no cansarnos de denunciar y exigir hasta que los derechos de todos y de todas se vean respetados a cabalidad.
El respeto, vigencia, y pleno ejercicio de todos los derechos humanos, individuales y colectivos. Contra la impunidad, esclarecimiento de los casos pendientes. Fin de la tortura.
Nuevas formas de representación y participación social en los procesos de reformas constitucionales relacionadas con los derechos sociales.
Construcción de una nueva institucionalidad democrática basada en la justicia y en la redistribución del poder público que fortalezca los ámbitos locales como espacios para el autogobierno y el ejercicio autonómico de diversas colectividades locales.
Acceso a la información de todas las dependencias públicas.
Reconocimiento de los Derechos Indí­genas a través del cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Una relación igualitaria y equitativa de género en todos los procesos y ámbitos de la vida nacional. Fin a la discriminación de todo tipo.

“Nada de lo que hacemos está acabado. Somos profetas de un futuro que no es nuestro” (O. A .Romero)